Seguridad Privada En Las Prisiones: El Gran Negocio

La polémica Ley sobre seguridad privada que se está tramitando en las Cortes –actualmente ha pasado a ser discutida en el Senado- contempla una gran ampliación de las competencias de los “seguratas”, que también estarán habilitados para ocuparse de la vigilancia perimetral de las prisiones. Las empresas privadas de seguridad se frotan las manos ante las nuevas expectativas de trabajo y de contratos que se les abren.

Como prueba piloto, el ministerio del Interior ya ha contratado el servicio de vigilancia de 21 prisiones del Estado español a un total de ocho empresas privadas (Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabico y Vinsa). Según denuncian los sindicatos policiales, el precio que paga el ministerio por este servicio es muy superior al que cobran los policías y guardias civiles que hasta ahora se encargaban de estas tareas de vigilancia.

Mucho se está hablando de la cobertura de seguridad del perímetro de las prisiones con la entrada de la nueva ley, aunque la experiencia piloto que se lleva a cabo en 21 centros penitenciarios ya ha arrojado las primeras conclusiones.

Partiendo de los 7,39 millones de euros que abona el ministerio del Interior a las ocho empresas de seguridad por prestar el servicio durante nueve meses, un sindicato policial estima que con ese dinero las empresas pagan 1.350 euros al mes a cada uno de los 250 vigilantes, por lo que el margen para la empresa es de 1.850 euros al mes por trabajador.

De momento, los vigilantes en las cárceles son un complemento a la seguridad, pero está previsto que, cuando finalice la experiencia piloto en estos nueve meses de implantación del sistema, se queden definitivamente realizando esta labor . Está previsto que cuando pasen estos nueve meses, los vigilantes sustituyan definitivamente a los agentes.

Habrá que estar atentos. Y es que hay más delincuentes afuera que adentro…