Categoría: <span>VHC</span>

Aunque debe entenderse que nuestra legislación asimila la prisión preventiva a la prisión por condena, en la práctica, no sucede así y es difícil que en los casos en los que se dan enfermedades muy graves o con padecimientos incurables, se sustituya esta medida de privación de libertad temporal hasta que exista una resolución firme que establezca la pena a cumplir.

El primer problema que nos encontramos los abogados, en el ejercicio de nuestra profesión, es la determinación de la competencia objetiva, ya que, aunque con la norma en la mano, nosotros la tengamos clara, tanto el juzgado de Instrucción que esté conociendo del caso, como el de Vigilancia Penitenciaria, se pasan la “bola” de uno a otro, en multitud de ocasiones, de manera que es difícil hacer valer los derechos fundamentales inherentes a la persona enferma privada de libertad.

Legalmente, los fines que se persiguen para la adopción de tal medida privativa de libertad son asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto, evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, o evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.

Sin embargo, y por sentido común, es impensable que una persona aquejada de varias enfermedades tan graves como la Hepatitis C, el sida, un cáncer terminal, o enfermedades mentales severas pueda pensar en cometer nuevos delitos o fugarse, cuando su estado de salud le impide en ocasiones moverse o está sometido a un estricto tratamiento, que le obliga a tomar una determinada medicación que tiene que ser suministrada con cierta habitualidad, lo que viene a ser completamente incompatible con un riesgo de fuga.

A través de Esculca (Observatorio Para A Defensa Dos Direitos E Liberdades) nos enteramos de que hace unos días, probablemente el 8 de enero, murió en la prisión de Teixeiro J.V.P., natural de A Coruña, por problemas hepáticos. El interno no había recibido el tratamiento para la hepatitis C que padecía. Hace unos días la Fiscalía presentó denuncia contra el SERGAS por responsabilidades penitenciarias derivadas de no faciliar medicamentos a enfermos que acaban falleciendo.

Cuando menos tres, según el texto de la demanda, habrían muerto por la negativa a administrarles las medicinas. «Pero esta sólo es la pequeñísima punta del iceberg», advierte Quique Costas, portavoz de la Plataforma Gallega de Personas Afectadas por la Hepatitis C, colectivo que organizó y lideró las movilizaciones que durante meses pedían una solución a una problemática que causó muertes, «sufrimiento y angustia».

Fue uno de los que levantó la voz en el Parlamento después de la negativa del PP a garantizar los tratamientos e insiste en «que decisiones políticas» del Gobierno de Núñez Feijóo provocaron varias muertes en Galicia. «No lo digo yo ni la Plataforma, es lo que dice la fiscalía después de nueve meses de investigación y 200 folios en las diligencias», aclara.

Guía Para Luchar Por Los Nuevos Tratamientos Contra La Hepatitis C Dentro De Las Cárceles [Actualizada]

Propuesta De Movilización Colectiva Para Luchar Por Los Nuevos Tratamientos Contra La Hepatitis C En Las Cárceles

Más información sobre el abandono de los presos enfermos de hepatitis C

Contexto:

El porcentaje de gente enferma de hepatitis C en las cárceles es muy superior al de la calle. Según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, un 22% de la población reclusa (unas 14.000 personas) está afectada por el VHC y, de ese porcentaje, un 40,5% –o sea, casi un 10 % de las personas presas: unas 6300– tiene también VIH. La propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias reconoció en 2013 el fallecimiento de ocho personas presas a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior, aunque la población reclusa había disminuido. La actitud de la autoridad carcelera ha sido en todo momento restringir por todos los medios posibles, para ahorrarse unos euros, el acceso de las personas presas, ya no a los nuevos tratamientos, sino a los que habían salido anteriormente al mercado, no tan eficaces como los actuales, pero bastante más que el interferón que se estaba administrando en las cárceles, de terribles efectos secundarios: prohibiendo su prescripción a los médicos bajo sus órdenes; excluyendo a los coinfectados; estableciendo cupos; poniendo como condición para su administración el traslado a un hospital de Madrid; negándose a pagarlos, aunque tuviera que entrar en litigios con las comunidades autónomas, y llegando incluso a desobedecer varias sentencias judiciales que le obligan a ello. De manera que el gasto en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre 2012 y 2013 y un 48% desde 2006.