Denuncia Sangrienta

Agustín Moreno, ex-preso social COPEL sigue su lucha reivindicando por medio de huelgas de hambre y sed, autolesiones y otras acciones, en las calles de Don Benito (Badajoz), a sus 74 años, una jubilación digna, que le correspondería si, cumpliendo la ley, se le reconocieran las cotizaciones a la seguridad social por los años pasados en las cárceles bajo las leyes represivas franquistas tal como reconoció el relator especial de la ONU en 2014, así como una indemnización justa por las injusticias padecidas a manos del Estado español. Compartimos el texto que ha acompañado a la acción del 1 de Mayo en las calles de Mérida en la que Agustín se ha autolesionado cortándose las venas estando encadenado por el cuello. (El vídeo que ilustra esta entrada es de una acción similar hace unas semanas en los juzgados de Don Benito)

Es imposible saber las fechas de las detenciones durante el Franquismo. No existia registro de alta de los apresados en calabozos debido a la ausencia de controles independientes. Tanto la Policía política como la criminal mantenían a las personas presas en locales de tortura opacos, sin ingresarlos en los los departamentos de Policía Nacional que sí disponían de libro de ingresos con filiación. Esta arbitrariedad no era una excepción, más bien la organización general premeditada en las comisarias de Policía, cuartes del Guardia Civil y militares para la práctica de interrogatorios secretos y sin garantías. Es la misma práctica utilizada por la inquisición que por medio de la brutalidad, obtenían confesiones verdaderas o falsas. Por estar falsificada la voluntariedad de la víctima, esa confesión forzada realmente pertenece a la policía franquista o al inquisidor. Por no ser verdadera la voluntad de la víctima en una autoconfesión contra si misma cuando está sola, aislada e indefensa en locales coercitivos, si podemos aseverar sin error que la mano que mueve la rúbrica del subyugado pertenece a los representantes del terrorismo de Estado. Quien no firmaba moría traumáticamente en el secuestro clandestino o su firma y confesión eran falsificadas.

Esta denuncia también representa a miles de familias victimas del franquismo que ocultó la infame Transición, victimas que no pudieron integrarse a en el nuevo Régimen porque fueron excluidas de las leyes de Amnistía y el nuevo orden constitucional surgido de la Transición.

Las pruebas impropias obtenidas en secreto, sin declaración de derechos, sin conocimiento familiar del secuestro, sin Habeas Corpus, sin médico forense y sin firma de abogado, las utilizaban los jueces franquistas para condenar a gente vulnerable, analfabeta y descendientes empobrecidos del republicanismo. Al primar la eficacia adulterada, que no la verdad, la Dictadura lograba reclutar industrialmente a falsos culpables para la autopromoción de su falsa seguridad.

Se está denunciando el sustento camorrista que ocultó la mayoría de crímenes del Franquismo invisibilizados por una falsa reconcialiación nacional. La Transición no pasó de la Ley a la Ley, sino del crimen al crimen. Estas injusticias siguen presentes, impidiendo mi jubilación plena por las cotizaciones robadas mediante los encarcelamientos franquistas.

¡NO ES MÁS QUE PUBLICIDAD SACAR AL CAUDILLO DEL VALLE Y DEJAR VIVOS SUS CRÍMENES!

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