Un Compañero De Albaida (Valencia) Amenazado Con 18 Meses De Pena-Multa Por Negarse A Participar En Una Mesa Electoral

Vicente Soriano fue detenido “ilegalmente” por la Guardia Civil tras negarse a presidir una mesa electoral por motivos ideológicos. Ahora, la fiscalía pide una pena-multa por su acción de desobediencia

“Una cuestión ética y el ser consecuente conmigo mismo”. Estas han sido dos de las razones que llevaron Vicente Soriano a desobedecer la designación de la Junta Electoral de Zona para ser presidente de una mesa electoral en Albaida –la Vall d´Albaida– en las elecciones municipales y autonómicas, en mayo del año pasado.

Dentro del término de alegaciones correspondiente, Soriano respondió a la designación de la Junta Electoral de Zona con una carta en la que alegaba una “cuestión de principios”, declarándose “ideológicamente como anarquista”. En su escrito exponía que no quería participar de un sistema que “desvía dinero público a fines privados”, que “destina ingentes cantidades de euros a la represión y la muerte”. Además, acusaba a las instituciones de “estar alejadas de la realidad social del día a día, sin dar opción a afrontarla de manera colectiva, privándonos de nuestra responsabilidad y empoderamiento mutuo para reconducir nuestras vidas”. Y señalaba que “la corrupción del sistema es intrínseca a él”.

La respuesta de la Junta Electoral fue breve y concreta. Soriano incurriría en un delito electoral, “por abandono o incumplimiento en las Mesas electorales”, y debería enfrentarse a una “pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses”. Tras los hechos se puso en contacto con personas y colectivos que habían emprendido iniciativas similares de insumisión y desobediencia civil. Es el caso del colectivo antimilitarista Tortuga en Elche o de Des-censo electoral en Euskadi, que son reflejo del incipiente movimiento de insumisión electoral en el ámbito estatal.

Una detención “ilegal”

Llegó el día de las elecciones, el 24 de mayo de 2015 y Soriano no se presentó en el Colegio Pasarela de Albaida, donde debía presidir la mesa electoral. El mismo día por la tarde era alertado: la Guardia Civil había ido a buscarlo a su domicilio y estaba preguntando por él en colegios electorales y otros lugares de Albaida. “Mucha gente del pueblo se inquietó y empezaron a llamar por teléfono”, afirma Soriano. Al día siguiente, se presentó voluntariamente acompañado por su abogado particular, Andreu Moreno, en el cuartel de la Guardia Civil de Ontinyent.

En ese momento Soriano fue detenido, ante la sorpresa de su letrado. Moreno interpreta la detención como “ilegal”, ya que “el delito cometido era muy simple y no requería su retención para la investigación del caso, y al presentarse de manera voluntaria se reducía el riesgo de fuga”. Mientras su cliente quedaba detenido, el abogado se desplazó hasta los juzgados de Ontinyent para confirmar si se había dictado desde allí la detención. La acción fue negada en el juzgado de guardia, desde donde se afirmó que su defendido “debía quedar en libertad de manera inmediata”. Vicente Soriano fue puesto en libertad horas después en Canals, localidad donde habían trasladado el objetor, y donde se encuentran los calabozos del cuerpo policial español.

El “derecho penal del enemigo”

Moreno manifiesta que “la aplicación jurídica del delito electoral es simple, está tipificado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Si te han nombrado para formar parte de una mesa electoral, y no hay una causa que lo justifique, tienes la obligación de cumplir con la ley “. Y continúa “cuando la causa es política, es cuando se complica y es conflictivo, entonces este delito es cuestionable. Es cuando se plantea el hecho moral de si es justo que te obligan a participar de un proceso electoral contra tu voluntad “, argumenta el abogado.

El juicio se celebrará el 24 de febrero de 2017. Mientras tanto, durante la primera semana de septiembre, Vicente recibía una notificación del juzgado en la que el Ministerio Fiscal pide “una pena-multa de 18 meses con una cuota diaria de 15 euros». La multiplicación da como resultado 8.100 euros. Para el abogado “esta sanción es desproporcionada” y no ve razones para endurecer tanto la pena. El letrado especula con razones políticas y “un posible intento de desincentivar a otras personas, penalizando en este caso a Vicente con una sanción ejemplar, como un referente del movimiento en las comarcas centrales del País Valencià”. Moreno afirma que el código penal “no debe penalizar el motivo, sino la acción. Te han de sancionar por lo que has hecho, no por lo que eres, ni por la lucha que representas”. Alude en este caso al jurista alemán de derecho penal Günther Jackob, quien acuñó en 1985 la expresión “derecho penal del enemigo”, con el que “te penalizan doblemente, por lo que has hecho y por el riesgo o peligro que puedes suponer para el sistema», concluye.

El pasado 1 de octubre, Vicente Soriano prestó declaración en el juzgado número 2 de Ontinyent y comenzó incidiendo en que “ninguna persona debería verse obligada a actuar contra su criterio ético: es decir, ninguna persona debería ser forzada a hacer cualquier cosa que le parezca incorrecta». El encausado comenta que ha sentido el desacuerdo de algún familiar y alguna otra persona en el pueblo. Pero también ha recibido muchos apoyos, tanto de personas cercanas, como de “otras que prácticamente no conocía”. Algunas, a pesar de no compartir sus principios políticos, respetan su decisión y argumentos, considerando injusta la imposición de una ley que rompe y penaliza su voluntad. “El hecho de que gente del pueblo al que casi no conocía me apoyara, aunque no estuvieran de acuerdo con mi acción, me da la satisfacción de al menos haber generado un debate en torno a este tema en Albaida”, concluye Soriano .

Traducido de la Directa

LA INSUMISIÓN ELECTORAL

Escrito de Miguel Amorós para fundamentar la negativa de una compañera a participar en la mesa electoral donde había sido designada

“El sufragio universal, en tanto que elemento activo en una sociedad basadaen la desigualdad económica y social, nunca será para el pueblo otra cosa que un señuelo, y que en manos de los demócratas burgueses nunca será nada más que una odiosa mentira, el instrumento más seguro para consolidar con una apariencia de liberalismo y justicia, y en detrimento de los intereses y de la libertad populares, la eterna dominación de las clases explotadoras y propietarias.”

Bakunin

Si bien estas palabras fueron escritas en 1870, es decir, hace ya siglo y medio, su vigencia no puede ser más absoluta. Lo que era verdad en los albores de la sociedad burguesa, no deja de serlo aún con mayor contundencia en sus postrimerías. Aprovechemos las circunstancias para deshacer un equívoco interesado y precisar que cuando se habla de “democracia”, en realidad se trata de parlamentarismo, la forma política mejor adaptada a la prevalencia de los intereses oligárquicos. La multiplicación de elecciones a los distintos parlamentos no ha hecho más que perfeccionar las herramientas mediante las cuales las masas dirigidas cooperan en la construcción de su propia cárcel. Los parlamentos, lejos de representar la voluntad popular, lo que en verdad representan es la legitimación de la corrupción política y del despotismo económico y financiero. La voluntad popular es una pura entelequia, un fantasma incapaz de materializarse en algo distinto a una casta política asociada a intereses privados corporativos.

Las fantasías políticas son un alimento que no engorda. Tanto se podría llamar al parlamentarismo democracia como dictadura pues goza atributos de ambos; lo que sí es cierto es que no se corresponde en absoluto con la voluntad popular. Ésta solamente puede nacer de la libertad, de los espacios de discusión libres, no de los monopolios mediáticos, de la indiferencia, el conformismo o la sumisión. ¿Cómo podría pues reconocerse a un parlamento que no es sino la correa legislativa de la opresión? El mejor de los parlamentos es el que no existe. Por lo tanto, si una verdadera voluntad popular consiguiera expresarse, no podría hacerlo en ellos. Nunca como hoy nos hizo menos falta el parlamento –no hablemos ya de la política- y nunca como hoy dicho parlamento nos ha tiranizado tanto.

Los parlamentos no son la solución; son el problema. Sólo representan a la minoría dominante. El ritual seudodemocrático que los legitima, las elecciones, es una farsa. Nadie que no se haya resignado a los hechos consumados, a la razón de la fuerza, a la violencia capitalista, podrá reconocerse en ellos: la dignidad, la razón, la justicia se lo impiden. No puede hacer dejación de su conciencia y de su integridad en favor de la ley, pues ésta no es obra de personas ecuánimes y justas; es mas, si tal hiciera, estaría colaborando con la injusticia y la opresión. El interés real de la sociedad oprimida obliga moralmente a la desobediencia.

Que no se entienda nuestro rechazo del parlamentarismo como un rechazo de la democracia. Lo que abominamos es del Estado y de sus principales tentáculos, no de la democracia antiestatal, horizontal, asamblearia, la que realmente nos protegería. El Estado parlamentario, lejos de protegernos, simplemente nos atemoriza, nos amenaza, nos impone maneras de vivir sumisas. Nos permite existir bajo condiciones enteramente dispuestas por él.

“Existen leyes injustas: ¿debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio?”

David Henry Thoreau

Thoreau, el padre de la desobediencia civil hizo lo último. Es evidente que una ley que reafirme el dominio de la clase dominante es una ley espuria, promulgada en comisiones espurias emanadas de parlamentos espurios. Y que debido a su naturaleza profundamente arbitraria y a su carácter discutible y dudoso, violente las conciencias que tratan de regirse por consideraciones éticas, apelando a la libertad y al bien común. La ley ilegítima ha de tropezar primero con el derecho a la defensa de las propias convicciones, y por lo tanto, con el deber de desobedecerlas. Pero las constituciones paridas por los parlamentos no reconocen por razones obvias ni la objeción de conciencia ni la desobediencia.

Precisamente su carácter ilegítimo impulsa a los legisladores a defender mediante castigos ejemplares la farsa legal. De otra forma ofrecería facilidades para ser desenmascarados.
La ley electoral no prohíbe la abstención, puesto que ésta no altera los resultados; sin embargo obliga a participar en las mesas electorales a quienes son unilateralmente designados para ello, bajo pena de multas y prisión. No tiene en cuenta el conflicto posible entre la normativa electoral y los principios morales de los individuos. Estamos entonces ante un derecho conculcado por la norma jurídica, el de resistir a los mandatos de la autoridad –siempre usurpadora- que violan las convicciones morales; en resumen, el derecho natural a resistir la tiranía política.

La mayoría no son todos. A pesar de que una gran parte de la población, por inconsciencia, por costumbre, por beneficiarse de ello, o por cualquier otra razón, acepta irresponsablemente la autoridad estatal originada en los parlamentos -autoridad que consolida la desigualdad social y el dominio de una clase enquistada en la política y las finanzas- hay una minoría a la que repugna colaborar con la injusticia, negándose por razones de conciencia a acatar el ordenamiento vigente en materia de elecciones. Siente que como mínimo su derecho al desacuerdo ha estado conculcado y que su opinión no ha sido tenida en cuenta, por lo que recurre a la insumisión, enfrentándose a las leyes que regulan la servidumbre.

La insumisión electoral, más todavía que la abstención, es una forma pacífica de disidencia que se desprende de un no-reconocimiento personal de los partidos, el parlamentarismo y el Estado, entidades en las que el disidente no se siente representado.

Es el rechazo concreto de una normativa odiosa e inicua que vulnera las convicciones libertarias del elegido. El insumiso, mediante su negativa a participar en nada que legalice políticamente la dominación, antepone su conciencia al nefasto ordenamiento legislativo, y decide arrostrar las consecuencias de su insumisión antes de dar un sólo paso hacia el atropello y la desigualdad. La insumisión es la cara opuesta a la servidumbre voluntaria típica de las mayorías ovejunas.

La tiranía opresora no duraría un segundo si nadie consintiera en sufrir su yugo. Cesando de aceptar la tiranía, sin ni siquiera necesidad de lucha, todos recobrarían la libertad. Pero revolcándose los individuos en el barro de la sumisión, se complacen en vivir como han nacido, sin exigir otro derecho que el que se les ha otorgado. No obstante, a pesar del empeño que ponen los dirigentes en envilecer a todo el mundo, siempre hay quien no acata de buena gana lo que antaño otros solamente acataron a la fuerza, y trata de recuperar al menos un poco de la libertad que a aquellos les arrebataron. A los insumisos, las palabras de Etienne de La Boëtie en tiempos en que los ejércitos de Henri II sembraban el terror en Francia les han de resultar familiares: “Resolveos a no ser esclavos y seréis libres. No se necesita para esto pulverizar al ídolo; será suficiente no querer adorarlo; el coloso se desploma y cae a pedazos por su propio peso, ya que la base que lo sostenía llega a faltarle.”