El Relator Especial Sobre La Tortura De La Comisión De Derechos Humanos De Las Naciones Unidas Considera Que El Gobierno Español Es Responsable De Tratos Crueles, Inhumanos O Degradantes Sufridos Por José Antúnez Becerra

En 2015, en la cárcel de Brians II, José Antúnez Becerra estuvo en huelga de hambre contra la cadena perpetua encubierta 65 días, del 23 de enero al 28 de marzo. Era la cuarta huelga de hambre que emprendía, desde verano de 2011, este compañero, veterano de la Coordinadora de Presos En Lucha (COPEL) y participante en la fuga de los 45 de la Modelo de Barcelona en el 78. En todas esas huelgas de hambre ha luchado, básicamente, por los mismos motivos y parecidas reivindicaciones: que se revise la sentencia por la que fue condenado a 19 años, en situación de indefensión, por el motín de 2004 en Quatre Camins, del que se considera un chivo expiatorio, y que se reconozca su derecho constitucional a la reinserción social facilitándole una situación penitenciaria que le permita ver calle, ahora que tiene una familia adoptiva con la quiere tener la oportunidad de convivir. A principios de 2014, ayunó 36 días y, cuando lo dejó, en febrero, le hicieron firmar un “Plan Individualizado de Tratamiento” en el que se preveía su salida de permiso, una vez hubiera hecho dos determinados cursos. Sin embargo, aparte de otras zancadillas, la administración carcelera catalana, por negligencia o por malicia, no le inscribió en ninguno de ellos, por lo que la juez de vigilancia, después de pedir informes varias veces a la dirección de Brians 2, sin respuesta, resolvió negativamente los recursos de Antúnez a la denegación de los permisos “por no haber hecho los cursos”. Ante la evidente mala fe de las “autoridades competentes”  y cansado de que le vacilaran, Antúnez decidió no comer hasta poder hacerlo en casa, con su familia.

En la calle, coincidiendo la de Antúnez con la huelga de hambre de otro preso, Javier Guerrero Carvajal, surgió y se extendió espontáneamente desde medios libertarios una corriente de solidaridad activa. En Barcelona se vieron carteles, pintadas, pancartas, concentraciones y manifestaciones, con acciones como cortes de tráfico, colgarse con cuerdas y pancartas de un puente o de la fachada del hospital, etc. Todo lo cual fue seguido desde medios más o menos libertarios o alternativos en internet, radio y publicaciones impresas. Se consiguió la atención de alguna prensa y televisión sumisas, de organizaciones de la “sociedad civil” y hasta de algunos partidos políticos, que llevaron el asunto al Parlament. En el resto del territorio del Estado español hubo también alguna actividad solidaria con la lucha de Javi y Pepe: pintadas, pancartas, sabotajes, concentraciones… especialmente en Madrid, donde se organizaron varias, una de ellas ante la sede de la Secretaría de Estado carcelera. A los 65 días de ayuno, al que añadió durante cuatro días la abstención de beber, ante el considerable apoyo social recibido, más las garantías verbales de algunas “autoridades”, dejó la huelga de hambre. En este momento, después de haber hecho uno de esos cursos y en camino de terminar el otro, sigue a la espera del primer permiso.

Durante esa última huelga de hambre de Pepe Antúnez, la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña impidió que dos miembros de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura pudieran comunicar con él. Informado de todo, el Relator Especial sobre la tortura ante la ONU, Juan Méndez, a través del gobierno español, pidió información sobre los hechos a las autoridades penitenciarias catalanas. La respuesta de la burocracia carcelera no podría ser más cínica, hipócrita y engañosa. Miente, por ejemplo, nada más empezar, presentando a Antúnez como “principal instigador del motín de “Quatre Camins”. Echa balones fuera sobre torturas y represalias, obviando la condena judicial a carceleros por las torturas durante la represión del mencionado motín. En cuanto al PIT de 2014, miente diciendo que, si no se cumplió, fue porque Antúnez no quiso hacer los cursos a que se había comprometido, cuando la verdad es que no le dieron opción a ello. Despista en cuanto a la denegación de entrevista con abogado, que en la reclamación de la que se hace eco el Relator, se refiere a un abogado distinto del que se menciona en la falaz respuesta de la autoridad catalana. Sobre el veto a la comunicación con Pepe de los defensores de los derechos humanos y otros asuntos, como la falta de información a los familiares sobre el estado de salud del huelguista o la ausencia de verdaderos cuidados médicos, aducen los chupatintas carcelarios excusas tan flojas que no se las creen ni ellos.

Afortunadamente, el funcionario de la ONU, aunque se traga algunos cebos, no se deja engañar del todo por semejante cortina de humo. Así pues, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lamenta que en la respuesta del gobierno español y de la jefatura carcelera catalana “no se haga referencia a la iniciación de acciones judiciales o investigaciones correspondientes” sobre los hechos de los que pedía explicaciones, y ante “la ausencia de evidencia contradictoria”, concluye que hay “fundamentos suficientes” para determinar “que el Gobierno de España es responsable de los sufrimientos físicos y mentales del señor Antúnez Becerra y ha violado su derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes” y le recuerda al Estado español “la prohibición absoluta e inderogable de la tortura establecida en el Convención contra la Tortura, exhortando al gobierno, de conformidad con ella, “a investigar los acontecimientos y enjuiciar y sancionar a los responsables”.

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