Reclaman por las condiciones laborales y el acceso a la justicia. Las medidas de protesta, que van desde la huelga de hambre a la de brazos caídos, no concurren a los talleres de trabajo, comenzaron la semana pasada; aún no recibieron respuestas ni se acercaron funcionarios a escuchar sus reclamos. Quieren una mesa de diálogo.
“Tirar atrás el rancho” o “resentir” las comidas se dice en las cárceles cuando la población de un pabellón o módulo rechaza como método de protesta el alimento que les provee el Servicio Penitenciario. Eso es lo que viene sucediendo en el ámbito de dos complejos del ámbito federal: la cárcel de mujeres en Ezeiza y la de Devoto.
Los reclamos, con sus matices, son de larga data y apuntan a derechos básicos como acceso a la justicia y al trabajo. “Queremos dejar en claro que nuestras medidas de fuerza no son por las cosas que salieron en los medios por la requisa ilegal que se realizó en el CUD (Centro Universitario de Devoto)”, adelanta Cristian Reyes, secretario adjunto del SUTPLA (Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria). En Devoto no aceptan la comida desde mediados de la semana y elevaron un petitorio a la dirección nacional del SPF y al Ministerio de Justicia donde centralmente reclaman que se regularice la situación de dos juzgados de ejecución cuyos jueces están nombrados pero no funcionan porque no tienen sede.
En Devoto no aceptan la comida desde mediados de la semana y elevaron un petitorio a la dirección nacional del SPF y al Ministerio de Justicia
Mientras tanto, en Ezeiza más de una decena de mujeres de 3 módulos distintos mantiene una huelga de hambre desde la semana pasada y, además de rechazar las comidas en muchos pabellones, las detenidas trabajadoras están de huelga de brazos caídos. “El reclamo es centralmente por el tema de las horas”, explica Cyntia, una de las detenidas que sostiene el ayuno. Según señalan las trabajadoras sufren un recorte de horas laborales y el deterioro de las condiciones de su trabajo desde que asumió una nueva jefa en el área, Karen Fiorentino. “Nos viene descontando con cualquier motivo; en mi caso me quisieron hacer firmar 140 el último mes, no estoy de acuerdo porque yo trabajo al menos 60 horas más, porque también trabajo fines de semana y feriado. Esta mujer cortó las 200 hs y empezamos todas a cobrar diferente en cada taller”, detalla Cyntia.
El complejo cuenta con 6 módulos de pabellones en los que se alojan alrededor de 500 detenidas, de las que trabaja un 80% en talleres de carpintería, fibrofácil, encuadernación, tejido, costura, bolsas y broches. El salario es de alrededor de $37 la hora y ellas sostienen que tenían un acuerdo de trabajo de 200 horas mensuales. Eso es lo que ven afectado e indican además que se cerraron algunos en los últimos meses.
Por esta situación presentaron un habeas corpus que tramita en los juzgados de Lomas de Zamora y que tendría dictamen resolutorio el 14 de octubre. A pesar de las huelgas las autoridades del penal se niegan a tomar medidas y les dicen que esperen esta resolución judicial.
“En fin, pedimos más educación, más trabajo que son pilares fundamentales de cualquier ser humano, no solamente en este contexto de encierro”, resume Cristian y agrega “el Ministerio de economía baja el presupuesto al servicio penitenciario semestralmente con el mínimo vital y móvil para todos los detenidos del ámbito federal. Entonces a las chicas les cortan arbitrariamente las horas y es mentira que no hay cupo laboral”.
“Nosotras estamos lejos de lo que es poder hablar con alguien. Por nuestra cuenta tenemos que estar llamando por teléfono a quienes deberían garantizar nuestros derechos, estamos abandonadas; de la procuración no vinieron aunque conocen la situación y si saben lo que nos está pasando automáticamente tendrían que venir a vernos. Pero no vino nadie, ni por la huelga de hambre, ni la jefa de trabajo”, cierra Cyntia.
Desde CUD, cuyas protestas también tienen un vínculo solidario con la huelga de las mujeres en Ezeiza, piden como vía de solución mesas de trabajo regulares con autoridades del Ministerio de Justicia, organizaciones y delegados.
Fuente: Agencia Para La Libertad
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