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La última reforma del código penal español ha sido considerada, incluso por los medios de prensa afectos al régimen español, como la más dura desde la Transición. Efectivamente, se trata de una reforma que introduce en la legislación normas que obedecen a una doctrina penal muy alejada de la propia de las democracias liberales. Así, por ejemplo, contempla, además del endurecimiento de numerosas penas por delitos y faltas relacionados con el orden público, la prisión indefinida «revisable» y la custodia de los presos que se consideran «peligrosos». Aunque sea de manera subrepticia para respetar al menos formalmente la Constitución y los convenios de derechos humanos firmados por España que prohiben la cadena perpetua, se introducen sustitutos «suaves» de la pena de muerte que equivalen como esta a la anulación social del individuo condenado a esas penas.

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