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COMUNICADO: VOLVEMOS CON LA XIX MARCHA CONTRA LA MACROCÁRCEL DE ZUERA

Dentro de los muros, en ese confinamiento a largo plazo, la pandemia ha sido especialmente dura. Se han prohibido comunicaciones y vis a vis durante meses. De hecho la macrocárcel ha estado sin vis a vis casi un año con periodos intermitentes. La única posibilidad de contacto físico con amigxs y familiares ha estado desaparecida todo ese tiempo. En ocasiones solo ha sido posible a través de cristales, con toda la frialdad que supone.

También ha habido contagios, de los que es muy difícil saber su cifra por el habitual oscurantismo de la institución. Probablemente muertes. Hay que tener en cuenta que una sanidad penitenciaria mínimamente decente es la eterna carencia tantas veces reclamada. La atención médica, odontológica o de cualquier tipo de especialista puede ser una odisea entre población a menudo delicada de salud.

Hay otras duras realidades carcelarias. Más de la mitad de las personas presas padecen problemas de salud mental. Para todas esas personas la situación se ha tornado aún peor. Más cuando el tratamiento de sus patologías suele ser el puro atontamiento químico.

Según el último informe del Consejo de Europa, el Estado Español es uno de los países europeos con las condenas más largas y la población penitenciaria más envejecida, al tiempo que los suicidios multiplican por 10 la tasa de personas que se quitan la vida en el exterior. Todo ello en un contexto en que, pese a que la tasa de personas presas ha ido disminuyendo en la última década, sigue habiendo una cifra muy alta de encarceladas, prueba de un Código Penal, una judicatura y una sociedad centrada en las soluciones puramente punitivas.

España también lidera el ranking de mujeres en prisión. Alrededor de 4,000 permanecen entre muros. Las prisiones son espacios hipermasculinizados, diseñados para cubrir las necesidades básicas de los hombres, lo que supone una evidente desigualdad en el contexto carcelario y una invisibilización de las necesidades de las mujeres y personas trans.

Las mujeres, asimismo, siguen padeciendo un doble confinamiento por estar privadas de actividades que solo llegan a los módulos masculinos, con menor acceso a “puesto de trabajo” en prisión y menos apoyo en el exterior, además de haber en sufrido al menos un 70% violencia física y sexual y con una mayor porcentaje de muertes por suicido en prisión.

Por último queremos recordar que sigue habiendo una cárcel dentro de la cárcel. El régimen de aislamiento y los ficheros FIES siguen a la orden del día. Personas que apenas tienen contacto con nadie en el exterior con un régimen de vida de 20 a 22 horas solas en la celda.

Y por nuestra parte volvemos a los muros de la Macrocárcel. Esta vez en una versión más modesta, pero sin olvidarnos de que ninguna persona nos es ajena. Que el discurso de la mano dura y el punitivismo, ahora tan en boga con el ascenso de un partido fascista, no nos convence. Que las cárceles siguen sin ser la solución a problemas sociales y que año tras año volveremos a gritar: ¡ABAJO LOS MUROS!

LAS CÁRCELES NO SIRVEN, LAS MACROCÁRCELES TAMPOCO

Iniciativa contra las macrocárceles

Más información: https://marchazuera.noblezabaturra.org/

Actividad en la calle Macrocárceles

Una visión parcial e interesada que forma parte del blanqueamiento del periodo mal llamado Transición. Una perspectiva falsamente «objetiva» de la lucha por la amnistía de los presos sociales, donde se finge mantener la equidistancia dando, de hecho, mucho mayor peso a la versión oficial. Además de a César Lorenzo, autor de «Cárceles en llamas; el movimiento de presos sociales en la Transición», a la hermana de Agustín Rueda y a varios compañeros que participaron en su día en la COPEL, de alguno de los cuales se ha reproducido sin su permiso parte de lo dicho en el documental «COPEL, una historia de rebeldía y dignidad», da voz a los carceleros, a un mando de la policía antidisturbios, a un ministro del Interior y a dos directores generales de prisiones, uno de ellos Carlos García Valdés quien, después de engañar a la COPEL con su proyecto reformista, fue el responsable de la brutal represión contra cientos de presos en lucha a partir de 1978, de las torturas de Herrera de la Mancha y de la falaz, manipuladora y arteramente represiva ley orgánica general penitenciaria de 1979, todavía en vigor, donde se legalizan de hecho la tortura impune, el régimen especial de máxima crueldad y la degradación disfrazada de «tratamiento». También habla mucho un jurista de instituciones penitenciarias, premiado por la secretaría general carcelera por un estudio apologético de su ley orgánica, que empezó como carcelero, ejerciendo esa miserable profesión durante muchos años, y publicó el año pasado un libro llamado «Concordia en las Cortes y violencia en las cárceles: la Transición penitenciaria española» que habrá que leer para ver como tergiversa la historia de la lucha de los presos sociales contándola desde el punto de vista de los carceleros y apoyándose en el acceso a la documentación oficial y oficiosa que la SGIP no deja ver a ningún investigador independiente. Lo mismo que los periodistas serviles que han realizado este programa pueden echar mano del enorme depósito de materiales de la radio-televisión pública que a quien no sea funcionario de la casa le costaría un ojo de la cara poder utilizar. Desde luego, una visión de quienes formaron parte de la lucha la tienes en el documental «Copel  una historia de rebeldía y dignidad». Dejamos en el reproductor el contenido del programa «Documentos RNE», sobre COPEL, emitido el 18 de marzo de 2022. También reproducimos su presentación y dejamos el enlace al programa. Y en los dos del final del todo puedes encontrar algo de información sobre la COPEL vista desde abajo.

https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/copel-transicion-presos-comunes-18-03-22/6452261/

Durante la dictadura franquista, los presos, tanto políticos como comunes, sufrían las consecuencias de una legislación anticuada y represiva. La Transición tuvo que abordar el cambio hacia un sistema penitenciario que se ajustara a la Constitución, en el que la reinserción social de los reclusos primara sobre el castigo, y en el que se superaran las graves deficiencias de las prisiones.

En ese tiempo, los presos comunes agrupados en la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL, iniciaron su movimiento particular. Su gran reivindicación fue lograr una amnistía similar a la que se estaba concediendo a los presos políticos. Junto a ella figuraban otras reivindicaciones como la depuración de jueces y funcionarios de prisiones o la mejora de las condiciones de vida.

El punto de inflexión se produjo en la conocida como la batalla de Carabanchel: un motín el 18 de julio de 1977 y en el que cientos de presos permanecieron cuatro días en el tejado de la prisión. Desde entonces, motines, incendios, huelgas de hambre y autolesiones, fueron noticia casi a diario.

La tensión llegó al límite el 14 de marzo de 1978, cuando el militante de la COPEL Agustín Rueda murió a consecuencia de la paliza propinada por algunos funcionarios en Carabanchel. El día 22, los GRAPO asesinaron al director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, con el que se había iniciado un cambio de rumbo para pacificar las cárceles.

Su sucesor, Carlos García Valdés, llevó a la práctica esas líneas de actuación. Atendió algunas de las reivindicaciones de los presos: permisos de salida, visitas vis a vis, traslado de presos al régimen de segundo o tercer grado cuando era posible, etc. Aunque hubo algún episodio espectacular, como la fuga de 45 presos de la cárcel Modelo de Barcelona, el 2 de junio de 1978, las cárceles se fueron pacificando. Además, el apoyo social a la COPEL se esfumó en un país cada vez más preocupado por la inseguridad ciudadana y el orden público.

En septiembre de 1979, el rey sancionó la Ley General Penitenciaria, la primera ley orgánica de la democracia, prueba de la importancia que las cárceles habían adquirido en los últimos dos años. La transición penitenciaria en España se consolidó y, aunque seguiría habiendo algunos motines y huelgas de hambre, la situación en las cárceles sería ya distinta.

Más información sobre la COPEL en Tokata

https://expresxsocialescopel.wordpress.com/

 

Vagos y maleantes

 Esta concentración ha sido suspendida por deseo expreso de Claudio que ha pedido que hasta que los jueces resuelvan sus recursos no se realicen acciones ante/contra las delegaciones diplomáticas francesas.

Cadena perpetua Presxs en lucha

Sociedad-cárcel

Actividad en la calle Sociedad-cárcel

Por correo eléctrónico hemos recibido el siguiente comunicado donde se actualiza la información sobre la situación en la que se encuentra el preso anarquista Gabriel Pombo a Silva.

Con este comunicado queremos informar sobre la situación jurídica actual que sigue impidiendo la liberación de nuestro compañero anarquista, pese a que hayan pasado dos años desde su arresto (recordamos ilegal). Se hace evidente la voluntad de lxs verdugxs con toga de seguir secuestrando a Gabriel. Con cualquier medio que sus poderes (casi) ilimitados les permiten, abusan demostrando su voluntad de seguir convirtiendo el tiempo en arma.

La tristeza del mensaje jurídico (que usamos de manera sintética y fría) se convierte en fuerza sabiendo que nuestro compañero se encuentra muy bien de salud y de ánimo, pese a esta situación, y pese a los tratos discriminatorios que está sufriendo desde hace meses tras haber rechazado la “vacuna” anti-Covid (no le permiten tener vis-a-vis y puede recibir visitas exclusivamente por locutorio). Como siempre está invirtiendo su tiempo (en sus manos como en la nuestras también el tiempo se puede convertir en arma) leyendo libros, recibiendo y escribiendo cartas, dedicándose a traducciones y a ejercicios físicos y a proyectos de libertad que esperamos puedan materializarse cuanto antes. -Ha sido anulada retroactivamente la intervención de las comunicaciones (antes del verano pasado la Audiencia Provincial, con sentencia firme, estableció la “no peligrosidad del interno”). En respuesta la cárcel se vengó denegando el segundo permiso por “pertenencia a bandas armadas” (el recurso ha sido desestimado con la excusa de la “lejanía de la fecha de cumplimiento” -noviembre del 2030-, sin entrar en el asunto de la injustificada y falsa acusación de “bandas armadas”… ¡fíjense en el plural!. Hasta que no se modifique esa fecha de cumplimiento no es posible pedir otro permiso. – La respuesta del tribunal supremo relativa a la posibilidad de refundición a 20 años hubiera tenido que llegar el otoño pasado, pero la procuradora responsable de la tramitación del recurso no lo tramitó, haciéndonos perder 6 meses (cloacas jurídicas de estado parte 1). El mismo tribunal volvió a admitir el recurso y hay que volver a computar otros 5 o 6 meses mínimo de espera.

– Durante todos estos meses la jueza Alcázar Navarro del Juzgado numero 2 de Girona nunca contestó a la petición relativa al Código Penal que se aplica a Gabriel pese a la evidencia de que se le esté aplicando el del 1973 (de otro modo no le hubieran aplicado redenciones). A final de septiembre la jueza Navarro pasó su trabajo a la jueza Fontana Rodríguez De Acuña que, demostrando seguir la misma linea de su colega (dilatar los tiempos sabiendo que tenemos la razón), nos obligó a presentar queja al Consejo General del Poder Judicial que, finalmente, acogió la misma e indujo el tribunal de Girona a contestarnos. La susodicha jueza ha negado la acusación de “dilación indebida” y “abuso judicial” dado que “se trata de un tribunal con mucho trabajo” y que “al señor Pombo no le se ha supuesto ningún daño”. Esta respuesta nos legitimó a recurrir al Tribunal Supremo ganando uno de nuestros objetivos: quitar de una vez el poder de decisión al Juzgado numero 2 de Girona. Hay que esperar 4/6 meses para que el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente con respecto al código penal que se aplica a Gabriel.

– Seguimos a la espera de que reconozcan a nuestro compañero todas las redenciones que faltan para luego darle la libertad por cumplimiento. Esperando el día en que por fin se pueda leer negro sobre blanco que el código penal aplicado es el de 1973, nos hemos adelantado pidiendo al Juez de Vigilancia Penitenciaria de León parte de la respectiva documentación… en respuesta llegó la documentación “equivocada” relativa a las redenciones que ya fueron reconocidas el año pasado. Ese “error de despacho” (cloacas jurídicas de estado parte 2) nos está haciendo perder más tiempo todavía.

– El tribunal europeo de Derechos Humanos ha desestimado nuestra petición de reconocimiento de la violación de los mismos (ningún asombro).

– Deberían llegar en breve novedades por parte del tribunal de Derechos Europeos al cual ya hemos recurrido para denunciar la ilegitimidad de la OEDE (Orden Europea de Detención y Entrega) emitida en el 2019 (ilegalidad por violación del principio de especialidad, uno de los pilares del derecho europeo a raíz del cual Gabriel no hubiera podido ser detenido).Gabriel manda un fuerte abrazo cargado de coherencia y determinación a todxs lxs luchadorxs dignxs del mundo.

¡Compañero, no estás solo!
¡Gabriel libertad!
¡Todxs libres!
¡Viva la Anarquía!

Para escribir a Gabriel:

Gabriel Pombo Da Silva
C.P. de Mansilla de las Mulas
Paraje Villahierro, s/n
24210 Mansilla de las Mulas
León

Cadena perpetua

Es el mismo Claudio Lavazza a través de una entrevista telefónica con radiocane.info quien actualiza la situación personal y jurídica que está atravesando en los juzgados y cárceles francesas donde lo mantienen recluido a la espera de que se le reconozca la libertad de la que debería estar disfrutando. La transcripción y la traducción la tomamos del blog https://claudioaskatu.wordpress.com/

Puedes escuchar la entrevista en el reproductor:

P: Probablemente quienes te escuchan ya han tenido la oportunidad de conocer a través de tu biografía, los hechos que has vivido a lo largo de tu largo encarcelamiento en las cárceles españolas. Comencemos ahora con el proceso que motiva su actual detención en Francia. ¿A qué hechos se refiere este proceso?

R: Efectivamente, tengo una sentencia de 10 años impuesta por el Tribunal de lo Penal de París el 8 de noviembre de 2019, por robo con armas y secuestro. Esta pena fue reducida hace poco, hace una semana, a cinco años. Y mi fecha de liberación está prevista para el 16 de mayo de 2025, así que dentro de tres años. Ello se debe a un cálculo de los créditos por reducción de penas que hizo la Fiscalía de Mont-de-Marsan, partiendo de 30 años en lugar de 25, como límite legal de acumulación de condenas en el ordenamiento español. Bueno, si procuradora de la Républica hubiera establecido este límite, si hubiera hecho cumplir este límite, habría tenido que liberarme de inmediato. En cambio, cambió de opinión, porque ahora considera que se debe aplicar la ley francesa. Un análisis doblemente erróneo, como ya le ha dicho mi abogado en una carta. Técnicamente, se explica de esta manera, solo para entender, de hecho, si el artículo 132-23-1 del código penal francés dice que se deben tener en cuenta las condenas pronunciadas por las jurisdicciones penales de la Unión Europea, a condición de no agravar la situación de los condenados. El límite legal, pues, de 30 años de acumulación en la legislación francesa, sería válido, entre comillas, si hubiera sido condenado a cadena perpetua. Este límite se reduciría a 20 años si mi sentencia hubiera sido de 30 años, ¡pero son 25 años! Así que el error deliberado del fiscal es evidente. Es el artículo 362-2 del Código de Procedimiento Penal francés. Técnicamente es bastante sencillo de entender, pero cuando detrás hay una voluntad política que se opone a la libertad, todo se vuelve reivindicativo.

P: ¿Nos actualizó sobre su situación respecto a la condena residual a cumplir en Francia, precisamente, con su defensor qué procedimiento ha acordado para enfrentar los intentos de la justicia francesa de prolongar esta odisea suya?

R: El procedimiento que hemos adoptado con el abogado es una carta presentada al Fiscal de la que le hablé anteriormente. Luego se interpuso un recurso ante la Fiscalía General de Pau, y ahora estamos a la espera de lo que digan los jueces. En definitiva, la procuradora se liberó de una carga, confiando la responsabilidad de mi liberación al Tribunal de Apelación de la Fiscalía General de Pau. Simplemente no tenía ganas de asumir la responsabilidad. Si lo hubiera hecho al comienzo de mi detención aquí en Francia, en lugar de esperar 9 meses, nos habría ahorrado muchos dolores de cabeza. Sí, porque al principio en un escrito de fecha 12 de noviembre de 2021, enviado al magistrado de enlace de Madrid, admitía que si el límite legal de la acumulación de condenas en el derecho español era de 25 años, tenía que dejarme inmediatamente en libertad. Suponiendo que la ley española tuviera ocasión de ser aplicada. Claramente, como dije al principio de la entrevista, cambió totalmente de opinión. Le enviaré el recurso presentado, la carta a la Fiscalía. Para agregar entonces está la propuesta de mi abogado, que he considerado seriamente, de pedir en paralelo una medida de libertad condicional y también una «continuación» de las penas. Pero primero esperemos lo que digan los jueces de la Audiencia de Pau, luego ya veremos.

P: Hemos visto por un lado los recursos y procesos judiciales, y por otro lado la movilización solidaria de cuantos y cuantos te quieren en libertad de inmediato. ¿Crees que lo que se puede hacer aquí influye en las decisiones de quienes aún te mantienen tras las rejas?

R: Movilización solidaria… ¡es buena! ¡Muy bien! De lo contrario. Leí los escritos y los carteles impresos… hicisteis un muy buen trabajo, ¡eh! Digamos que estamos en un terreno de demandas judiciales, de las cuales estoy de acuerdo con la estrategia a utilizar para lograr que se apliquen sus artículos de ley, ya reconocidos en un trato muy similar al mío, que mi abogado había obtenido no sin algunas dificultades para el Tribunal de Apelación de Versalles, el asunto “Frigerio”.Ayer mismo mi abogado encontró una sentencia, la segunda, de otro asunto un poco como el mío, y la envió a los jueces de Pau. Esta situación de demandas legales me da un poco de risa… no está en nuestra naturaleza la legalidad del sistema de dominación, que nos causa dolor de estómago como siempre. Pero aun así le mostramos que los que se «saltan» las leyes son los que las hicieron y no nosotros

.P: Volvamos a España por un momento. Al final de su encarcelamiento en ese país, fue alcanzado por un decreto de expulsión. ¿Puede darnos algunos detalles sobre esta disposición? ¿Ha emprendido acciones legales para oponerse o cancelarlo?

R: Al principio si, al principio cuando yo estaba todavía en España tomamos unas iniciativas con un abogado de oficio, que me asignaron, pero después me mandaron aquí a Francia y de momento no hemos hecho nada en ese sentido. Creo que se harán en su momento, de momento tengo otros quebraderos de cabeza.

P: Observamos que para los presos políticos impenitentes no sólo se aplican leyes especiales como ha sucedido en el pasado. El estado está creando un régimen de excepción donde todas sus hostilidades están permitidas. Lo hemos visto pasar recientemente también en Grecia, con la huelga de hambre de Dimitris Koufondinas, lo vemos pasar de nuevo con tu caso. ¿Cuál crees que debería ser la respuesta de los presos políticos y del movimiento anarquista? ¿Cómo cree que se puede organizar una lucha internacional que asegure que al menos se apliquen los derechos reconocidos a los presos políticos?

R: Antes que nada hay que decir que hay que enfocarse en las protestas y movilizaciones, como dije antes, en mi caso particular están bien, de hecho recibo muchas cartas, de solidaridad que me hacen sentir menos solo. De hecho, hay que decir que nunca he estado solo en todos estos años en prisión. Esta vez, sin embargo, la solidaridad que me dais es lo más importante, porque se trata de libertad. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos. Son tantas cartas que al final, no sé…, se cansarán de recibirlas, serán las autoridades penitenciarias las que pedirán a los jueces que me manden fuera para que no me cabree nunca más. En cuanto a las movilizaciones, en general, creo que cada uno de nosotros sabe, caso por caso, cómo moverse en este ámbito. Mi situación no es extrema, vale, hay años, 25 años y no están reconociendo un artículo de la ley, eso es lo que generalmente hacen y por lo tanto… cada uno de nosotros debe evaluar la situación personal. Yo creo que en un principio, las protestas, las movilizaciones desde este punto de vista legal, son perfectamente lógicas, ¿no? Y entonces bueno, entonces no estoy en una situación de peligro inminente de vida, no estoy en huelga de hambre, no estoy en el último minuto, no tengo una enfermedad grave. Entonces, digamos que no hay tal urgencia en mi caso. Solo queda esperar, tener paciencia y moverse en este terreno legal, de momento, claro. Entonces sí, hay compañeros que no pueden esperar, su vida está en peligro y por lo tanto, tal vez haya que hacer un poco más de presión política. Pero bueno, en mi caso en particular creo que es muy bueno.

P: Escucha, para cerrar esta charla, volvamos por un momento al reino de la vida cotidiana reclusa que estás viviendo. ¿Qué diferencias, si las hay, puede ver entre los sistemas penitenciarios francés y español? ¿Notas alguna diferencia en la composición de la población penitenciaria que has tenido la oportunidad de conocer?

R: Básicamente las diferencias entre la cárcel francesa y la española… Actualmente estoy en un módulo de respeto como lo estuve en España, y no está nada mal. La diferencia aquí es la exagerada lentitud administrativa. Francia es el país en el que debes tener mucha paciencia para que se reconozcan tus derechos. Tanto aquí, como en todas partes del mundo, hablando de prisión, la mejor manera de no ir a ella es no entrar nunca en ella, pero si estás en ella, como me gusta decir recordando los viejos tiempos, «el que pelea puede perder, quien no lo hace ya ha perdido”. Diferencias con los internos… básicamente no hay una gran diferencia. Hay situaciones personales donde hay personas, presos que se oponen a las injusticias con sus medios, pero siempre son situaciones individuales y aisladas. No hay presencia de grupo donde ante situaciones de injusticia todos se interesen, se bloqueen los radios, se hagan los paros de trolebuses… por el momento aquí donde estoy, no he visto nada por el estilo. Diferencias administrativas a nivel de control y represión… por ejemplo, aquí las cartas se entregan abiertas, es decir que no se pueden cerrar, porque las leen y las fotocopian y se las envían al juez. Si están en un idioma extranjero, lo traducen y luego lo envían al destinatario. En España, sin embargo, sólo el juez puede autorizar la apertura de estas cartas. Desde el punto de vista forense, si tienes, no sé, dolor de muelas, antes de que te la saquen… buenas noches…, pasan los meses. En España hay un servicio de pago, si te duele mucho puedes recurrir a este medio, con cincuenta euros te sacan la muela. Aquí, sin embargo, este servicio no existe y hay que esperar a que lleguen los analgésicos. Para casos urgentes, no hay problemas. Hubo un período de hacinamiento. Estaba en una celda solo, una celda pequeña, cuando me dijeron que me pondrían con otro preso, obligado a dormir en el suelo, porque solo hay una cama en la celda. Así que todas las noches echamos suertes para ver quién iba a dormir en la cama yqién en el suelo. Le pedí al abogado que lo denunciara al director y al instituto que se ocupa de los jefes de la prisión. A los cuatro días tuve la respuesta, me cambiaron de módulo y ahora vivo solo en una celda, como todo el mundo. Cuando consigues que el abogado se mueva, la administración te toma en consideración, pero si no tienes abogado, puedes hacer crecer la hierba… te arriesgas a esperar meses con otro preso en una sola celda. Entonces hay que decir que yo ya había sido sentenciado y desde hacía más de siete meses vivía en forma de cotización, presos que aún no han sido juzgados. Así que el cambio de forma sólo tenía razón para denunciar el hecho de ser dos en una celda de uno. Ahora aquí está un poco mejor, en el otro módulo donde estaba antes, en cambio el problema es que todo el módulo está confinado por el virus. Hace un rato me cerraron la celda diciéndome que este módulo de aquí, el CD 1, está confinado por el momento. Así que ayer se difundió, por supuesto, como debió ser, porque no tiene barreras.En general no hay mucha diferencia, de hecho aquí en Francia han copiado el principio del «módulo de respeto» de España. El módulo de respeto es un módulo un tanto particular, donde tienes ciertas obligaciones, ciertos deberes, ciertos hábitos, comportamientos. Por ejemplo, la obligatoriedad de tener 25 horas de actividad a la semana, que tú eliges, las actividades que existen son infinitas. Estoy haciendo muchas horas de actividad por no quedarme en la celda. Hago deporte… francamente, es mejor aquí que en otros lugares, pero bueno, la prisión es la prisión… ¡Quería agradecer sinceramente a todos por su presencia, dar un abrazo a todos y todas!

Cadena perpetua Política criminal Presxs "políticxs" Sociedad-cárcel

El Tribunal Constitucional (TC) ha concedido el amparo a un preso que denunció haber sufrido torturas y malos tratos por parte de funcionarios de prisiones, por considerar que la investigación judicial no fue suficiente ni exhaustiva. La Sala Segunda ha dictado una sentencia en la que anula las resoluciones del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Arganda del Rey y de la Audiencia de Madrid, de manera que ordena retomar la investigación de la denuncia tras reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en relación con su derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos inhumanos.

El hombre, que cumplía condena en la prisión madrileña de Estremera, presentó una denuncia ante el juzgado de guardia por torturas y malos tratos que decía haber sufrido el 16 de mayo de 2018 por parte de tres funcionarios. El director del centro penitenciario remitió un informe al juez en el que ponía de manifiesto que aquel día el interno protagonizó un incidente violento en el módulo de régimen cerrado con amenazas a los funcionarios, intento de agresión a los mismos e intentos de autolesión, lo que motivó la intervención de los funcionarios para evitar que se autolesionara. Por ello, se aplicó “aislamiento provisional con la necesidad de utilizar la sujeción mecánica de duración prolongada con correas homologadas, debido a la agresividad que presentaba”, una actuación que se comunicó al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria junto al parte médico, que dice que no se aprecian lesiones. Pero en su declaración, el hombre apuntó a los que los malos tratos fueron por parte de tres funcionarios, “que le golpearon porque el día anterior se había declarado en huelga de hambre y al día siguiente le negaron la salida al patio (…) le pusieron los grilletes antes de salir de la celda” y que uno de ellos “le pega en la cara con la mano abierta y le tiró al suelo”. Tras ello, “salió a gatas corriendo de la celda y se pone en el pasillo donde hay cámaras de vigilancia para que se le vea” mientras un funcionario entra en la celda donde “se escuchan golpes como si lo estuviera rompiendo todo”. Más tarde le pusieron sujeción mecánica y “cree que lo hicieron todo para disimular la paliza”, negando que los incidentes tuvieran como motivo la inspección de su celda, sino que “fueron a propósito a pegarle la paliza”.

El juez reclamó a la prisión las grabaciones de aquel día, con una cámara apuntando a su celda, pero el centro respondió que ya no disponía de ellas porque “el sistema de grabaciones las borra pasando un tiempo”. Mientras que dos de los funcionarios negaron la agresión y afirmaron que lo que ocurrió es que el interno se estaba autolesionando -se grapó los labios- y ellos solo trataron de reducirle sin que le causaran lesión alguna. Al término de la declaración de los funcionarios, el juez archivó la causa por las versiones contradictorias de las partes y en base al informe médico en el que no se hacía constar que el denunciante presentara lesión compatible con los hechos denunciados.

El interno recurrió en apelación y solicitó la declaración del tercer funcionario, la aportación de los diversos informes médicos y el testimonio de tres presos que fueron testigos.Pero la Audiencia Provincial no consideró relevantes ninguna de estas peticiones y desestimó el recurso del interno, que acudió tras ello en amparo al Constitucional, que indica que “la investigación judicial de los hechos no alcanza la suficiencia y efectividad exigida por la jurisprudencia constitucional en este tipo de casos”.

Se incide en que, constatado que el denunciante estaba interno en un módulo de aislamiento, no puede considerarse como un déficit de veracidad de su denuncia que no hiciera un relato más detallado de los hechos denunciados y los demorara hasta su declaración judicial, un acto procesal que fue señalado por el juzgado casi cinco meses después mediante videoconferencia.

La sentencia destaca que no cabe excluir una posible renuencia en la colaboración del centro penitenciario en el esclarecimiento de los hechos como elemento justificativo, para que se perseverara en la investigación judicial. En concreto, los magistrados destacan que el mismo día en que cursó la denuncia había solicitado por escrito a la dirección del centro que no se borraran las imágenes de las cámaras pero que la respuesta del centro cuando fue requerida judicialmente la entrega de esas imágenes, fue que ya habían sido borradas por el sistema por falta de solicitud judicial en plazo.Igualmente, el Tribunal reprocha que se rechazaran ciertas diligencias como no tomar declaración a los testigos que propuso el interno por ser testigos auditivos y no visuales, un hecho que para el TC no puede ser excluido.

Y advierte de las contradicciones sobre la ausencia de lesiones cuando el parte de incidencia recogía el grapado de la boca o la presencia de sangre en la nariz.

Para acceder al texto completo de la sentencia PINCHA AQUÍ

Cárcel=Tortura

Traducimos al castellano dos artículos publicados en catalán en el número 539 de La Directa, firmados el primero por Ester Fayos, Gemma García y Vicent Almela y el segundo por éste último, donde se tratan algunos aspectos de la evidencia resumida en el dicho popular que hemos puesto en el título y se puede encontrar escrito en las paredes de cualquier prisión del territorio dominado por el Estado español. El cartel de arriba es la convocatoria de sendas mesas redondas sobre este tema convocadas en Castellón para el próximo viernes, 11 de febrero, y en Barcelona para el jueves de la semana que viene, 24 de febrero.

VIDAS MARCADAS POR LA POBREZA Y LA CÁRCEL

La comisión de delitos condicionados por el entorno socioeconómico o la imposibilidad de hacer frente al pago de penas de multa aboca a muchas personas a los centros penitenciarios y a un escenario de indefensión antes, durante y después de cumplir la condena

Una muda de ropa, utensilios de higiene personal y documentación. Esto es todo lo que lleva en una mochila Marouan Daif desde que vive en la calle. El peso más pesado que arrastra es el paso por la cárcel. Ha ingresado en los centros del complejo de Brians (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat) en tres ocasiones: veinte días, un mes y dos semanas –respectivamente– por no haber pagado multas derivadas de delitos leves en los últimos cuatro años. De alguna de estas condenas no se enteró hasta que la policía le detuvo para decirle que estaba en busca y captura. De otras supo cuando los plazos para pagar o sustituir el ingreso por trabajos en beneficio de la comunidad ya habían expirado. Pronto podría estar de nuevo entre rejas si no hace frente al pago fraccionado de una nueva pena de multa que ha establecido un juez. En origen, carga una vida familiar complicada, un proceso migratorio y un estado de salud delicado que le han llevado donde está: “La calle me está pasando mucha factura, nunca había entrado en prisión”.

En el caso de Daif, las entradas en prisión son consecuencia de peleas en la calle, pero también hay muchas personas en situación de calle o con graves dificultades económicas, sociales y de salud que acaban privadas de libertad por hurtos, robos o tráfico de drogas. La pobreza hace más probable el paso por prisión y así lo apuntan las estadísticas del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del gobierno español, que recogen porcentajes relevantes de encarcelamientos por hechos delictivos muy relacionados con la carencia de recursos o con situaciones de marginalidad. Asimismo, también transparentan la discriminación por origen, incluso antes de la condena: las personas “extranjeras” –aquellas que no tienen regularizada su situación administrativa, las que tienen NIE, pero no nacionalidad, y las que son ciudadanas de otros estados de la UE– ingresan más del doble de veces en prisión preventiva que el resto, puesto que, para dictarla, la ley de enjuiciamiento criminal tiene en cuenta el arraigo “laboral” y “familiar”.

Los datos más recientes disponibles de Cataluña (31 de diciembre de 2020), Comunidad Valenciana e Islas (14 de enero de 2022) revelan que más de un tercio de las personas presas cumplían condena por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico ( el 40% en Cataluña, el 35,8% en País Valenciano y el 38,9% en Islas) y casi una quinta parte, por delitos contra la salud pública, en gran parte relacionados con el tráfico de drogas (17% en Cataluña , 16% en País Valencia y 18% en Islas). Si lo desgranamos con las estadísticas del mismo año incluidas en el informe SPACE del Consejo de Europa, aflora que, en el Estado español, el 36% de los delitos son robos y hurtos, y el 17% son contra la salud pública. La experiencia del abogado Xavier Muñoz, quien cada quince días se desplaza a la cárcel de Wad-Ras (Barcelona) para brindar asesoramiento gratuito, lo avala: “Hay muchas personas encarceladas por okupaciones, hurtos, venta de droga o por pinchar la luz. En definitiva, por delitos derivados de situaciones de pobreza”.

Las cifras contrastan con que en Cataluña en el 2020 sólo 36 personas fueron privadas de libertad por delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social, como el fraude fiscal; y únicamente once por delitos contra la administración pública, como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos. Las personas ricas o famosas inmersas en procedimientos judiciales por fraude fiscal o corrupción a menudo consiguen librarse de la cárcel recurriendo a lo que en términos jurídicos se llama «conformidad previa a juicio», consistente en pactar con la Fiscalía una condena más baja para eludir la prisión ya cambio declarar su culpabilidad y asumir la responsabilidad civil devolviendo las cantidades apropiadas ilícitamente más una multa económica. Mientras Marouan Daif ha pasado más de dos meses en prisión por no pagar penas de multa, el abogado Emilio Cuatrecasas evitó pisarla en el 2014, a pesar de haber confesado un fraude de 4,1 millones de euros a Hacienda a través de un entramado societario.

Entre rejas por no poder pagar

Una de las realidades que mejor refleja el estrecho nexo entre carencia de recursos económicos y encarcelamiento es la aplicación de las penas de multa, una pena pecuniaria que consiste en la imposición del abono de una cantidad de dinero a raíz de la comisión determinados delitos. Si no se satisface el pago, se activa la responsabilidad personal subsidiaria (RPS) que, en términos generales, significa un día de prisión por cada dos días de cuota pendiente. Desde Metzineres, una entidad que acompaña a mujeres y personas no binarias que viven múltiples situaciones de violencia, la abogada Marta Valldaura alerta de que entrar en prisión en estas circunstancias comporta que se rompan procesos: “Hay mujeres que habían logrado acceder a un albergue y pierden la plaza o personas con problemas de salud mental que ven truncada su medicación o las visitas con profesionales”.

Susana Moreno entró por primera vez en el penal de Wad-Ras con 18 años, ahora tiene 53. La vida en la calle la llevó a consumir drogas y las drogas a vivir en la calle. Es difícil averiguar por qué orden. “Robaba para cubrir las necesidades de consumo, para encontrarme bien. Sólo lo entiende quien lo ha pasado”, reconoce. Los pequeños hurtos se convirtieron en penas de multa y los impagos en prisión. Ha entrado cuatro veces a lo largo de su vida: en total, más de siete años entre rejas. El sufrimiento ha moldeado las facciones de su cara, pero las ganas de salir adelante se leen en el destello de sus ojos: “Había cosas que no me gustaban de la sociedad, me removieron mucho y terminé cayendo en heroína. Fueron años muy duros, perdí a mucha gente que amaba, pero la última vez en prisión me dije que sería la última”. Ha tejido un vínculo estrecho con Metzineres y ahora vive en una habitación en el barrio barcelonés del Raval, el único que puede permitirse con una pensión de 400 euros, de la que aún pierde más de cien al mes, intuye que por alguna pena de multa pendiente.

También por hurtos inferiores a 400 euros, Laura Iñigo lleva seis meses privada de libertad en Barcelona. Con tan sólo 18 años, Eduardo Prado cumple pena de cárcel en Picassent (l’Horta Sud) porque no pudo pagar una multa de cien euros por lesiones. Diana Rueda, aunque actualmente se encuentra en tercer grado por robo en un domicilio, pisó por primera vez un centro con la mayoría de edad cumplida debido a no pagar una pena de multa por robar una moto. Son sólo algunas historias, con nombres ficticios, que se esconden detrás de las cifras de ingresos por cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria. Representan una parte relevante del total y han experimentado una tendencia al alza en los últimos años.

Condenadas sin saberlo

Según datos facilitados por el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña a la Directa, en los últimos dos años, entre un 12% y un 13% de la población reclusa lo está por penas de multa, 1.018 en 2020 y 947 en 2021; y, desde 2017, los números absolutos no han parado de crecer. El abogado Xavier Muñoz está convencido de que la crisis económica derivada del COVID-19, así como las restricciones en la movilidad, la incomunicación con los juzgados y la consiguiente desconexión de los procedimientos, han incrementado este tipo de ingresos.

De acuerdo con el último informe sobre reincidencia penitenciaria en Cataluña, de 2014, elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, dos terceras partes de las personas presas por impago de multa son “extranjeras” y han cometido un delito contra la propiedad , casi la mitad tiene antecedentes, y la mayoría tienen como máximo estudios primarios y carecen de domicilio fijo o residen fuera de Cataluña.

Precisamente, el no estar localizable y que no sea obligatorio contar con abogada ante un delito leve hace que muchas condenadas no sepan ni que lo están. De este modo, se les acumulan causas y un día la policía las identifica por la calle y quedan detenidas, como le ocurrió a Marouan Daif. «Se hace un juicio y se dicta una sentencia sin ellas, que no pueden recurrir», lamenta Marta Valldaura. El desconocimiento es el primer eslabón de indefensión que también señala Bea Fernández, responsable del servicio jurídico de la Fundación Arrels: “Puede que las personas sin hogar hayan sido ilocalizables durante muchos años y se les generen asuntos judiciales que no controlan”. Además, si la afectada no lo solicita antes de que se dicte sentencia, pierde la posibilidad de optar a la sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad.

Si logran empadronarse en el centro de alguna entidad o en un domicilio fijo, es cuando comienzan a emerger las citaciones o notificaciones judiciales. En plural, porque el último informe sobre reincidencia penitenciaria en Cataluña subraya que un 53,4% de las penadas con penas de multa reincide; lo que, según las responsables del estudio, evidencia «la poca eficacia de esta medida».

La desproporcionalidad

El Código Penal contempla un sistema de proporcionalidad para penas de multa en función de la “situación económica del preso, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares”, una idea que se refuerza desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: «El juez hace una consulta oficial a la administración correspondiente». Ahora bien, de la teoría a la práctica, según Muñoz, existe un largo trayecto. Este letrado lamenta que normalmente no se indaga y acaba siendo una pena desproporcionada para una persona empobrecida.

El informe “La prisión por impago de multa en Cataluña”, publicado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada en 2016 va más allá y denuncia que “las carencias procesales, organizativas y materiales dificultan la adecuada indagación de la auténtica capacidad económica en los dos grupos de casos más extremos”, en referencia a quien dispone de recursos elevados y a quien se encuentra en situación de exclusión social o con ingresos modestos. A los primeros, por imponerla inferior a la disponibilidad económica y, a los segundos, todo lo contrario.

Al margen de los motivos del ingreso, la falta de recursos económicos también deja huella en el paso por la cárcel y la posibilidad de volver a ella. Las expertas en sociología y derecho entrevistadas coinciden en afirmar que el combate contra la reincidencia es poco fructífero porque no se erradican las causas que motivaron las conductas delictivas, como la pobreza, la marginalidad o los problemas de drogodependencia. De hecho, según el citado informe, un 48,3 % de la población interna reincidente que se evaluó presentaba problemas de empleo y un 40,2% problemas económicos.

«La prisión es un círculo muy peligroso», apunta Cristina Garés, psicóloga y miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH). Especializada en criminología y sociología, Garés advierte que si sales y no hay un buen acompañamiento, las posibilidades de volver a delinquir son mucho más altas. Cuando una persona abandona la cárcel, puede solicitar el subsidio para personas liberadas de prisión –de 463,21 euros, actualmente– una cuantía que, para Diego Salvador, psicólogo de Iniciativas Solidarias, una entidad que acompaña a presas y expresas, no es suficiente para poder hacer frente a las necesidades básicas. Por eso, suelen priorizar la búsqueda de trabajo, que puede eternizarse por la misma estigmatización y aislamiento que sufre la población exreclusa: “La sociedad no quiere contratar a un camarero o a un cocinero que ha estado en prisión. Además, los vínculos sociales creados se han cortado. Todo esto todavía les aboca más a la pobreza y es muy sencillo volver a la vida que tenían antes”, advierte.

La historia de Donatello Priami ejemplifica a la perfección cómo la prisión agrava la situación de vulnerabilidad o cómo, incluso, puede conducir a ella. Priami trabajaba como cocinero en un restaurante de Valencia, hasta que fue condenado a nueve meses de cárcel por un delito de injurias. A los tres meses y medio logró la libertad condicional, pero volvió a delinquir, porque, aunque lo intentó, no logró un nuevo puesto de trabajo. «Vendía marihuana para obtener algunos ingresos, me pillaron y me encerraron seis meses más», relata. Hace dos semanas que recuperó la libertad, pero el miedo a enfrentarse de nuevo a la pobreza le persigue.

Defensa precaria

“Dentro, sin una familia que te meta dinero todos los meses, tampoco es nada fácil sobrevivir y, mucho menos, defenderte”. Son palabras de Jaime Trapote quien, con 44 años, ha pasado más de la mitad de su vida encarcelado. A los 15 años pisó un centro penitenciario por primera vez, pero, después de tres días insistiendo en que era menor de edad, le trasladaron de Alcalá-Meco a un centro de menores, del que se escapaba siempre que podía. Nacido en una familia de clase obrera, con 23 años empezó a cumplir la primera condena por varios robos, reincidiendo hasta en catorce ocasiones. Hace menos de un mes, salió de la cácel de Villena, en l’Alt Vinalopóe, recuperando la libertad  después de once años y catorce días encerrado.

Trapote destaca la «pésima» asistencia jurídica gratuita que ha recibido, bien por la «falta de conocimientos y compromiso» de algunas letradas o bien por las reiteradas sustituciones de estas profesionales. A lo largo de la última condena, el ex preso se vio inmerso en toda una odisea para recibir la asistencia legal: “Tuve que esperar meses y meses. Incluso puse una reclamación, que me desestimaron porque decían que ya me habían visitado, pero no era cierto”.

La ley 1/1996, así como los decretos 252/2016 y 17/2017 de la Generalidad de Cataluña y la Valenciana, respectivamente, permiten a las personas en situación de vulnerabilidad solicitar asesoramiento y defensa gratuita. Las abogadas asumen la defensa de la acusada durante todo el procedimiento judicial y, obligatoriamente, deben seguir ofreciendo servicio durante los dos años posteriores a la sentencia. Sin embargo, la abogada de la asociación valenciana Àmbit, Pilar Serrano, denuncia que “muchas veces, los compañeros de oficio entienden que con la sentencia ha terminado su trabajo y la ejecución de la pena se queda coja de asesoramiento” . Comparte la mirada crítica Salvador, quien recuerda que la indefensión jurídica ha marcado el futuro de algunas de las personas que ha acompañado: “Ha habido casos en los que los recursos no han llegado a tiempo o el acusado no conocía a su abogado ni la estrategia jurídica”.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no lo ha sufrido en propia piel, pero sí ha podido testimoniarlo durante su paso por las prisiones de Lledoners (El Bages) y Soto del Real (Madrid), donde ha estado tres años y ocho meses. Cuixart ha conocido a reclusos que no podían ejercer sus derechos penitenciarios por desconocimiento o falta de capacidad para defenderlos: “Si tienes dinero para unos buenos abogados, puedes ir batallando y, al final, un traficante condenado a quince años puede llegar a salir antes que un pequeño vendedor de barrio con recursos limitados y decenas de condenas menores, derivadas de problemas estructurales”, ejemplifica. La eficiencia del servicio de asesoramiento gratuito dentro, por Cuixart, «siempre depende del compromiso de la dirección de la prisión y, en última instancia, del responsable del módulo».

La condena a la soledad

Además del asesoramiento jurídico, la red de apoyo también es un salvavidas en la cárcel y Luis Antonio Machado no la tuvo. Se quedó huérfano cuando tenía sólo 5 años y los reformatorios y la calle se convirtieron en sus lugares de residencia. Cuando cumplió 18 años, sufrió su primera condena en el centro penitenciario de Monterroso, en Lugo. Ha estado entre barrotes en tres ocasiones, la última por un delito de desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad, con una pena de nueve años y medio que sigue cumpliendo en régimen abierto en Valencia, donde vive, en uno de los espacios que habilita a la entidad Casal de la Pau para personas en libertad condicional o que acaban de salir de la cárcel.

Durante el cumplimiento de la última condena, Machado debía trabajar para cubrir algunas de las necesidades básicas dentro del centro. Al poco de entrar, le ofrecieron trabajar como bibliotecario y aceptó el lugar sin dudarlo. Por una jornada de cuarenta horas semanales, cobraba 212 euros al mes, de los que una pequeña parte la destinaba a comprar comida o productos de higiene en el economato penitenciario. “No tener familia fue lo peor –explica Machado–, porque te encuentras solo ante el peligro. Cuando entre en prisión, tengo que defenderme en todos los sentidos: física, económica y moralmente”.

Machado no pudo contar con un contrafuerte familiar, pero tenerlo tampoco es garantía de poder disponer de recursos económicos suficientes. Según un estudio sobre la situación de las personas con problemas de drogas en prisión del año 2008, elaborado por la Red de Atención a las Adicciones en colaboración con el Ministerio de Sanidad español, el perfil familiar predominante se caracteriza por las carencias económicas: el 36,6% de los padres son pensionistas y el 45,8% de las madres son trabajadoras del hogar.

Mari Carmen Molina es una de estas madres con dificultades para apoyar económicamente a su hijo, que desde hace dos años cumple condena en la cárcel de Córdoba, a más de 500 kilómetros de Xilxes (la Plana Baixa), su pueblo natal . Hace dos años que su familia no le ve. El marido de Molina se encuentra en paro y ella perdió su puesto de trabajo en un almacén de naranja después de un accidente. Con el tiempo se recuperó, pero no volvieron a contratarla y tuvo que sobrevivir con un subsidio de 400 euros al mes. «Intentamos visitarlo en dos ocasiones, pero el viaje costaba unos 400 euros, entre transporte, comida, hotel…», lamenta.

Si la pobreza condiciona la entrada y el paso por prisión, la salida no es una excepción. A la hora de obtener permisos, tercer grado o libertad condicional, juega un papel clave el hecho de poder vivir en un espacio adecuado para la reinserción o disponer de una residencia legal. Pero la realidad en España es que el 57,5 ​​% de las personas presas no disponen de vivienda propia o de alquiler, según la Red de Atención a las Adicciones. Las trabas crecen en el caso de la población penitenciaria extranjera que no tiene residencia legal en el Estado y con quien, según el abogado Xavier Muñoz, «las instituciones penitenciarias catalanas son especialmente restrictivas respecto a la concesión de beneficios penitenciarios». En estos casos, entidades como Àmbit o Arrels trabajan para ofrecer una alternativa habitacional en residencias o pisos de acogida.

Acompañar a la gente presa

Las entidades no hacen ni mucho menos el único acompañamiento a la población reclusa. Las asociaciones de familiares, los grupos de apoyo y los colectivos anticarcelarios también atienden a necesidades básicas de las personas presas, pero de forma autogestionada. La Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos (AFAPE) sembró una semilla en este sentido en 1976, cuando nació en el marco de la lucha de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), y ha servido de referente para a la aparición de otros espacios, como la gallega Nais contra la impunidade, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria o Familias de Presos en Cataluña. Gracia Amo, portavoz de la asociación catalana de familiares, considera que tienen un conocimiento más directo de las necesidades a cubrir, en la mayoría de casos asociadas a problemas de pobreza: “Ingresamos peculio periódicamente, entramos ropa, pagamos abogados para conseguir derechos básicos y visitas psiquiátricas… Intentamos sacar dinero de donde sea para hacer frente a las necesidades”.

La tercera pata en el acompañamiento de personas presas es lo que ofrecen desde los grupos de apoyo y colectivos anticarcelarios, como Tokata, La Corda o Fuig. Fernando Alcatraz, miembro del colectivo Tokata de Valencia, recuerda que en los orígenes de los grupos de apoyo, en los años setenta, los barrios se implicaban para intentar excarcelar a los presos. Ahora, en cambio, su labor se centra principalmente en paliar las carencias afectivas, denunciar las vulneraciones de derechos, facilitar que se coordinen dentro para poner en marcha acciones y luchar contra la indefensión jurídica.

‘VAGOS’, MALEANTES Y OTRAS DISIDENCIAS INCÓMODAS PARA EL SISTEMA PENAL

Un repaso histórico muestra cómo la cárcel, desde sus orígenes en el siglo XVII, se ha utilizado para ‘sacar de la circulación’ los sectores abocados a la exclusión social

Desestructuración familiar, dificultades afectivas, rebeldía adolescente, marginación social, pobreza y violencia. Éstos son los patrones comunes que encontró Daniel Pont entre la población penitenciaria la primera vez que ingresó en una cárcel en 1967, poco después de cumplir la mayoría de edad. Haber cometido algunos delitos menores durante la adolescencia le convirtió en una víctima más de la entonces llamada ley de vagos y maleantes, aprobada por las Cortes de la Segunda República en 1933, en lo referente al tratamiento penal de personas sin techo, que practicaban la mendicidad, trabajadoras sexuales, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales por parte del gobierno republicano, y que posteriormente fue ampliada por la dictadura franquista para reprimir también la homosexualidad. Esta legislación, basada en el concepto de higienismo social no sancionaba delitos sino conductas, intentando evitar su comisión futura, por lo que incluía medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos. Pont pasó cuatro años de prisión en prisión por todo el Estado, en los entonces llamados «reformatorios de vagos y maleantes», que en la práctica resultaban ser campos de trabajo forzado para personas sin recursos.

“Con 22 años salí de prisión con un odio social muy fuerte, que me llevó a cometer delitos mayores, sobre todo atracos, y a volver a ingresar en prisión pocos años después”. En esta segunda ocasión, aparte de la condena asociada a un delito de atraco, se le aplicaría también la entonces recientemente aprobada ley de peligrosidad social –que en 1970 había sustituido a la ley de vagos y maleantes–, que le comportaría de nuevo cumplir la condena “a pulso” –sin beneficio penitenciario ni rebaja–, lo que le mantuvo privado de libertad hasta 1979. Precisamente, una de las reivindicaciones de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), que se fundó en la prisión de Carabanchel a finales de 1976 con el objetivo de luchar para que la nueva ley de amnistía para las personas presas políticas de la dictadura que estaba en proceso de negociación incluyera también a los presos sociales –los cuales, finalmente, quedarían excluidos– y en la que Daniel Pont tuvo un rol muy activo, fue acabar con estas jurisdicciones especiales que suponían una doble condena para las personas sin recursos: una por su perfil social de “posible” delincuente, y la otra por los delitos cometidos.

Código Penal con mayor penalidad

“El uso del sistema penal y la reclusión de los pobres para ponerlos a trabajar es muy anterior a la ley de vagos y maleantes. De hecho, la misma genealogía de la cárcel en el siglo XVII, mediante las llamadas casas de corrección, ya lo contemplaba”, recuerda César Lorenzo, doctor en Historia y autor del libro Cárceles en llamas (Virus Editorial, 2013). En España, según explica Lorenzo, el sistema penal sigue desde el principio la misma doctrina “encerrar a la gente marginal por su comportamiento antisocial y a las personas que atentan contra la seguridad o la moral del régimen”, y añade que después se aplican leyes como la de vagos y maleantes y peligrosidad social, “que les vienen muy bien también para criminalizar y perseguir a los obreros de las fábricas, especialmente anarquistas, y cualquier disidencia política del momento”.

Con el fin de la dictadura y el inicio del llamado proceso de Transición democrática se producen algunos cambios y reformas en el Código Penal, como la eliminación de las sanciones a las personas por su orientación sexual y, en 1983, se producía la excarcelación de una parte considerable –5.000 personas– de la población penitenciaria preventiva, que rondaba el 40% del total, mediante la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. A pesar de las reformas, la ley de peligrosidad social seguiría activa hasta el nuevo Código Penal de 1995, considerado por mucha gente el primero de la democracia.

“Paradójicamente, es con este nuevo Código Penal cuando se produce el mayor aumento de población penitenciaria de la historia”, explica Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. En todo el Estado se pasa de 44.000 personas presas en 1995 a 74.000 en 2010. Según describe Rivera, existen varios factores que explican este aumento de la población entre rejas: “Por un lado, el aumento de la penalidad, impulsada por estrategias de alarma social y el populismo punitivo, hacia dos tipos de delitos vinculados a situaciones de pobreza y marginalidad, como son los delitos contra el patrimonio y la salud pública; por otra, la eliminación de la redención de penas por trabajo incluida en el anterior Código Penal y la dificultad para acceder a beneficios penitenciarios, lo que supondría que quien entraba en prisión se quedaba mucho más tiempo y, por último, la nueva penalidad hacia las mujeres y las personas migrantes recién llegadas”. Según Rivera, el perfil de las víctimas del sistema penal ha ido cambiando, pero siempre responde al mismo patrón: personas que estructuralmente tienen menos recursos.

Ser mujer es otro de los factores que penalizan dentro de la población penitenciaria. Isabel Almeda Samaranch, profesora y catedrática de Sociología por la Universidad de Barcelona, ​​conoce bien esta intersección entre migración y pobreza en las mujeres presas: “La prisión afecta sobre todo a mujeres que ya estaban excluidas previamente a su proceso de privación de libertad, principalmente mujeres migradas, sin redes de contención, que han sufrido violencia –física o estructural– o usuarias de drogas en contextos de marginalidad”. Más de un 90% de mujeres que cumplen prisión están condenadas por delitos contra el patrimonio –por robos vinculados al consumo o la supervivencia– o contra la salud pública –por el mercadeo o transporte de sustancias a través de fronteras, normalmente ejerciendo de lo que se conoce como “mulas”. El Estado español tiene una de las mayores tasas de encarcelamiento de mujeres de la Unión Europea (alrededor del 7%), algo que, según Almeda, se explica en la alta feminización de la pobreza, el poco desarrollo de el estado del bienestar, la fuerte criminalización de las migraciones, la progresión de las políticas punitivistas y la falta de alternativas a la prisión y de una sociedad civil organizada en torno a este tema. “La cárcel es la punta del iceberg del patriarcado. Una prisión nunca puede ser feminista, pero es una cuestión feminista, que desde los feminismos debemos abordar”.

Nuevas represiones

La tendencia de crecimiento continuo de la población penitenciaria se detuvo hace una década, cuando las estadísticas de personas privadas de libertad –tanto en los Països Catalans como en el Estado español– comienzan a disminuir, algo que se intenta explicar desde diferentes campos del derecho penal y la sociología. Según Iñaki Rivera, la explicación de este fenómeno es muy clara: la expulsión masiva de personas migradas a sus países de origen y el inicio de lo que llama la “burorrepresión”. “Llega un punto en el que las prisiones comienzan a ser insostenibles por el estado en términos económicos, y, por tanto, estratégicamente, se buscan nuevas fórmulas sancionadoras que implican recaudar fondos para las arcas públicas y gastar lo menos posible”. El mejor ejemplo es la nueva Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana de 2015, en la que se tipifican nuevas infracciones administrativas y se incrementa la cuantía de las sanciones, que de nuevo encuentran a sus principales infractoras en el mismo sector social de siempre: jóvenes, personas que provienen de entornos de marginalidad, disidentes políticas y personas migradas.

«No es casualidad que el sistema penal actúe de nuevo selectivamente contra este sector social» explica Rivera. Este hecho viene facilitado, según el jurista, por «la docilidad de una sociedad cada vez más plastificada e individualista que no da ni construye ninguna resistencia colectiva para erradicar la criminalización de la pobreza y la disidencia». Y avisa que, si no nos implicamos, deberemos prepararnos para tiempos mucho peores: “Veremos cuál será el próximo objetivo del sistema penal”.

Indefensión jurídica Mujeres presas Sociedad-cárcel Vagos y maleantes

Este documental es fruto de una larga y profunda investigación sobre la revolución asturiana de 1934. Es una historia narrada en primera persona en la cual Sergio, hijo de un minero asturiano, se traslada a Buenos Aires, donde descubre lo sucedido en octubre del 34 en su tierra, de lo cual no sabía nada, y se lanza a la búsqueda de información sobre esta revolución olvidada, escuchando a mucha gente que la vivió en primera persona y dándoles, finalmente, voz.

¿Qué fue de las revoluciones del siglo XX? Fueron masacradas a sangre y fuego. Quienes participaron en ellas lucharon y perdieron, y pagaron muy cara la derrota. En gente ejecutada, torturada, encarcelada, internada en campos de concentración, esclavizada en trabajos forzados, exiliada… Y, en el terrritorio dominado por el Estado español, con 40 años de sociedad-cárcel, seguidos por otros 40, y lo que nos queda de condena, pues ya vamos por el séptimo año de la tercera cuarentena. Desgraciadamente, en la historia de las revoluciones proletarias, aún no se ha podido desvincualr los intentos de la represión subsiguiente.

Por eso hablamos de este tema en una jornada antirepresiva organizada por un grupo anticarcelario. Por eso y porque pensamos que no se puede abolir el castigo sin abolir el reǵimen de dominación y explotación, el Estado y el Capital, como hizo la Comuna asturiana de 1934, y que el único medio de destruir las prisiones, y con ellas la cárcel social, es realizar finalmente las aspiraciones de aquella gente revolucionaria. Por eso tienen que seguir vivas la memoria, la historia y la poesía de esos acontecimientos. A ser posible, no sólo en las aportaciones de historiadores, documentalistas y poetas o en los relatos de algunos ancianos, sino también en nuestros corazones, en nuestras reflexiones estratégicas, en nuestra práctica y en nuestra experiencia vital.

Actividad en la calle Sociedad-cárcel