Más de una hora caminando –seis kilómetros de recorrido– por una carretera comarcal sin arcén es el trayecto que deben hacer la mayoría de personas presas internas en el complejo penitenciario de Brians (formado por los centros Brians I y Brians II) cada vez que vuelven a prisión después de un permiso de salida, cualesquiera que sean las condiciones climatológicas. Estos seis kilómetros son la distancia física que separa la estación de tren de Martorell (Barcelona) y el centro de reclusión, situado en el kilómetro 23 de la carretera de Capellades, en el municipio de Sant Esteve de Sesrovires, distancia que semanalmente recorren más de un centenar de personas internas que vuelven a la cárcel tras disfrutar de un permiso o que se encuentran clasificadas en tercer grado y no tienen nadie que las lleve en transporte privado.
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Actualmente la compañía privada de bus que gestiona el trayecto entre la estación de Sants (Barcelona) y el complejo penitenciario es Hispano Igualadina –adherida al holding Monbus–, que en días laborables ofrece cuatro trayectos (el último, con salida a las 15.30 h de la tarde) por un precio de 4,5 euros y siete servicios durante los fines de semana. Las personas presas y sus familias se quejan de que los trayectos de sábado y domingo no tengan parada en Martorell, lo que dificulta aún más la vuelta a la cárcel desde la estación de tren de la localidad durante el fin de semana, ya que no existe ningún otro servicio de bus en esta localidad que haga el enlace. Aparte, el servicio de taxi desde la estación tiene un coste aproximado de 15 euros, lo que provoca que muchas personas no se lo puedan permitir.
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Años sin soluciones
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Hace años que familiares y personas presas denuncian esta dificultad sin recibir ninguna solución por parte de la Generalitat o el ayuntamiento del municipio. Y de ahí que este domingo 17 de enero al mediodía diversos colectivos de apoyo y familias han convocado una marcha desde la estación de Martorell hasta el centro penitenciario –donde piensan quedarse a comer juntas– para hacer visible esta problemática.
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Según el comunicado publicado por las convocantes, además de exigir un transporte público y gratuito para estas personas, la marcha también quieren dar voz a las demandas de las personas presas para visibilizar «las constantes injusticias que están ocurriendo en las cárceles durante la pandemia», como la normalización del aislamiento preventivo como método de castigo, la restricción de comunicaciones y visitas de familiares, los elevados precios del economato, la sobremedicación que reciben las reclusas por parte de los servicios médicos o exigir la excarcelación de personas mayores de 70 años o con enfermedades crónicas, ya que entienden que supone un riesgo muy elevado para ellas contraer el COVID 19 mientras están privadas de libertad y sin una atención médica adecuada. Desde el sindicato CNT, uno de los colectivos convocantes, recomiendan llevar chaleco amarillo y el certificado de autoresponsabilidad de movimiento, marcando la casilla de «ejercicio del derecho de amnifestación y participación política» para evitar posibles sanciones de los Gossos d’ Escuadra durante la acción de protesta.
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Aparte de estas demandas, la marcha de este domingo también pretende solidarizarse con las personas presas en diferentes penales del Estado español que se encuentran actualmente en huelga de hambre rotativa desde el 1 de septiembre. Hasta hoy ya han participado en la acción hasta quince personas con turnos de ayuno de diez días cada una, y la protesta se extenderá al menos hasta finales del mes de febrero. Este grupo de personas presas ya hace casi cinco años que realizan acciones con el objetivo de visibilizar una tabla reivindicativa de catorce puntos y denunciar situaciones que, según explican, «atentan contra su vida». Y en la acción concreta del domingo se pretende visibilizar la necesidad de que las personas presas reciban una atención sanitaria digna, igual a la que reciben las personas en libertad –tal como marca la Ley orgánica General Penitenciaria– y la urgencia de excarcelar a todas las personas mayores de setenta años y/o con enfermedades crónicas.
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