Mi presencia transversal en las Marchas de la Dignidad me impidió contemplar los altercados que se produjeron antes de que finalizara la concentración. Solo pude observar el despliegue policial que había cortado la Calle Génova, fortificando la sede del PP. Ese alarde de fuerza manifestaba una vez más que el trabajo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) no consiste en preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, sino en intimidar, apalear y humillar a los que se atreven a pedir “pan, trabajo y un techo para todos”. Los agentes de la UIP son el brazo armado del Estado, mercenarios que obedecen órdenes inmorales e ilegales y que no deben ser equiparados en ningún caso con los trabajadores. La represión de las protestas populares no es un trabajo digno, sino un acto de cobardía y mezquindad. Los grandes medios de comunicación han propagado una versión fraudulenta de los hechos, atribuyendo a grupos de incontrolados los incidentes que ensombrecieron la jornada. Afortunadamente, los testimonios gráficos han desmentido esta torpe y ofensiva manipulación de la verdad. En las grabaciones del evento, se aprecia con perfecta claridad que los esbirros de la UIP invaden la Plaza de Colón y comienzan a disparar pelotas de goma, cuando el acto aún no ha finalizado. Desde la tribuna, los organizadores de las Marchas de la Dignidad piden que cese la violencia, pues hay niños y ancianos, pero la policía ignora sus súplicas. Todo indica que su intervención no es espontánea, sino que responde a una estrategia de tensión y provocación, probablemente planificada por Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno en Madrid. Cifuentes tal vez pretende continuar la estela de Rodolfo Martín Villa, sembrando el miedo y la intolerancia en las calles de la capital del Reino de España. Quizás desea que se repitan tragedias como la de María Luz Nájera, asesinada por la policía el 24 de enero de 1977. Estudiante de Ciencias Políticas, María Luz, que sólo tenía 21 años, murió cuando un antidisturbios apuntó a su cabeza y le disparó a bocajarro un bote de humo. Un joven la recogió en la calle de los Libreros y la trasladó a la clínica de la Concepción. Al llegar al hospital, la chica se hallaba en coma. La policía detuvo a su acompañante, sin preocuparse por el estado de María Luz, que murió tres horas más tarde. Martín Villa ejerció de Ministro de la Gobernación entre 1976 y 1979. En esos cuatro años, murieron 54 personas, asesinadas por la policía o por grupos de extrema derecha, casi siempre respaldados por las Fuerzas de Orden Público. El furor represivo de Cristina Cifuentes no está a la altura de Martín Villa, pero es evidente que sigue sus pasos, combinando palo, cinismo y demagogia. De hecho, ya ha anunciado que abrirá un expediente sancionador contra los organizadores de las Marchas de la Dignidad. Su intención es “imponer sanciones económicas importantes”, las “máximas”, de acuerdo con la ley. Nuestra ejemplar democracia no logra desprenderse de las heces franquistas, quizás porque la dictadura es el genio escondido en la botella de la Transición.
La policía ha detenido a 24 personas. El juez ha puesto en libertad con cargos a 23 y ha dictado prisión comunicada y sin fianza para un joven, acusado de lesiones, si bien se le intentaba imputar inicialmente un homicidio en grado de tentativa. Cifuentes ha lamentado la decisión, afirmando que los detenidos buscaban “matar policías”, pero lo cierto es que la UIP reventó la manifestación, mientras los organizadores agitaban desde la tribuna el Manifiesto de las Marchas de la Dignidad, gritando: “¡Estas son nuestras armas!”. La provocación de la policía comenzó cuando aún faltaban unos 45 minutos para que finalizara el plazo acordado para ejercer el derecho fundamental de manifestación. Las pelotas de goma comenzaron a llover indiscriminadamente sobre la multitud. No iban dirigidas al suelo o a las piernas, sino al cuerpo o la cabeza. Se pretendía hacer daño y propinar un escarmiento. Eso sí, los agentes no esperaban que los más jóvenes reaccionaran a su violencia con rabia e indignación. Las pelotas de goma y los golpes de porra se convirtieron en un boomerang, pues los que no se acobardaron respondieron con piedras y con los palos de sus pancartas. Un grupo de antidisturbios se quedó aislado y se llevó la peor parte. Algunas furgonetas también salieron malparadas, recibiendo patadas, golpes y pedradas. La UIP está acostumbrada a la impunidad y al abuso de poder. La “presunción de veracidad” aplicada sistemáticamente por los jueces le proporciona el paraguas necesario para apalear a los ciudadanos con tranquilidad. Imagino que muchos agentes añoran los años del
Gabriel R. S., palentino de 23 años, ha perdido un testículo por el impacto de una bala de goma. Presumo que el agente disparó a sus genitales para dejar claro que solo son sagrados los cojones de la policía. La violencia es vandalismo (o terrorismo) cuando surge como resistencia contra la injusticia y la brutalidad institucional, pero cuando procede de las Fuerzas de Seguridad del Estado se considera legítima y necesaria. Ya se sabe que “la policía está para ayudar”, pero en abril de 2013 el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura acusó a la Guardia Civil y a la Policía de emplear la tortura de forma habitual, exigiendo al gobierno que adoptara medidas para acabar con esta situación. El Comité localizó palos y bates de béisbol en las salas de interrogatorio de las comisarías de Madrid y Cádiz. Además, consideró “creíbles y consistentes” los testimonios de torturas de diez militantes de ETA detenidos en 2011, incluyendo la denuncia de Beatriz Etxebarria, que afirmaba haber sido violada anal y vaginalmente en la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Cómo ha respondido a estas prácticas execrables el Estado español? Desde 1998, ha indultando a 33 agentes de los diferentes cuerpos policiales condenados por torturas en los tribunales. Al conocer estos datos, resulta difícil no observar a los agentes de la UIP recibiendo palos en el Paseo de Recoletos y no pensar “¡Que se jodan!”, pero ya se sabe que esa expresión está reservada para los parados y tan sólo puede utilizarse en el Congreso de los Diputados, mientras se aplaude histéricamente, celebrando los recortes en prestaciones y servicios sociales. Andrea Fabra, diputada del PP e hija del estafador y cacique Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación Provincial de Castellón, no es una terrorista, pese a que sus palabras festejen una nueva vuelta de tuerca para los más débiles y vulnerables, pero el joven que lanza una piedra contra la horda policial, después de sufrir en sus carnes los estragos del material antidisturbios, sí es un peligroso terrorista y debe ser empapelado con el máximo rigor. Nos han dicho estos días que el finado Suárez nos trajo la democracia, pero no es cierto. Me niego a afirmar que el Estado español es una democracia, pero sí quiero dejar claro que las escasas e insuficientes libertades de nuestro sistema no llegaron gracias al oportunismo de un político franquista, con la sonrisa de un comercial inasequible al desaliento, sino a la lucha del pueblo trabajador. Sólo en 1976 se perdieron 150 millones de horas de trabajo a consecuencia de 17.731 huelgas. Entre 1976 y 1981, con Suárez en el poder, murieron 200 trabajadores en enfrentamientos con la policía, la Guardia Civil o las bandas ultraderechistas. Esos son los verdaderos héroes y no los que transitaron del falangismo al juancarlismo. Durante el velatorio de María Luz Nájera, el duelo se convirtió en terrible indignación al contemplar su rostro desfigurado por el impacto del bote de humo. Alguien cubrió la cara de la joven con un pañuelo. María Luz fue enterrada en el cementerio de Barajas. 3.000 personas participaron en el sepelio, destrozadas por el dolor y la impotencia. Gobernaba Adolfo Suárez y nunca se juzgó al autor material del crimen. El Aeropuerto de Barajas se llamará a partir de ahora “Adolfo Suárez”. Yo creo que debería llamarse “María Luz Nájera”.
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