Aproximación crítica al concepto de marginación social
La marginación social, o como se considera políticamente correcto de unos años a ahora, exclusión social (ya que así nos ahorramos términos mas incómodos como pobreza, explotación, desigualdad social, etc.). La definición de exclusión social, la cual cuenta con un amplio consenso político, mediático, sociológico y de los profesionales del campo social, encuadra la pobreza fundamentalmente en una historia personal, antepone las experiencias vitales que conducen a situaciones de exclusión a las explicaciones que, por el contrario, observan claramente que la misma es consecuencia de un modelo económico (capitalismo) que genera, por su propia naturaleza, pobreza y desigualdad.
Identificando la marginación o exclusión social con situaciones excepcionales, particulares, reducidas a expresiones límite y mediatizadas solamente contribuimos activamente a legitimarla y reproducirla. Debemos profundizar un poco, identificándola con las situaciones concretas y reales de marginación o exclusión que provoca tanto el sistema productivo en sus diferentes niveles, la cultura difundida y las políticas de control social. Éstas suelen provocar otras situaciones problemáticas en determinados grupos sociales, que suelen identificarse propiamente con el concepto de marginación o exclusión social (prostitución callejera, mendicidad, malos tratos, desempleo, delincuencia convencional, etc.)
En el modelo neoliberal (capitalista) los fenómenos sociales de marginación no sólo son necesarios a nivel económico (utilización de los marginados o excluidos como mano de obra de reserva, demandantes de empleo, o simplemente a costa de quien viven los incalculables ejércitos de trabajadores sociales, asistentes, orientadores, jueces, etc.) sino que además se intentan funcionalizar ideológicamente, buscando mantener los umbrales de insatisfacción social, controlar aspiraciones e interpretar perversamente los conflictos derivados de la reacción de estos sujetos o grupos “desviados” de la norma común imperante. Así se presentan estos problemas derivados (desempleo, drogadicción, “terrorismo”) como los grandes problemas sociales y políticos por las diferentes estructuras de poder, ocultando los problemas estructurales que los provocan y pretendiendo dotar a los habitantes mas integrados de una explicación fácil y aparente y sobre todo de una concepción inculcada y supuestamente consensuada sobre cuales son los problemas y conflictos sociales.
Por otro lado, estas “corrientes de opinión” prefijadas, son utilizadas como pretexto para, entre otras cosas, justificar y buscar la legitimidad de políticas penales, policiales, de seguridad, etc. lo que en su momento vino a llamarse “tolerancia cero”, con estrategias como la de ”las ventanas rotas”, que consiste en que hasta las mas mínimas infracciones o incluso sospechas deben ser drásticamente perseguidas para evitar que el delito vaya a mas. Después se llevarán a cabo o no según los interés del momento y las circunstancias concretas del lugar (en el Cabanyal por ejemplo se lleva una política totalmente opuesta la de las “ventanas rotas” que se popularizó en Nueva Nork a finales de los 90). Con todas estas medidas, entendidas como la intolerancia a la ebriedad, pequeños hurtos, prostitución, vandalismo, mendicidad, etc. comenzaba la “guerra contra la pobreza”, que pretendía proteger a las clases mas acomodadas y temerosas de la inseguridad ciudadana reinante (y previamente explotada mediáticamente).
La popularización de las soluciones punitivas
Nos encontramos ante una situación compleja y claramente perversa: la seguridad de ciertos grupos se universaliza y se presenta como la seguridad de todo el mundo. A esto ha contribuido sin lugar a dudas la moral ciudadanista, que pretende presionar a través de las leyes e instaurar la figura del ciudadano-policía, amplificada por los medios de comunicación.
Esto nos ha llevado a un panorama desolador donde cada vez más se tipifican como delito todo tipo de conflictos, incluso los de tipo personal e íntimo, llegando a ser “normal” que hijos y padres o parejas sentimentales se denuncien con consecuencias dramáticas al ingresar la gente en prisión o centros de menores. Esto consigue (o quizás es la consecuencia) de que la gente se encuentre aislada, no sepa cómo gestionar los conflictos por si misma y anule todo tipo de solidaridad entre iguales. En esta especie de guerra de todos contra todos, realmente el Estado es el que saca beneficio instaurando todo tipo de medidas encaminadas a joder a la gente: juicios rápidos, endurecimiento progresivo de los códigos penales, tipificación de nuevos delitos, utilización de los informes policiales como única fuente válida en la fase de instrucción, tendencia a la eliminación de las garantías procesales de los acusados…,etc.,etc.,etc.
De igual forma se aseguran intereses económicos al tipificar como delito cualquier intento de buscarse la vida por parte de población con menos recursos, creando estados de alarma que se traducen en ordenanzas cívicas y castigos con penas que criminalizan a un espectro de gente que cada vez es más amplio.
Soluciones de tipo punitivo que conllevan una inversión penitenciaria para compensar la inseguridad urbana que se desprende inevitablemente del mismo sistema que padecemos.
Las políticas de urbanismo son una estrategia más de expulsión de las clases populares a la periferia urbana para sustituir los usos residenciales tradicionales por nuevos usos terciarios así como espacios donde los turistas y los consumidores se sientan más tranquilos y seguros, en un proceso donde la terciarización urbana comportará una sobreinversión en seguridad que la garantice.
Estos planes provocan, como podemos claramente observar en el Cabanyal, una desintegración social y urbana que justificará un posterior “saneamiento” con la expulsión de sus residentes. Fomentan la creación de guetos específicos de marginación y delincuencia y utilizan de esta manera a la gente para fomentar un sentimiento de inseguridad entre la gente que vive en el barrio y cara la opinión pública, para agilizar el proceso de expulsión y sustitución social por otros más solventes y adaptados al proyecto, convirtiendo los valores de la seguridad en uno de los pretextos para la reforma urbana.
Desigualdad social y cárcel
A lo largo de la historia se ha podido demostrar la existencia de una estrecha relación entre exclusión económica y social y reclusión penitenciaria. La gran mayoría de población reclusa proviene pues de sectores de población en una situación de inmensa precariedad. Precariedad en las diferentes etapas de socialización: tanto a nivel primario (familias desestructuradas, fracaso escolar o ausencia de una educación digna…) como a nivel secundario (fragilidad laboral, consumo y tráfico de drogas, problemas familiares…). Hoy en día, ante un humillante y creciente desarrollo de la inestabilidad (laboral y social), y el recrudecimiento de las legislaciones y de las medidas de control social, cada vez somos más los sectores de población vulnerables y en situación de precariedad (trabajadores, estudiantes…). El sistema penitenciario se basa pues a en la desigualdad de clase.
Las principales causas de ingreso en prisión hoy en día, tienen que ver con atentar contra la propiedad privada (robos, hurtos…) y con el consumo y tráfico de drogas. A estos delitos les siguen, aunque en considerable menor proporción, delitos contra la libertad sexual, homicidios, lesiones, falsedades, contra el orden público… Con respecto a los dos primeros más comunes, se constata que el robo suele ser consecuencia directa de una necesidad económica que difícilmente se podría solventar a través de cauces “normalizados” (el trabajo) al no vislumbrarse un horizonte laboral digno. Por otro lado la adicción a las drogas prospera terriblemente en determinados espacios geográficos y sociales donde el tráfico de sustancias es permitido e incluso dirigido, directa o indirectamente, por intereses de las autoridades y el poder.
En definitiva, la realidad carcelaria es el reflejo de la miseria de la desigualdad social. Son condiciones olvidadas, ignoradas y en consecuencia legitimadas por el conjunto de la sociedad.
Los vecinos del Cabanyal, no podemos mantenernos ajenos pues vivimos en un barrio que es caldo de cultivo de este tipo de situaciones. Las autoridades valencianas perpetúan la desigualdad y la degradación social como método de presión intentando crear ruptura y conflicto entre el vecindario del barrio.
La pena privativa de libertad es considerada por la propia legislación como una medida de reinserción social. Sin embargo la realidad es bien diferente: en prisión es evidente la negativa evolución del trabajo, la práctica inexistencia de recursos culturales, deportivos, educativos etc., la desasistencia sanitaria y psiquiátrica (en prisión es sobrecogedor el número de presos con enfermedades terminales o incurables, como SIDA y con problemas de salud mental que jamás serán dignamente tratados), la dificultad de acceso a regímenes abiertos o al tercer grado, el hacinamiento, la violación sistemática de los principales derechos de la persona presa y la cotidiana práctica de medidas “coercitivas”, es decir, de tortura física y psicológica. Todas estos factores, por mencionar tan sólo algunos, y que suponen el maltrato institucionalizado en prisión, impiden la tan mencionada reinserción. Palabra que sólo sirve para llenar la boca de unos pocos políticos a la hora de lavarse la cara ante la miseria legalizada. Así, se han ido propiciando informes demoledores del Defensor del Pueblo, así como acciones y reivindicaciones de asociaciones y colectivos autónomos que intentan visibilizar la injusta situación, tanto de las causas como de las consecuencias de la prisión.
Pero la cárcel constituye algo más que un sistema de opresión, de mantenimiento de la desigualdad y de degradación psicosocial de las personas que pasan por ella. La cárcel es negocio y lo mas terrible, es legitimadora del miedo y por tanto del control social. El sistema penitenciario lleva tiempo pasando por un proceso de “americanización” y privatización convirtiendo las medidas de seguridad en un negocio que, en plena época de individualización y expansión del miedo (al terrorismo, a la disidencia política, a los inmigrantes, a tu propio vecino…), prospera cada vez más. La cárcel es el chantaje social para evitar posibles mecanismos de autodefensa colectiva frente a un sistema socioeconomico capitalista que arrasa cada vez más con la autonomía y la dignidad de las personas.
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