El próximo 13 de enero, el Tribunal Supremo emitirá, por fin, la sentencia sobre el alargamiento ilegal de las penas. El 13 de enero, el próximo martes, se dirimirá si el Reino de España vuelve a tomar la vía de la «trampa legal», del escándalo jurídico y acaba, de nuevo, condenado por un Tribunal Europeo o si, por el contrario, empieza a crear las condiciones para ir eliminando todas las medidas de excepción que ha ido creando. Medidas que vulneran los derechos humanos. Medidas de venganza política.
Las personas que hoy nos hemos reunido aquí somos familiares o amigos directos de esos 56 ciudadanos vascos a los que afecta esta última trampa legal que el estado quiere llevar a cabo. Representamos a 56 familias. 56 vidas que el estado quiere encerrar como sea; pisoteando los derechos humanos o saltándose las leyes que haga falta. Como familiares o como amigos, a nivel personal nos destroza, nos rompe por dentro saber que los quieren mantener en la cárcel a pesar de que ya han cumplido su condena pero su actitud tampoco nos sorprende. Llueve sobre mojado ya que llevan toda una vida complicándonos nuestro día a día en todo lo que pueden. Pero esta vez si hay un cambio y es que el estado español no sólo pretende saltarse su propia ley y vulnerar los derechos humanos sino que, además, pretende saltarse también una normativa de Europa. Una norma que está obligado a cumplir.
