El colectivo avisa del peligro de que el auto siente jurisprudencia. La asociación intentará reunirse en breve con el Ejecutivo foral
La sentencia del Tribunal Supremo que da por válido el acuerdo del Consejo de Ministros que resolvía que no era necesaria la realización de una evaluación de impacto ambiental para llevar a cabo la construcción de la cárcel de Zaballa ha levantado ampollas. De hecho, el auto, que disipa dudas sobre la legalidad de la ejecución del penal en plenos Montes de Vitoria y que garantiza su puesta en marcha, no hace más que sumar reacciones en su contra. Primero, de la mano de la Diputación alavesa, que ya expresó hace unos días su insatisfacción con el fallo y los razonamientos expresados en el mismo. Después, ha sido la asociación en favor de las personas presas Salhaketa la que ha hecho público su desencanto. Éste llegó ayer mismo.
En ese sentido, el colectivo criticó no sólo la sentencia y las circunstancias que la rodean sino también la tibieza de la respuesta del Ejecutivo foral que informó de que, de momento, estaba barajando la posibilidad de recurrir el dictamen.
A juicio del portavoz del grupo, César Manzanos, el gabinete liderado por el diputado general en funciones, el jeltzale Xabier Agirre, “está obligado a hacerlo ante el Tribunal Constitucional y seguir en instancias europeas”. Con este discurso, Salhaketa expresó así su decepción con la Administración provincial, que considera “no ha sido beligerante” en la lucha por defender esta causa.
Por ello, anunció que tratará de reunirse con los representantes de la Diputación alavesa para instarles a que muestren su desacuerdo a nivel judicial. Esperan que dicha cita pueda llevarse a cabo la semana que viene puesto que el plazo legal para interponer el escrito es de tan sólo 20 días hábiles a partir de la notificación de la misma.
Así las cosas, el colectivo de ayuda a los presos ya se ha puesto en contacto con el Departamento de Medio Ambiente este mismo miércoles para trasladarle su interés por mantener un encuentro con el diputado del ramo, Andoni Erkiaga. Además, junto al resto de asociaciones que componen la Plataforma contra la Macrocárcel, redactarán un requerimiento en el que quede plasmado su deseo de que el Ejecutivo foral continúe intentando paralizar las obras y el funcionamiento de la cárcel.
Por otro lado, Salhaketa también criticó el contenido de la sentencia. En primer lugar, la calificó de “profundamente negativa” por varias razones. En primer lugar, destacó el peligro de que el dictamen siente jurisprudencia, ya que nunca antes se había establecido que no fuera necesario llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental para un proyecto de esta envergadura.
Por otro lado, también calificó de “muy preocupante” el hecho de que el fallo del Tribunal Supremo sólo contara con 21 folios cuando se ha tardado 27 meses en darle una resolución y que se haya destituido al único componente del jurado que abogó por la paralización cautelar de los trabajos. “Hay una supeditación por motivos políticos. Estamos asqueados con los partidos hegemónicos que actúan a espaldas de las mayorías sociales”, reivindicó Manzanos.
En cuanto al recurso, afirmó que a pesar de los fallos de forma, la mejor vía de éxito radica una vez más en el fondo. Es por ello que el colectivo asegura que será más fácil obtener resultados satisfactorios en instancias europeas, puesto que la Diputación basó sus argumentos para la petición de la paralización cautelar en el incumplimiento de una normativa medioambiental comunitaria.
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