Un centenar de palestinos secuestrados en cárceles israelíes llevan 29 días en huelga de hambre para denunciar la situación de cerca de 200 compañeros encarcelados bajo la fórmula conocida como “detención administrativa”, para dar visibilidad a esta práctica, que permite a Israel encarcelar a palestinos sin ninguna acusación ni juicio, y para protestar contra su existencia. La huelga está teniendo lugar en Ofer, Megido y las prisiones de Naqab y hay planes para intensificarla si las exigencias de los presos no tienen respuesta. Cerca de cinco mil presos palestinos en prisiones israelíes –la práctica totalidad de los 5.265 existentes, según la ONG Addameer (conciencia)– se sumaron al principio a la huelga de hambre, en una jornada simbólica.
La demanda general de los huelguistas es el fin del uso de la detención administrativa. Esta figura legal, criticada por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, tiene su origen en el Mandato Británico en Palestina (1920-1948). La regulación permite a los organismos de seguridad mantener bajo arresto a una persona durante seis meses, renovables, sin darle explicaciones o revelarle de qué delito en particular es sospechoso. Para proceder a la renovación de la detención es suficiente con presentar ante el juez las razones del encarcelamiento, alegando generalmente la ambigua fórmula “motivos de seguridad”. Los detenidos administrativos están recluidos sin cargos ni juicio ni asistencia jurídica, bajo «pruebas secretas» a las que no tienen acceso ni ellos ni sus abogados. Algunos detenidos han pasado más de ocho años en la cárcel sin saber lo que contenían las «pruebas secreta».
