Las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de la lavandería muestran cómo dos policías de paisano maniatan con cinta americana a un colombiano antes de que uno de ellos lo arroje contra la pared. Acto seguido, este policía agarra al inmigrante por el cuello, dificultándole la respiración, mientras su compañero trata de contenerle.
Las imágenes del vídeo corresponden al 2 de mayo de 2011 y habían quedado olvidadas en un cajón del juzgado, debido al archivo de la causa. Durante el proceso, de hecho, no se dio importancia al vídeo como prueba de las denuncias que había realizado el joven y el juez no llamó a declarar a testigos clave como pasajeros y azafatas del primer avión en el que se le trató de expulsar. De hecho, en las primeras vistas se da por supuesta una declaración del piloto que, a posteriori, se descubrió que no se había realizado. Durante el proceso judicial, los agentes negaron todas las agresiones descritas por el colombiano.
La Fundación Acción Pro Derechos Humanos ha conseguido reabrir el caso con la declaración del joven. “El caso se había sobreseído porque nadie vio el vídeo o no lo quisieron ver”, denuncia Javier García Espinar, abogado de la organización, que insiste en que el caso se cerró porque el juez no vio “indicios de delito”. Para el letrado, la disparidad de criterios de los jueces provoca que muchos casos queden bloqueados por falta de voluntad. “¿España está realmente en contra de la tortura?”, reflexiona. Y recuerda que muchos inmigrantes han denunciado casos similares en el pasado que no han logrado demostrar por la opacidad que hay en los CIE.
En el escrito que redactó el colombiano –al día siguiente de las agresiones, el 3 de mayo de 2011–, éste se presenta como el “interno 646” y relata nuevas amenazas: los agentes le dieron “bofetadas y puños en la cara”, aseguraron que iban a arrancarle el piercing de un golpe y “a dar de hostias hasta que se cansaran”. “Me rompieron la boca y luego me subieron a la furgoneta”, prosigue la declaración.
De camino al aeropuerto, el joven asegura que los malos tratos continuaron. Verbales y físicos. Con golpes en las costillas y bofetadas en la cara y amenazas de seguir “hasta que se cansaran”. Al avión subió “amarrado de las manos” y con un dolor intenso en brazos y hombros.
En el interior del avión, un hombre del pasaje se acercó para preguntarle por su estado. Los agentes “lo empujaron y le dijeron que se sentara”, relata el escrito. Los malos tratos continuaron en el avión, según el agredido. Mientras uno de los agentes le volvía a agarrar del cuello para dificultarle la respiración, otro le retorció varios dedos y le metió “una uña por detrás de la oreja izquierda”.
Unas chicas trataron de grabarlo con el móvil pero las azafatas lo impidieron, según su declaración. Finalmente, debido al alboroto, el piloto ordenó a los policías que bajaran del avión al colombiano, que asegura que las agresiones continuaron en la furgoneta –trató de proteger su cabeza escondiéndola debajo de los asientos, sin éxito– y en dependencias policiales, sin testigos ni cámaras de seguridad. “Todavía tengo las piernas moradas […], tengo las marcas en el cuerpo y moretones en las costillas y en las piernas”, aseguraba al día siguiente de las supuestas agresiones.
El escrito termina denunciando que los agentes, después de darle patadas en el estómago “como si fueran caratecas”, dieron un paso más al prometerle que iban a ir a su casa “a joder a mi madre y joder a mi mujer”.
El joven fue expulsado de España pocos días después.
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