Florida le abrió las puertas a uno de los mayores programas de privatización de prisiones en la historia de Estados Unidos, en momentos en que el estado busca reducir los costos de mantener a más de 100.000 personas tras las rejas.
El plan de privatización, promocionado por la industria como «un hito importante» para el negocio de las prisiones privadas, fue aprobado por la legislatura de Florida de mayoría republicana como parte de un acuerdo presupuestario aprobado hace dos semanas.
Operadores de cárceles privadas han hecho grandes incursiones en Texas y Nuevo México. Pero Florida tiene el tercer mayor sistema penitenciario en Estados Unidos y ningún otro estado ha buscado privatizar tantas prisiones a la vez.
La medida atrajo críticas de varios grupos e incluso de algunos republicanos, que dicen que pone en riesgo la seguridad en un estado que aún intenta deshacerse de una historia de abuso y corrupción carcelaria, descrita en el popular filme de 1967 «Cool Hand Luke», protagonizado por Paul Newman.
Otros dicen que las prisiones privadas no tienen incentivos para rehabilitar a los reos y se concentran en su rentabilidad.
El plan no ha sido aprobado por el gobernador republicano Rick Scott, quien asumió su cargo en enero.
Pero pocos dudan que Scott, que da importancia al corte de gastos y a los vínculos cercanos con la comunidad empresarial, respaldará la iniciativa, aunque conducirá a despidos y recortes de salarios y beneficios para unos 4.500 gendarmes.
Críticos condenan la medida privatizadora como un ejemplo del efecto corrosivo del dinero corporativo en la política.
Sumada a otras medidas de ajuste implementadas bajo la administración Scott respaldada por el Tea Party, la iniciativa podría perjudicar a los republicanos en el período previo a las elecciones del año próximo en este estado clave.
«Por primera vez en mi vida estoy pensando en cambiar de partido», dijo Jim Baiardi, un guardia cárcel y republicano, quien dirige la sección de oficiales penitenciarios de la Asociación de Policías Benevolentes de Florida.
El plan de privatización «no es en beneficio del estado, es en beneficio de las corporaciones», dijo Baiardi.
Bajo el plan se requiere que los funcionarios privaticen todas las prisiones de Florida Sur, hogar de aproximadamente un quinto de los 101.000 reos del estado.
Esto incluye al menos 16 prisiones junto a numerosos anexos, instalaciones correccionales juveniles, campos penales de carreteras y los denominados centros de libertad condicional por los 18 condados de la región.
«No tiene precedentes en Estados Unidos», dijo el senador de Florida Mike Fasano, un republicano que encabeza la Comisión de Presupuesto del Senado, que supervisa las prisiones.
El legislador dijo haber tratado de bloquear el plan pero fracasó debido a las presiones de compañías encabezadas por el GEO Group, una firma con sede en Boca Ratón que es el segundo mayor operador de prisiones privadas de Estados Unidos.
«Soy un republicano conservador que cree en la privatización de ciertas partes de los servicios gubernamentales, pero nunca deberíamos privatizar la seguridad pública», dijo Fasano.
El plan privatizador requiere a las compañías que operan las prisiones un 7 por ciento menos de dinero que lo que insume operar instalaciones estatales, pero Fasano dijo que la promesa de 40 millones de dólares al año en ahorros era poco convincente y no estaba documentada.
«Todo se reduce a la política y a los grandes donantes. GEO y las otras compañías privadas que operan prisiones son grandes donantes del partido aquí en Florida y de los funcionarios electos», indicó Fasano.
GEO Group no respondió a las consultas de Reuters. Pero altos ejecutivos hablaron con emoción sobre el acuerdo privatizador en una reciente teleconferencia de resultados financieros.
«Este es un hito muy importante para nuestras industrias y esperamos que se desarrollen oportunidades adicionales como esta a nivel estatal en los próximos años», dijo John Hurley, quien dirige la división correccional de GEO Group, anteriormente conocida como Wackenhut Corrections Corp.
George Zoley, el director ejecutivo de GEO Group, se refirió al acuerdo de Florida como «una de las mayores oportunidades que hemos visto en la historia de nuestra industria», sugiriendo que podría añadir «varios cientos de millones» a las ganancias anuales del grupo.
Kevin Campbell, analista que sigue la actividad de compañías de prisiones privadas para Avondale Partners, dijo que el acuerdo de Florida parecía sumar de 300 a 400 millones de dólares en ingresos a los operadores privados.
Esto se basa en que se harían cargo de entre 17.000 y 20.000 reos de Florida Sur, incluyendo su atención médica.
Agregó que era la privatización penitenciaria «más ambiciosa» a la fecha, en términos de cantidad de reos «tercerizados».
«HISTORIA DE UN FRACASO»
El Gobierno estatal aún no ha dicho cómo serán concedidos los contratos. Pero puede que el negocio sea dividido en varias ofertas y se espera que el proceso comience pronto, ya que el presupuesto ordena que se implemente a partir del 1 de enero.
Campbell dijo que GEO Group probablemente estaba mejor posicionado que Corrections Corporation of America para beneficiarse con el plan.»Pienso que el motivo por el cual GEO está en ventaja, más que nada, es que ellos ofrecen todo el abanico de servicios que el estado está buscando tercerizar aquí», dijo Campbell. La población carcelaria estadounidense eclipsa las de otras naciones, incluyendo a Rusia y China.
Se espera que el negocio de las prisiones privadas crezca, a menos que se den grandes cambios en el procesamiento de delitos y castigos. Pero algunos analistas ven problemas inherentes en el enfoque de libre mercado para el principal encarcelador del mundo.
«La historia de las prisiones privadas es realmente una historia del fracaso», dijo David Shapiro, un abogado radicado en Washington que trabaja para el Proyecto Nacional de Prisiones ACLU.
«El problema con las prisiones privadas es que no cuentan con incentivos para rehabilitar a sus internos. Cuanto más crimen haya, y cuanto más largas sean las sentencias, más negocio harán las prisiones privadas», cancluyó Shapiro.
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