Continúa Sin Aclararse La Muerte Violenta De David Jehová Hiruela Moreno, El 24 De Julio, En La Cárcel De Picassent

Continúa la lucha por que sean aclaradas las causas de la muerte de David Jehová Hiruela Moreno el pasado 14 de julio, cuando se encontraba en una celda de aislamiento de la cárcel de Picassent. El juzgado «competente» ha archivado el caso y parece cerrado el muro de silencio que garantiza la impunidad de los carceleros del Estado español, en cuyas cárceles mueren anualmente alrededor de 200 personas presas, muchas de ellas violentamente y también por supuesto suicidio o sobredosis de drogas. Las autoridades suelen intervenir rutinariamente, más para dar carpetazo a cada caso que para investigar, arrebatando casi siempre a las familias la posibilidad de ejercer a tiempo su derecho a personarse en el procedimiento judicial, Y en las cárceles españolas siguen abundando la tortura y los malos tratos en total impunidad; sigue existiendo un régimen de castigo que es en sí mismo tortura; la catástrofe de la sanidad penitenciaria continúa avanzando sin que se haga nada, a pesar de que es de dominio público el abandono médico-sanitaro creciente que sufren las personas presas; no se excarcela a las personas presas gravemente enfermas hasta que está asegurada su muerte a corto plazo; se suministran fármacos de riesgo sin control médico adecuado; se abandona a los enfermos mentales y se les castiga por el hecho de serlo… Como se relata en el artículo publicado ayer en la web de La Directa cuya traducción al castellano ponemos más abajo, la familia de David Jehová está luchando para que se investigue realmente sobre qué le sucedió a su chaval. Necesitarán apoyo, así como es indispensable la solidaridad organizada de personas presas, familias y allegados y la atención activa de toda la sociedad para que cese la impunidad. Si no se ha probado aún que David haya sido asesinado por los carceleros, lo cierto es que podría haberlo sido impunemente, porque el Estado tiende a cerrar todos los caminos, incluso los legalmente previstos, para llegar a saber lo que de verdad le ha sucedido. Eso tiene que cambiar y no lo hará si no nos organizamos para obligar a los responsables a que rindan cuentas. La familia, que ya convocó una concentración-manifestación ante la cárcel de Picassent el pasado 30 de agosto, no piensa parar hasta lograr «una investigación digna y justa, para poder aclarar toda la verdad» sobre la muerte de David Jehová, y prepara nuevas convocatorias, apoyada por varias asociaciones organizadas para ello en un comité.

FAMILIARES Y ENTIDADES EXIGEN QUE SE INVESTIGUE LA MUERTE DE UN PRESO DE 22 AÑOS EN PICASSENT

El 14 de julio, un carcelero encontró a David Jehová, en prisión preventiva desde mayo, colgado de una sábana anudada en un barrote de la puerta de la celda de aislamiento a la que le habían trasladado ese mismo día. La familia ha interpuesto una denuncia y exige una investigación en profundidad sobre la causa de la muerte.

La noche del pasado 14 de julio, Tamara Moreno recibía una llamada de un funcionario de la cárcel de Picassent (l’Horta Sud). El motivo: su hijo, David Jehová, de 22 años y en prisión preventiva por un delito de robo con intimidación desde el 1 de mayo de 2023, se había suicidado en la celda 14 del módulo 28 preventivos. Esa misma tarde, el hermano de David Jehová había acudido a la cárcel para visitarle, pero, según la familia, el funcionario le dijo que no era posible porque, a raíz de un incidente con un compañero de celda, el interno estaba en aislamiento. Lo que no le explicaron es lo que consta en el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la Directa: el funcionario con número de identificación 92.538 fue a buscar a David Jehová a su celda para avisarle de la visita. Entonces, se lo encontró colgado de una sábana anudada en uno de los barrotes de la puerta de la celda.

Los carceleros de Picassentl, tal y como consta en el escrito, trasladaron al joven a la enfermería para intentar, sin éxito, reanimarle, hasta que llegaran los Servicios de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU). Posteriormente, avisaron a la policía y se personó el equipo de policía judicial y un médico forense, que certificó la muerte de David Jehová y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal de Valencia, para examinarlo y determinar la causa. La Guardia Civil hace constar en el atestado que durante la inspección de la celda encontró un escrito de “despedida donde manifiesta su voluntad de quitarse la vida”, y una carta en un sobre cerrado dirigida a una mujer. Al día siguiente de recibir la noticia, Tamara Moreno interpuso una denuncia por la muerte de su hijo.

La familia desconoce cuáles han sido exactamente las pesquisas efectuadas para que, once días después de la muerte –el pasado 25 de julio–, la magistrada titular del juzgado de instrucción número 3 de Picassent, Juana María Gómez Valle, decretara el sobreseimiento provisional del caso. Consideran que en la decisión han prevalecido la carta de suicidio y el resultado de la autopsia. Según ha podido comprobar este medio, el informe preliminar del examen médico concluye que se trata de “una muerte violenta, […] compatible con un suicidio”, y que la causa fundamental ha sido la “compresión extrínseca de las vías áreas (colgamiento)”. Sin embargo, la familia considera que no se ha valorado el estado en el que recibieron el cuerpo: “Tenía la nariz rota, uno de los ojos hinchado y contusionado y los dientes cosidos como si hubiera sido sometido recientemente a una operación de reconstrucción”, denunció a Tokata, un grupo de apoyo a personas presas, a través de un comunicado el pasado 24 de agosto.

Ante las dudas, la familia encargó a Carlos Cuadrado Gómez, perito judicial y forense, una segunda valoración del cuerpo. El informe, al que ha tenido acceso la Directa, concluye que, considerando los vídeos sobre el estado del cuerpo aportados por los familiares, las fotografías de la autopsia y el atestado policial, “no es posible determinar si David Jehová se  suicidó o fue asesinado, pero desde un punto de vista médico legal, existen indicios de criminalidad que deben ser investigados”. Y apostilla: «El perito que firma no sólo no puede descartar la tesis homicida, sino que existen indicios para considerar la etiología mencionada en mayor probabilidad que el suicidio».

El perito afirma que existen diversas “incongruencias que permiten plantear la hipótesis de que David Jehová no se colgó, sino que podría haber sido asesinado”. Por ejemplo, que la lesión del cuello no puede haberla producido una sábana, “ya ​​que este tipo de material produce una abrasión amplia […], en lugar de una marca profunda y bien definida como parece percibirse en la fotografía”. Cabe destacar que, a diferencia del atestado, en el informe de la autopsia, no se hace referencia a una sábana, sino a un «lazo fabricado con la funda del colchón». El experto también manifiesta que no se aprecia cianosis –coloración azul en la piel por falta de oxígeno– en los pies y las manos, lo que es «habitual en un suicidio como el que se ha planteado». «La falta de cianosis –continúa– puede indicar que David no murió en la posición indicada, sino en la enfermería u otro contexto”. Asimismo, el rostro del joven presenta lesiones recientes, «de no más de 24 horas de evolución», tal y como afirma el perito y se observa en las fotografías que aportó la familia. En cambio, en el informe preliminar de la autopsia se afirma que «no se observan lesiones en la superficie corporal, ni contusiones, eritemas o lesiones de defensa y/o lucha».

Otra de las «incoherencias» que señala el perito es el tipo de autopsia efectuada. Aparte de examinar el cráneo, el cuello, el tórax y el abdomen, la médica forense diseca los dos brazos, práctica que, para Carlos Cuadrado, no es usual en los casos de suicidio y podría haber provocado la eliminación de «otros signos de violencia, en caso de que hubiera”. Desde la Asociación Abogados del Patio, que está trabajando en el caso, reclaman un careo entre el perito y la médica forense que le practicó la autopsia «para que se puedan aclarar las contradicciones».

La familia está recibiendo el acompañamiento jurídico y emocional de un grupo de organizaciones, encabezado por Garo techari-Plataforma Nacional por los Derechos Humanos e integrado por entidades como la Asociación Abogados del Patio o la Asociación para la Defensa de los Presos. El grupo de apoyo considera que es «imposible» que el juez pueda «haber ordenado y resuelto» todas las diligencias necesarias en tan sólo once días. Por eso ha recurrido el auto de sobreseimiento del caso. Piden saber si se han investigado cuestiones como si el funcionariado activó el protocolo establecido en caso de suicidio, cuánto tiempo tardaron en trasladarlo a enfermería, si el joven todavía presentaba signos vitales en el momento en que lo encontraron colgado, si había médico de guardia, o por qué éste no se trasladó hasta la celda. Con décadas de acompañamiento y apoyo a la población reclusa y sus familias a sus espaldas, Fernando Garcia, miembro de Tokata, denuncia que la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios es “mínima”: “En el Estado español, uno 66% de las plazas de médico penitenciario están vacantes. Muchas veces, no existe un médico de guardia permanente y, en el caso de los presos en aislamiento o en primer grado, los médicos suelen ser muy reacios a visitarlos”.

En aislamiento

La familia y el grupo de apoyo también exigen que se investigue el presunto incidente entre David Jehová y otro preso, que se revisan las grabaciones de las cámaras entre las diez de la noche del 13 de julio y las ocho de la tarde de el día siguiente, y que se recogen los testigos de internos (presos y funcionarios). Según el atestado policial, el joven ingresó en una celda de aislamiento tras el almuerzo del 14 de julio, a causa del supuesto incidente con otro interno. No se da ningún detalle más. Por su parte, la familia habría conseguido el testigo de uno de los presos, que les aseguró que el día en que David Jehová murió, habrían irrumpido en su celda tres funcionarios al grito de «cacheo» y preguntando sobre el lugar donde escondía “droga” y “un teléfono móvil”. Según relata el recurso, el testigo les aseguró que los funcionarios, “al no encontrar lo que buscaban, sacaron de la celda a David y le trasladaron esposado a una habitación donde fue apaleado brutalmente con el objetivo de obtener una confesión”.

Jordi Buzón Cateura, de la Asociación de Abogados del Patio subraya que “el hecho de que todavía no hayamos podido revisar las grabaciones de las cámaras y que intentan dar carpetazo al caso tan rápidamente nos hace pensar que hay una opacidad por parte de los juzgados e Instituciones Penitenciarias”. Por su parte, Francisco Saavedra, representante y portavoz de la Plataforma, incide en que «persistirán en la lucha por hacer justicia a la muerte de David Jehová». La madre de David también ha enviado una carta a los juzgados de Picassent para pedir «una investigación digna y justa, para poder aclarar toda la verdad de la muerte de mi hijo».

El recurso fue admitido a trámite y están a la espera de conocer la resolución. Por su parte, desde el gabinete de prensa de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior español, han declarado a la Directa que «se han activado los protocolos», pero no pueden ofrecer más información porque «el caso está judicializado».

Desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH), su director y profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona, ​​Iñaki Rivera, denuncia que no se investigan suficientemente las muertes en las cárceles: “No se aplica el Protocolo de Minnesotta –aprobado por Naciones Unidas en el año 2016–, que obliga a los estados a llevar a cabo una investigación forense mucho más cuidadosa y profunda, como realizar una segunda autopsia, la custodia de las pertenencias de la persona muerta, tomar declaración a los testigos de forma inmediata o el derecho de la familia a estar informada de la muerte, las circunstancias…”. En la práctica, según Rivera, «normalmente, las muertes se archivan sistemáticamente». «Existe una falta de voluntad política para no investigarlas en profundidad, aunque el protocolo atribuye a los estados la responsabilidad de la vida y la muerte de las personas bajo custodia», concluye.

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