Categoría: <span>Cadena perpetua</span>

Hablamos con su hermano de la situación de Enrique Del Valle, 27 años ininterrumpidos preso y cumple en 2045, un caso evidente de cadena perpetua «encubierta». Basándonos en las experiencias que nos cuenta y algunas otras informaciones, reflexionamos sobre el funcionamiento de la cárcel como máquina de exterminio y degradación humana y sobre las posibilidades de hacerle frente para defendernos. La madre y la hermana de Luis Manuel Acedo Sáenz, enfermo de cáncer abandonado en los patios de la cárcel e Picassent sin diagnóstico, tratamiento o cuidado alguno, excarcelado finalmente para que muriera en la calle, convocan una concentración el próximo sábado, 27 de mayo, a las puertas de la cárcel de Picassent, para recordar a Luis e intentar contribuir a que no puedan sostenerse las condiciones de trato indigno, cruel, inhumano y degradante que tuvo que sufrir él hasta la muerte.

Cadena perpetua Radio: Tokata Y Fuga

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó la semana pasada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda por la negación reiterada de permisos de salida a un preso de la cárcel de Córdoba, porque, según los carceleros responsables, “todavía le queda mucho tiempo de condena”. Esta persona ha cumplido 46 de los 57 años a los que fue condenado, sobre todo, por una serie de robos realizados en su juventud, cuando era drogodependiente. La demanda recuerda que el Tribunal Supremo dictaminó en varias sentencias de 1993 y de 2000 que una condena superior a 30 años sería “inhumana, por privar de la oportunidad reinsertadora”,  y que el Consejo General de la Abogacía Española también denunció que el sistema penal español es “excesivamente duro” y que la pena máxima de 40 años que contempla la legislación, es superior a la de media internacional. Se refiere también a que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) consideró que el encarcelamiento de largo plazo tiene graves efectos sobre quienes lo sufren y a que el mismo TEDH ha estimado contrarias al Convenio Europeo, las condenas que no se puedan revisar, y que carece de sentido seguir cumpliendo una vez cumplida un parte sustancial de la pena. Según datos de 2013 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, además de las condenadas por «terrorismo» –unos 260 presos, casi todos con grandes condenas–, al menos 253 personas cumplen condenas superiores a 30 años en las cárceles del Estado español, lo que vulnera claramente el principio de reeducación y de reinserción en la sociedad como objetivos prioritarios del sistema penal, según la Constitución española. Copiamos a continuación buena parte de dos de las secciones del apartado de la demanda donde se expone su objeto.

Exposición de los hechos

XXX está ingresado en prisión desde el año 1981. Cumple desde entonces una condena acumulada de 58 años y 247 días de privación de libertad. A causa de dicha condena lleva ya privado de libertad unos treinta años en los que disfrutó de algunos beneficios penitenciarios luego frustrados. No ha disfrutado de ninguno de ellos en los últimos ocho años. Su comportamiento en prisión es excelente y no ha sido nunca sancionado.

La extraordinaria duración de su privación de libertad no responde a una condena de cadena perpetua o prisión permanente revisable (recién instaurada en España), sino a 13 condenas acumuladas por delitos de robo, utilización de vehículo de motor, falsificación de DNI, tenencia de armas y quebrantamiento. Se trata esencialmente de delitos de carácter patrimonial, vinculados a la drogadicción. No ha sido nunca condenado por delitos contra la vida o libertad sexual.

Al día de hoy a D. X le falta por cumplir más de 11 años efectivos de condena. De acuerdo a su expediente penitenciario, las tres cuartas partes de su condena se cumplieron el día 9 de agosto de 2014. La fecha prevista de cumplimiento total es en 2028. Sobrepasando todo ello –con mucho- el limite máximo previsto en el sistema penal español.

En noviembre de 2015 solicitó, por primera vez tras ocho años, de la junta de tratamiento que se le otorgara un permiso de salida, de cara a facilitar su resocialización y al haber cumplido ya más de las ¾ partes de su condena.

Por resolución de 3 de diciembre de 2015, la Junta de Tratamiento de la prisión de Córdoba, visto el informe del equipo de tratamiento, le denegó el permiso solicitado. En la resolución, de escasísima fundamentación, se señalaba exclusivamente como motivos para denegar el permiso su “trayectoria delictiva consolidada por comisión de nuevos delitos” y “lejanía de la fecha de cumplimiento de los ¾ partes de condena”. Éste último motivo era erróneo, al haberse sobrepasado con creces dicho sector temporal tal y como señaló posteriormente por la Audiencia Provincial.

Cadena perpetua Política criminal

Enrique Del Valle González, de 50 años, está preso en la cárcel de La Moraleja, en Dueñas (Palencia). Lleva en prisión, sin salir, desde el 6 de septiembre de 1990, casi 27 años, a los que hay que sumar los casi cuatro años que cumplió anteriormente, desde el 86, con apenas diez meses de estancia en la calle entre una etapa y la otra. Es decir, que ha pagado más de 30 años, de los cuales unos veinte los ha pasado en régimen cerrado, aislamiento y FIES. Tiene señalada fecha de cumplimiento en 2045, de manera que aún le quedan al menos 28 años más de condena, hasta 55. La mayoría de penas que fue acumulando, que llegaron a sumar más de 80 años, le fueron impuestas por situaciones que se produjeron en prisión, casi todas en la lucha contra el Régimen Especial de aislamiento, como el motín de Herrera de la Mancha, en julio de 1991, por el que le condenaron a 34 años y medio. El último delito por el que fue acusado y condenado a 13 años fue en 2002, hace ya quince años.

Si se hubiera aplicado estrictamente la ley, su fecha de cumplimiento estaría mucho más cercana, pero los aparatos del poder punitivo y judicial, al mismo tiempo que los años de condena sobre las espaldas de Enrique, han ido acumulando irregularidades y negligencias en la aplicación de esa misma ley que dicen estar defendiendo. Para obligarles a rectificar, sería necesario desenredar una maraña de arbitrariedades, errores, olvidos y tergiversaciones como, por ejemplo: aplicación indebida del artículo 76 del código penal (acumulación de penas mal practicada);  inaplicación del doble cómputo de los periodos de prisión preventiva prescrito por el tribunal constitucional hasta la reforma penal del 2010; inaplicación de las condiciones de prescripción de las penas vigentes hasta la reforma del 2015; vulneración, entre otros muchos, de los principios constitucionales de legalidad, irretroactividad de las disposiciones penales desfavorables, tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión.

Las propias administraciones punitivas deberían haber remediado todo eso «de oficio», pero no está en su ánimo. En la mentalidad de la mayoría de carceleros, fiscales, jueces y demás agentes del sistema penal, para un «delincuente multirreincidente» y «preso conflictivo»,  la suerte conveniente es «que se pudra en prisión», diga lo que diga la ley. Aquí tenemos, en realidad, un ejemplo más de lo que se llama «derecho penal del enemigo». En la situación penal y penitenciaria de Enrique queda patente que la justicia no sólo no es igual para todos, es totalmente diferente según los casos, dependiendo de muchos factores, de los que no es el menos relevante  el poder adquisitivo del condenado, ya que en una situación tan complicada tendrían que intervenir, con gran diversidad de recursos y otras acciones jurídicas, varios abogados, en multitud de lugares diferentes, para lo cual haría falta un montón de dinero. Pero ni aún así quedaría garantizado el respeto por los derechos de Enrique, porque aquí de lo que se trata, al parecer, es del odio del Estado y de sus servidores contra lo que ellos llaman un preso de «extrema peligrosidad». Pero, si 30 años de cárcel no han conseguido convertirle en otra cosa, entonces, la única finalidad del castigo, en este caso y en tantos parecidos, sería la neutralización y el exterminio más o menos lento del rebelde.

Así, pues, el Estado español, practica impunemente, bajo una falsa apariencia de legalidad, la tortura y somete a un tratamiento cruel, inhumano y degradante a las personas que ilegal e inexplícitamente son definidas como enemigas de la sociedad. A estas personas y, entre ellas, a Enrique Del Valle González, se les imponen unas condiciones de existencia que, por mucho que se quiera camuflarlas con eufemismos o cortinas de humo, constituyen cadena perpetua o, lo que es lo mismo, una condena a muerte en vida. En León, de donde es Enrique, familiares y amigos suyos y otras personas conscientes y sensibles han decidido enfrentarse a la situación y organizarse para denunciar lo que se está haciendo con Enrique e intentar lo posible para ayudarle, formando un Grupo de Información sobre las Prisiones (contacto: grupoinfromacionprisiones@gmail.com), que lanza un llamamiento de solidaridad y apoyo mutuo.

¡QUE LA LUCHA NO MUERA! ¡POR LOS QUE NO ESTÁN Y POR LOS QUE ESTÁN!

¡NO AL EXTERMINIO, MÁS RÁPIDO O MÁS LENTO, DE SERES HUMANOS!

¡NO A LA CADENA PERPETUA!

Cadena perpetua Cárcel=Tortura

El Acebuche, 19-X-2016

Salud compxs:

Es sabido por todxs los que me conocen, que fui un miembro de C.O.P.E.L., y tome parte activa en su creación y sus primeras luchas: huelgas de hambre, autolesiones, subidas colectivas a los tejados del hospital penitenciario de Carabanchel etc, etc. Cuando salí en libertad el 22 de mayo del año 1977, formé parte del brazo armado de C.O.P.E.L.

Volví a ingresar el 14/02/1979 en Murcia, hasta la fecha, claro, ¿por qué tantos años preso?, como los de tantos compañeros que aún siguen (seguimos vivos), quebrantamientos de condenas con nuevos delitos.

Nuestra tabla reivindicativa de lo más justa que pudimos hacer, se consiguió la ley orgánica general penitenciaria, con un reglamento taleguero nuevo, y… el tan deseado código penal… menudo palo que con su entrada en vigor el 25 de mayo 1995 nos llevamos todos los que tanto luchamos por conseguirlo, y nada menos que este venía de los socialista. Lo peor que se nos pudo hacer, ha sido anular el art. 100, o sea, que el beneficio de la redención (ordinaria y extraordinaria) quedó anulado. Es la peor pérdida que hemos tenido, por esto solamente las prisiones están masificadas, la población se ha incrementado desde entonces un 300 %. Y por supuesto, en lo que toca a la ley general penitenciaria y su reglamento, incumple todos aquellos artículos que nos puedan beneficiar.

Actualmente, bueno, desde que se conocen los permisos de salidas, los grados, la libertad condicional, el grandísimo poder de los llamados equipos técnicos y juntas de tratamiento, y el último invento: los llamados modulos M.E.R. (Módulos de Educación y Respeto), con ello han formentado la traición, la colaboración, el chivatismo y el arrastrarse. Con ello quiero decir, que ante todo esto, uno se encuentra más que solo.

Leo atentamente todos los comunicados que recibo, y muy a pesar de mi precaria salud, cáncer de próstata y otro posible en el cuello, quiero aportar mi lucha y conocimientos, aunque estoy a la espera de ser extraditado en el mes de enero a Francia para volver a ser juzgado por condena perpetua que se me impuso en el año 1981 en rebeldía por delitos cometidos en septiembre del año 1978.

Las siglas sobre A.S.P.R.E.LA.  O las llamemos de otra forma no me importa.

Estoy totalmente de acuerdo en los «puntos abiertos» sobre todo en su punto 2, 3 y en el 4, acertado en llamarnos M.D.R.P. o por el estilo. Bravo por su punto 6, es con el que más me identifico, debemos de tener un apoyo incondicional de medios de información prensa y TV, sin ellos estamos con el culo al aire.

Dentro de los puntos de la tabla reivindicativa, incluir la vuelta del beneficio de la redención ordinaria y extraordinaria en el código penal.

Quitarles el poder que tienen los miembros de los equipos técnicos y de la junta de tratamiento, y que se controle por órganos superiores a los jueces de vigilancia que en lugar de velar por los derechos de los condenados, protegen los intereses de las cárceles.

Hincapié y lucha para que se apliquen las limitaciones de condenas que marca el art. 76, y no nos tengan con cadenas perpetua encubiertas.

Quiero mandar un abrazo libertario y fraternal, al compañero que ha plasmado en este comunicado sus ideales muy realistas sobre todos-as los-as compañeros-as que seguimos en las carceles del Estado, se llame español o de cualquier lugar del mundo.

Fuera barrotes y muros.

6-XI-2016

Hola compañeros-as:

Por supuesto que podéis publicar mis opiniones con mi nombre. Así como deciros que igualmente le debéis de poner una nota de agradecimiento de mi parte a Julián Carlos Ríos Martín por sus libros editados que tanto nos ayudan a mormullar toda clase de escritos en la defensa de nuestros derechos carcelarios, sobre todo para formular escritos de denuncias, me refiero al «manual de ejecución penitenciaria» –defenderse de la carcel– pues estos libros se pueden conseguir gratis en esta dirección: Cáritas española, c/ Embajadores, 162, 28045 Madrid.

Antonio Carlos Nieto Galindo

Más inforamción en Tokata sobre la propuesta de lucha

Cadena perpetua Presxs en lucha Vagos y maleantes

Captura[Para leer/descargar el libro, pincha en la imagen]

El libro trata las fuentes disponibles para el estudio de la historia de la cadena perpetua en España, desde sus inicios en el siglo XIX hasta su abolición en la segunda década del siglo XX, y aporta un análisis crítico acerca de lo que supone para nuestra legislación penal la reciente aprobación de la “prisión permanente revisable”.

Se trata de una obra colectiva coordinada por Pedro Oliver Olmo y Luis Gargallo Vaamonde, y en ella participan varios miembros del Grupo de Estudios sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Penitenciarias: los coordinadores, Eduardo Parra Iñesta, Mae Cubero Izquierdo, Jesús Carlos Urda y Ángel Organero.

Cadena perpetua Documentos Política criminal

Cárcel de Villena, 25 de noviembre de 2010

Cuando oí esta expresión por primera vez no supe entender su significado. Era muy joven todavía, un joven de 15 años (1967). Por eso la gente mayor hablaba en mi presencia, sin miedo a escandalizarme, cuando se refería a un conocido mio. Han sido necesarios 58 años para comprender qué significaba. 58 años y sentir sobre mi propia carne el sufrimiento que supone los 38 años que ya he pasado en total preso, 36 en España, 2 en Francia, terrible definición la de carne de presidio…

Pero la vida es incierta y a todos, absolutamente a todos, pueden ocurrirnos muchas cosas, o no ocurrirnos nada, absolutamente nada.

Podemos, según vaya la vida, formar parte de eso que algunos llaman “el todo Madrid” o “el todo cualquier parte”. O por el contrario, podemos probar con nuestras asentaderas todas las cosas de los patios carceleros.

Por muy seguro que parezca estar cada uno de la tierra que pisa, de la planificación de su mañana y de la fuerza de su voluntad… no podemos olvidar que el mundo da vueltas, que el futuro es incierto y sobre todo… que la carne es muy débil.

Admirados y respetados por mi sean donde se encuentren todos aquellos hombres y mujeres presos-as que se llaman Montes Neiro, Jose Manuel Espada Prieto, Antonio Fuentes Paraiso, Rafael Martínez Nogueira, Emilio Garcia Lloret, Amadeu Casellas Ramón, Jose Ramón Torres Pérez, Carlos García Reney, Francisco Valencia Ruiz, Milton… y otro cuyo nombre no recuerdo, y otros que no he conocido nunca… Pero que siguen sufriendo en cualquier cárcel enmarcados-as tras las rejas por gruesos muros, soportando lo insoportable.

A todos-as que no son tan malos como parecen, ni tan malos y perversos como les juzgan. Sino simplemente hombres y mujeres. Hombres y mujeres que tuvieron que elegir y eligieron.

Con mi comprensión, mi admiración, estima, respeto y cariño. Porque son mi gente y los prefiero a los demás, a los perfectos, a los impolutos…. a los que son premiados con medallas de oro al mérito carcelario…

Quien se sienta libre de culpa que arroje la primera piedra.

Antonio Nieto Galindo “Antoine”

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Cadena perpetua Vagos y maleantes

Hola compañeros:

Quisiera comentaros acerca de lo que la realidad es y supone la entrada en vigor de la OEDE. Este acrónimo significa Orden Europea de Detención y Entrega, y es consecuencia de un acuerdo de los países que forman parte de la Unión Europea para unificar criterios acerca de ejercitar leyes represivas y fascistas, contradictoriamente fomentada por países que dicen ser democráticos y en cuyos principios está el respeto de los derechos humanos. Nos encontramos ante una nueva falacia que viene a reprimir el ejercicio individual y colectivo de quienes permanecemos en contra del nuevo sistema denominado globalización.

Hasta la entrada en vigor en el año 2002 la ley de extradición pasiva impedía la entrega de ciudadanos nacionales a terceros países para su enjuiciamiento y condena por esos regímenes fascistas por delitos cometidos o no cometidos, que a veces eran condenados en rebeldía (lo que es mi caso). Sabéis perfectamente de lo que hablo porque he sufrido y sigo sufriendo, si las luchas no lo consiguen, seguiré sufriendo, cuya consecuencia ultima será mi fallecimiento en el Estado Español o el Estado Francés.

Desconozco si mi situación la padece cualquier otro/a ciudadano/a del estado Español “aunque personalmente me considero parte de la humanidad y no me identifico con el lugar de nacimiento”. La mejor manera de conocer el verdadero alcance de esta nueva ley que se enmarca en un lenguaje jurídico complejo es que os comente con toda sencillez y rigor que caracteriza mi caso personal.

Fui detenido en el estado español en febrero del año 1979, recibí por aquellas fechas, concretamente en el mes de abril, la visita de miembros policiales de la INTERPOL (Francia) en tres ocasiones. Comento esto porque las leyes francesas exigen que para poder juzgar en rebeldía a un reo de delito (Art.379-2 del código de procedimiento penal francés) deberían de transcurrir un periodo de diez años de paradero desconocido. Es evidente que las visitas recibidas debieron reportar información del ministerio que informasen de mi situación de preso en el estado español, por lo que jamás estuve a dichos efectos en paradero desconocido.

Paradójicamente jamás recibí ninguna notificación acerca de la incoación de los procesos judiciales que eran graves y suponían condenas de hasta cadena perpetua, que fue lo que me aplicaron sin tener en cuenta que dicha condena no estaba tipificada en el código penal español del año 1973.

En 1982 fui condenado en rebeldía a dos cadenas perpetuas y 20 años de reclusión criminal, cuando, repito, sabían que mi condición de preso en el estado español me impedía acudir a las vistas para demostrar mi inocencia ya que dentro de todo este entramado “policial” subyace un interés desmedido por ser condenado de manera injusta y muy lejana de respetar los derechos humanos hasta el punto de que mas de 30 años después persisten en su intención de hacer cumplir unas sentencias injustas, falsas, inmerecidas.

Me sorprende que el estado español se preste a tal colaboración una vez conocida mi negativa de ser entregado a Francia, a no ser que existan otros intereses que hacen de mi persona “una moneda de cambio”. Bien por razones de colaboración en la lucha y represión contra el ejercito de liberación vasco o como socio necesario para resolver conflictos económicos que se derivan de la competencia de los sectores agrícolas y ganaderos.

En el 2002 fui procesado por la Audiencia Nacional, heredera del tribunal represivo franquista que permanece a la llamada democracia española, por extradición pasiva y juzgado por la misma en el 2004.

En aquel proceso fue el ministerio fiscal quien se opuso a mi entrega haciendo valer mi condición de ciudadano español. Francia, al conocer la oposición del estado español a colaborar y proceder a mi extradición como consecuencia de las leyes vigentes de extradición pasiva, comenzaron a solicitar la OEDE de manera reiterada, alegando incluso nuevos delitos (entre ellos el asesinato de un policía ¡MUY VIVO!) y bombardeando y presionando a cuantas instancias judiciales tuviesen jurisdicción en el asunto bien por vía EUROPOL, INTERPOL-SIRENE con sede en Madrid. En esta ocasión la sección tercera de la Audiencia Nacional ¡accedió! a mi entrega a Francia.

Una vez finalice de cumplir mis responsabilidades penales en el estado español, que ya de por sí suponen cumplir 50 años de prisión (sólo por delitos de atracos a los usureros del estado español ¡a bancos!), en un estado físico, a mis 57 años, muy desgastado por los muchos años pasados en cautiverio, calculo sumándolo todo serán unos 38 años, una salud precaria etc, etc

A mis casi 58 años de edad mi única perspectiva es fallecer cerca de los míos en una prisión del estado español pues aquí estoy cumpliendo una condena a cadena perpetua ¡encubierta! Como muchos otros compañeros que siguen vivos dentro de estas cloacas y el sistema impuesto no han podido con nosotros ni podrán.

No quiero extenderme más, pero si queréis alguna aclaración más concisa acerca de algún punto en concreto no dudéis en contactar con boletintokata@yahoo.es o para más información en www.antonionietogalindo.wordpress.com. Personalmente aprovecho para transmitir a los compañeros de Tokata mi total respeto, admiración y reconocimiento por la lucha y el interés que siempre vienen demostrando en ayudarnos de una forma altruista, mi deseo de salud y un fuerte abrazo para todos ¡sois auténticos! Siempre leales e íntegros con vuestros ideales anti-capitalistas.

A todos los que lean Tokata recibid un abrazo libertario y seguid luchando para que el enemigo conozca de nuestra “resistencia” ante la represión de sus leyes y la demostración fascista que nos presentan todos los días.

Desde el presidio de Villena ¡SALUD Y LIBERTAD!

Antoine

Antonio Carlos Nieto Galindo

C.P. Alicante II

Carretera nacional 330, km 66

03400 Villena (Alicante).

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Más información

Firmas por la libertad de Antonio Nieto Galindo

Antonio, antiguo miembro de COPEL (Coordinadora de Presos En Lucha), cumplió a pulso en octubre de 2009 treinta y cinco años de condena en las cárceles españolas. Por aquel entonces la perspectiva de quedar libre de castigo en lo que al estado español tocaba, en lugar de ilusionarle, le podía poner los pelos de punta, pues, no le llevaba a la calle, sino a caer en manos del estado francés que le había reclamado en 2005 por una OEDE (Orden europea de Detención y Entrega) para cumplir en sus cárceles cadena perpetua, como si no la hubiera cumplido ya en manos de España.

La Audiencia Nacional española había acordado entregar a Antonio  a pesar de que las condenas de cadena perpetua habían sido dictadas ilegalmente. En primer lugar, porque lo fueron “en rebeldía”, a pesar de que a la policía francesa debía constarle que estaba preso en España y que, quisiera o no, de ningún modo podía acudir a los juicios. Pero es que, además, tampoco había sido citado para comparecer en ellos ni se le dio oportunidad de nombrar abogados ni de recurrir las sentencias o solicitar la celebración de nuevos juicios.

En un juicio que tuvo en verano donde la acusaban de unos atracos que no había cometido, a pesar que contaba con pruebas de su inocencia, en lugar de defenderse, prácticamente se dejó condenar. Paradójicamente, esa condena es un mal menor para él, porque su ejecución  retrasa el momento en que sería entregado a Francia con muchas probabilidades de quedar sepultado en las cárceles francesas quizá por todo el tiempo que le quede de vida. Ahora tiene alguna posibilidad más de que se le aplique, antes de que llegue ese momento la DECISIÓN MARCO 2009/299/JAI del Consejo de la Unión Europea de 26 de febrero de 2009, “destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado”.

Esa “decisión  marco” modifica todas las anteriores disposiciones de dicho Consejo que regulan los términos y condiciones del procedimiento de la “Euroorden”, capacitando al Estado español para denegar la entrega de Antonio, ya que las circunstancias, citadas más arriba, en que se dictaron las condenas en Francia se incluyen en esa decisión europea como supuestos que justificarían la denegación de la OEDE contra Antonio. Aunque el estado Español todavía no ha promulgado una ley donde se cumplan las exigencias del Consejo de la Unión Europea, a la larga tendrá que hacerlo necesariamente (el plazo máximo llega hasta el 2014). Mientras, tenemos algo de tiempo para exigir al Estado español que defienda como corresponde legalmente los derechos de un ciudadano suyo. Al mismo tiempo que los abogados hacen su trabajo, no está de más que sigamos recogiendo firmas para mostrar (¡Cuantos más seamos, mejor!) nuestro desacuerdo con una decisión tan injusta e inhumana como la de enterrar definitivamente en vida a Antonio.

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