Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

La máquina social penitenciaria se justifica por el principio de reinserción social como finalidad de las penas de cárcel y garantizando teóricamente el reconocimiento y salvaguarda de los derechos de las personas presas que no hayan sido restringidos por la sentencia condenatoria. Palabrería, porque nada de eso se cumple, sino que el sistema punitivo en su funcionamiento real resulta sumamente destructivo tanto para quienes están condenados legalmente a sufrirlo y presuntos culpables presos como para sus familiares y gente cercana. Los mecanismos de garantía o defensa jurídica sólo funcionan para los presos ricos, una exigua minoría, que pueden gastar mucho dinero en abogados. Y el sistema punitivo se ceba en los pobres, estigmatizando a los más rebeldes o inadaptados y persiguiéndoles de por vida, a ellos y a sus allegados.

Las familias que llegamos a tener a alguno de los nuestros en la cárcel, hemos de sufrir, sin proceso ni delito, una condena tan grave o más que la de nuestros seres queridos encerrados: un gran impacto emocional, mucho dolor, ansiedad, frustración, indignación, impotencia… que duran tanto como la condena judicial y bastante más allá; estigmatización social, malos tratos y humillaciones permanentes por parte de los agentes del orden (policía, jueces, administración, carceleros…); gastos elevados y continuos que lastran enormemente nuestras economías domésticas… Familias frente a la crueldad carcelaria (FFACC) surge como un intento de autodefensa solidaria ante todo eso.

Nuestra asociación fue fundada por un grupo de mujeres con hijos, hermanos, compañeros o padres encarcelados, muchos de los cuales han encontrado la muerte dentro de los muros. Se apoya en la compañía y atención recíproca como principal fuente de energía, habiendo organizado varios encuentros en los que se celebran talleres, guiados por una psicoterapeuta, para aprender a cuidarnos, y asambleas en las que dialogamos directamente sobre nuestros problemas comunes y decidimos en pie de igualdad sobre qué hacer para afrontarlos.

Coordinándonos en lo posible con grupos anticarcelarios de la calle y personas presas en lucha, hacemos lo que podemos para denunciar ante la sociedad y las instituciones responsables todos los abusos que sufrimos, tanto nosotras como nuestra gente presa, por medio de movilizaciones en las calles, ante las cárceles, juzgados, instituciones penitenciarias, etc; utilizando lo mejor que podemos los medios publicitarios a nuestro alcance; y también hemos de meternos muchas veces en procedimientos judiciales con la consiguiente necesidad de abogados que nos asesoren y asistan profesionalmente. Esa es nuestra principal fuente de gastos.

Hasta ahora nos habíamos financiado con ayuda de una caja de resistencia de grupos libertarios de Valencia, ya desaparecida, donde nos integramos como un grupo más, organizando comidas populares, vendiendo libros, láminas, camisetas, etc. Las sinergias en que nos apoyábamos casi se han disuelto y nosotras estamos bastante agotadas, pero tenemos que seguir adelante, porque todavía tenemos gastos considerables sin cubrir y casos judiciales abiertos: una muerte en prisión, varios enfermos mentales encarcelados, presos con condenas interminables, denuncias de abusos…

Familias frente a la crueldad carcelaria

Las personas presas, como cualquier otra y un poco más, necesitan muchos cuidados, una parte de los cuales, por exigencia legal, deberían serles proporcionados por la administración penitenciaria que les mantiene encerrados pero está obligada por sus propias leyes a velar al mismo tiempo por su salud y calidad de vida y a proporcionarles los medios para su reinserción social, la finalidad constitucional de las penas de cárcel. Desgraciadamente, no es sólo que eso no se cumpla, sino que el sistema penitenciario resulta muy destructivo tanto para quienes lo sufren encerrados como para sus familiares y allegados.

Torturas y malos tratos frecuentes e impunes. Régimen de castigo por aislamiento sumamente destructivo. Traslados arbitrarios y punitivos, desarraigantes, desocializantes. Abandono médico. Uso arbitrario de fármacos psicotrópicos. Enfermos mentales presos y, frecuentemente, en régimen de castigo. No excarcelación de enfermos graves y terminales hasta que no es inminente su muerte. Doble discriminacón de las mujeres presas, pues las cárceles están pensadas para hombres. Explotación laboral. Condenas muy largas en general, con dos tipos de cadena perpetua, en la que la resocialización es imposible. Alto índice de mortalidad, por enfermedad grave, sobredosis y suicidios principalmente. Indefensión jurídica manifiesta.

Para intentar enfrentarse a estas situaciones las familias deben hacer grandes esfuerzos, con gran impacto económico, psicológico y social, en su salud y en su vida, como si, no habiendo hecho nada, tuvieran que sufrir también una condena. Nuestra asociación la formaron en 2017 un grupo de mujeres que tenían familiares presos o los habían perdido: sus hijos, hermanos o compañeros habían muerto estando en prisión. Entre ellas, Pastora González, la madre de Xosé Tarrío, que fue para nosotras una compañera importante por su contagiosa energía y gran corazón. Empezamos con mucho ímpetu. El apoyo y el cuidado recíproco entre nosotras era nuestra principal fuente de energía. Con ayuda de una psicoterapeuta, hicimos varios talleres en los que aprender a articularlo. Encuentros personales, directos, entre nosotras, que aprovechábamos también para hacer asambleas y tomar decisiones.

Encontramos apoyo sobre todo en gente libertaria de Valencia que mantenía una cierta comunidad de lucha, integrándonos como un grupo más en su caja de resistencia. Esa ha sido durante años nuestra principal fuente de financiación. Nos movilizamos juntas durante varios años en actividades de recaudación y, además, haciendo concentraciones anuales frente a las cárceles de Picassent y Albocàsser y también en la Secretaría General de Institucionanes Penitenciarias, coordinándonos en lo posible con las luchas de las personas presas y con algunos grupos anticarcelarios de la calle y buscando el contacto directo con la gente que sufría los mismos problemas que nosotras. También intentamos comunicarnos a través de redes sociales y otros recursos en internet. Nuestros gastos han sido mayormente los que nos ha ocasionado la necesidad de contar con abogados para denunciar e intentar buscar reparación ante las vulneraciones de los derechos de nuestra gente.

Aquella sinergia casi se ha roto. Pastora murió y otras compañeras han ido abandonando la asociación. Pero, aunque un poco agotadas, aún quedamos unas cuantas y, sobre todo, aún tenemos gastos sin cubrir y casos abiertos. Uno de ellos, por ejemplo, el de un muchacho que murió en prisión. Otros dos de enfermos mentales presos, uno de los cuales hemos conseguido que salga, pero persiste su enfermedad psíquica y aún le quedan causas pendientes, acusado por los carceleros, de cuando aún estaba preso y en régimen de aislamiento. El otro sigue preso y en régimen de castigo sin ningún tratamiento adecuado. Otros casos son de grandes condenas.

Nos dirigimos una vez más a personas y grupos afines para pediros vuestro apoyo en el desarrollo de la campaña de crowdfunding que estamos preparando. Nos vendría bien un poco de ayuda económica, desde luego, pero es tanto o más importante la comunicación y la solidaridad práctica, que crezca en lugar de ir a menos como parece suceder de un tiempo a esta parte. Es necesario afrontar lo que pasa en las cárceles, actuar día a día frente a ello. ¡No nos dejéis solas! ¡No dejemos sola a la gente encarcelada!

Familias frente a la crueldad carcelaria