Estados Unidos De América, Una Nación Tras Las Rejas

En los últimos años, series televisivas como ‘Prison Break’ o, más recientemente, ‘Orange is the New Black’ han convertido el sistema penitenciario estadounidense en materia de interés para el gran público. Sin embargo, estas series no suponen ninguna novedad para quienes ya estaban familiarizados con la situación en las cárceles de este país. Los Estados Unidos de América se encuentran a la cabeza del mundo en lo que se refiere a encarcelamientos. En la actualidad, 2,2 millones de personas se hallan cumpliendo condena en las penitenciarías del país, bien sean estatales o federales, lo que refleja un incremento del 500% en el número de reclusos en las últimas tres décadas. Pese a que los datos indican que los encarcelamientos a larga escala no son el medio más eficaz de disminuir el índice de criminalidad y de garantizar la seguridad pública, la política penitenciaria del país sigue regida por el principio de cuantos más arrestos, mejor.

Las detenciones, sin embargo, no afectan a la población de la misma manera. Varios colectivos, entre ellos Sentencing Project (Proyecto Sentencia, organización que desde 1986 trabaja en favor de un sistema de justicia criminal más justo y efectivo impulsando reformas en las políticas de condena, denunciando la disparidad racial y abogando por alternativas al encarcelamiento), han denunciado el acoso policial al que se ven sometidas las minorías étnicas y raciales, a las cuales pertenecen más del 60% de los reclusos. Para ser más exactos, uno de cada diez hombres negros rondando la treintena se encuentra en la cárcel en este momento. Esta práctica, conocida como «profiling» o evaluación por perfil (cuando un sujeto se convierte en sospechoso por su pertenencia a un grupo, bien sea étnico o racial), se ha ido intensificando en las últimas décadas debido al impacto de la denominada «guerra contra las drogas». A nivel federal, los reclusos con cargos relacionados con el consumo y/o distribución de drogas suponen la mitad de la población encarcelada, mientras que en las cárceles estatales el número de convictos ha crecido un 13% desde 1980. Dos tercios de las personas sentenciadas por asuntos relacionados con las drogas son de color. La mayoría de estos presos no son actores importantes en el tráfico de drogas, y muchos de ellos carecen de un historial previo de criminalidad.

La salud mental de las personas encarceladas es otro de los aspectos conflictivos de la política penitenciaria estadounidense. Según un dossier elaborado por el Treatment Advocacy Center (Centro de Apoyo al Tratamiento, organización sin ánimo de lucro dedicada al tratamiento eficaz de enfermedades mentales severas), en 2012 más de 350.000 personas con enfermedades mentales estaban en las cárcel, un 10% más de las que ese mismo año se encontraban en psiquiátricos y centros especializados. Frecuentemente, estos presos son destinados a celdas de aislamiento, donde es más fácil para los guardas monitorizar sus movimientos y donde no presentan un riesgo para el resto de los reclusos; una medida que, lejos de abordar la condición mental de los presos, suele acabar por empeorarla.

Incluso para los reclusos sin enfermedades mentales el aislamiento suele tener efectos devastadores, tal y como revela el documental ‘Solitary Nation’, emitido el pasado abril por el canal televisivo público PBS. Basado en el día a día de varios presos en la zona de aislamiento en la penitenciaría de Maryland, el documental muestra el estrés psicológico y emocional ocasionado por las largas estancias en aislamiento, que en algunos casos desencadenan intentos de suicidio.

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Vídeo promocional de una cadena estadounidense del documental ‘Solitary Nation’. Documental completo AQUÍ

En octubre de 2011 y nuevamente en febrero de 2013, el Relator Especial de las Naciones Unidas en tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, presentó un informe donde abogaba por la prohibición del aislamiento de presos, excepto en casos muy concretos y por periodos lo más breves posible. Planteaba también la total prohibición en caso de menores y de personas con incapacidades mentales. En palabras de Méndez, «el aislamiento es una medida excesivamente severa contraria a la rehabilitación, el objetivo principal del sistema penitenciario». En el informe, califica de tortura el aislamiento de un individuo por más de quince días: «Debido al severo sufrimiento y daño mental que el aislamiento puede ocasionar, puede considerarse como tortura, cruel, inhumano y degradante cuando es usado como castigo de manera indefinida o por un largo periodo». En los Estados Unidos cada falta cometida por el recluso durante su estancia en la celda de aislamiento, incluyendo los intentos de suicidio, tienen como resultado el prolongamiento del aislamiento por meses e incluso años. Hay presos que llegan a pasar toda su condena en aislamiento.

Un negocio lucrativo. Paradójicamente, para el Gobierno la aglomeración de presos en las cárceles ha pasado de ser un motivo de preocupación a una vía de escape a la reciente crisis económica. La rápida expansión del sistema penal no solo ha generado puestos de trabajo, sino que, a su vez, se ha convertido en una actividad lucrativa para los municipios y comarcas donde se han erigido nuevas cárceles. El presupuesto asignado a la construcción de nuevas penitenciarías es una importante fuente de ingresos destinada a contrarrestar las deudas contraídas por los gobiernos locales y ayuntamientos en otros sectores.

Pero el creciente número de encarcelamientos también tiene su lado negativo. El gasto generado por la justicia criminal se ha quintuplicado en las últimas tres décadas: en 1982, el gasto se situaba en los 21 billones de dólares, mientras que en 2006 llegaba a los 109 billones de dólares. Y cada año que pasa las cifras van en aumento. Ante este panorama, las autoridades locales han optado por buscar  formas de financiamiento externas al sistema penal entre las cuales figuran los «usuarios» del sistema, es decir, los propios reclusos. Un reciente estudio realizado en toda la nación (cincuenta estados, más el Distrito de Columbia) por la National Public Radio (NPR, Radio Pública Nacional) revela cómo en los últimos años ha ido emergiendo un sistema financiero punitivo mediante el cual se hace responsables a los presos de los gastos referentes a su juicio, sentencia, condena y estancia en la cárcel. A consecuencia de este nuevo sistema de financiamiento, la ya de por sí aguda desigualdad existente en las penitenciarías estadounidenses puede llegar a límites desorbitados. Aquellos presos que no puedan hacer frente a los gastos generados por su encarcelamiento verán sus condenas incrementadas y su derecho a recurrir la sentencia anulado.

¿Cómo reformar el sistema? «Por qué el encarcelamiento masivo nos define como sociedad». Con dicho título da comienzo Bryan Stevenson, recientemente galardonado con el premio Smithsonian de Ingenio Americano en Justicia Social, su estudio sobre el sistema penitenciario estadounidense. En el estudio, Stevenson analiza las causas del crecimiento de la población en las cárceles, el desproporcionado uso de la pena de muerte contra la gente de color y las sentencias de por vida contra menores. Su área de investigación se centra mayoritariamente en el sur del país, donde estos problemas son más acuciantes que en otras zonas. Stevenson ve las políticas de encarcelamiento a larga escala como parte de la historia de desigualdad racial de la región, en la que se incluyen episodios como la esclavitud, la segregación durante la época de Jim Crow y los linchamientos. A primera vista, puede resultar excesivo comparar la esclavitud de personas inocentes con el encarcelamiento de personas que han cometido un crimen, pero Stevenson lo entiende como una progresión del racismo inherente en la sociedad, política y economía estadounidenses. No es casualidad, dice Stevenson, que la mayoría de los presos sean gente de color, sino una prueba de que siguen aún operativas la ideología que hizo posible la esclavitud y la desigualdad económica y social a la que la gente de color se vio expuesta tras su abolición.

A Talk About a Social Injustice with Bryan…. Sobre su informe en Smithsonian.

El trabajo de Stevenson está orientado a combatir las estructuras que posibilitan el encarcelamiento masivo. Otras iniciativas, sin embargo, buscan reformar el sistema penitenciario desde dentro, desde las propias cárceles. A este tipo de iniciativas pertenece Education and Justice Project (EJP, Proyecto Educación y Justicia), cuyo objetivo es dar acceso a los reclusos a estudios superiores. EJP surgió en 2006 de la mano de varios profesores asociados con el programa de Política, Organización y Liderazgo Educacional dentro del departamento de Educación de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Desde entonces lleva operando en el centro correccional de Danville, prisión federal de seguridad media para hombres, que en la actualidad acoge 1.800 presos. En palabras de Rebecca Ginsburg, directora de la iniciativa, el objetivo de EJP es crear un modelo de «universidad en la prisión» que demuestre el impacto positivo de una educación superior en los presos, sus familias, las comunidades de donde proceden, la propia institución penitenciaria y la sociedad en general.

EJP carece de un gran presupuesto; su financiación se basa exclusivamente en donaciones y suele estar dirigido al pago del material necesario para las clases. Es por ello que el programa no cuenta con empleados, sino que es llevado a cabo por voluntarios: estudiantes universitarios, profesores y miembros de la comunidad. Estos voluntarios están al cargo de los cursos que se imparten en la prisión: ciencia, literatura, escritura, historia, estadística, lingüística, ingeniería, informática e inglés como segunda lengua. Los reclusos tienen además la oportunidad de participar en la producción y puesta en escena de obras teatrales y exhibiciones de su propio arte. Este año, EJP ha obtenido permiso para grabar un programa de radio desde la cárcel que será emitido en la radio local.

Por el momento, EJP no puede conceder títulos universitarios, pero los reclusos reciben créditos por cada curso  y pueden ser transferidos a otras instituciones. Para participar en el programa los presos deben poseer el diploma de Educación Secundaria o equivalente y como mínimo 60 créditos. Pero, desgraciadamente, muchos de los reclusos carecen de estudios de Secundaria, lo que en su día la propia cárcel solía facilitar. Según explica Ginsburg, los programas de enseñanza a nivel de bachillerato y de licenciatura estaban bastante extendidos en el país, pero en 1994 las leyes para el Control del Crimen Violento y la Aplicación de la Ley dejaron invalidadas las ayudas destinadas a dichas iniciativas. Debido a la falta de financiación, cientos de programas educativos desaparecieron en la siguiente década. El propio estado de Illinois fue uno de los afectados por los recortes. «Aunque Illinois posee una larga tradición en la instrucción de educación de nivel superior en las cárceles», dice, «en la actualidad el centro de Danville es el único lugar donde los reclusos pueden recibir clases de nivel universitario».

Estibalitz Ezkerra

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