¿Por Qué Son Posibles Las Torturas Y Los Malos Tratos En Los CIE?

En ocasiones se habla de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) como si fueran una cárcel racista. Otras veces desde el desconocimiento más absoluto se ha dicho que son algo así como centros de acogida. La institución más adecuada para pensar la realidad de los CIE es sin duda el calabozo. La misma indefensión que una persona encuentra en un calabozo está presente los CIE, salvo por dos cuestiones: el internamiento en CIE no responde a una causa penal sino administrativa (la irregularidad formalmente es como una multa de tráfico), los internos pueden estarhasta 60 días privados de libertad. Esto es así desde que en 1985 los legisladores consideraron que sería más progresista encerrar a las personas en centros no penitenciarios, pues aún pesaba en el imaginario colectivo los tribunales de excepción de la dictadura. Desde ese momento ha estado en manos de la administración una medida tan lesiva como la privación de la libertad, sin los controles y contrapesos que se dan en el ámbito penal (aún con sus deficiencias).

Todo el proceso de deportación forzosa recae en manos de la Policía Nacional. Un proceso que va desde la captura de las personas (por ejemplo, mediante polémicas identificaciones basadas en la apariencia étnica y la clase de las personas); pasando por el propio internamiento en un CIE o por un calabozo; hasta la deportación en los vuelos de la vergüenza. Este hecho nos conduce a la trilogía que posibilita malos tratos y la tortura: la arbitrariedad, la opacidad y la impunidad policial.

Estos tres elementos están en el adn de los Centros de Internamiento de Extranjeros y de la propia Ley de Extranjería.
Durante más de 30 años se han dado casos de malos tratos y torturas como las que llevaron al director del CIE de Madrid ante los tribunales; muertes como la de Osamuyien procesos de deportación; abusos de poder y presuntas violaciones, como las del CIE de Málaga y decenas de miles de historias invisibles. Con el reglamento de ley de extranjería (2/2009), un grupo de juristas introdujo la figura del Juez de Control del CIE, que simula el juez de garantías penitenciarias. Y fue gracias a estos jueces que se reconoció el derecho de los internos a ser visitados por organizaciones sociales. A su vez, estas organizaciones sociales son ahora nuestros ojos para saber lo que sucede en los CIEs y denunciar situaciones como las represalias contra los internos que protagonizaron la protesta pacífica el 19 de octubre en el tejado del CIE de Aluche y, como denuncia SOS Racimo, fueron sometidos a malos tratos. Desgraciadamente, con denunciar no basta pues la amenaza de deportación puede terminar con la investigación, como ha pasado en otras ocasiones.

Apenas llegamos a identificar la punta del iceberg de las violencias institucionalesporque lo que se nos muestra más intolerable es sólo un extremo en un continuo de violencias, de las más extremas a las más cotidianas y sutiles: como dejar morir a una persona en una agonía de semanas en un CIE, tras negársele en reiteradas ocasiones la asistencia sanitaria básica, como sucedió con Samba Martine en 2011 en el CIE de Aluche; pasando por negar a una persona su derecho a ir al baño pese a sufrir un cáncer de colón, obligándola a hacer sus necesidades en bolsas hasta que un decreto obligó al CIE a instalar letrinas. Por no mencionar la violencia que se expresa como una burocracia kafkiana donde una persona puede tener que esperar largas colas para realizar un trámite o pasar una noche en el calabozo porque en la Oficina de Extranjería no le dieron cita para renovar los papeles . Todas estas violencias tienen en común que se ejercen contra personas extranjeras irregularizadas, empobrecidas y racializadas.

Tanto las violencias más extremas como las más sutiles se ejercen siempre sobre una categoría de persona que ha sido legalmente conformada como un infra-ciudadano: los sin papeles. Estas personas son sometidas a un régimen de control y privación de derechos específico: millones de personas son identificadas cada año en nuestro país; miles de personas son empujadas a una situación de irregularidad y de privación de derechos básicos; decenas de miles son sometidas a procesos de expulsión; unas diez mil son sometidas a internamientos en CIE, aunque luego el 50% de las personas internadas son puestas en libertad sin resarcir lo más mínimo las consecuencias de esta medida desproporcionada. Un largo proceso sembrado de diversas violencias que termina por generar y reforzar la exclusión social, política y económica de las personas, en un entramado formalmente legal. En la práctica, los Centros de Internamiento son agujeros negros donde las garantías y el Derecho se supeditan a la operativa policial. Unos cuerpos de policía que pueden ejercer toda la violencia que consideren necesaria para vencer las resistencias, sin contar en cambio con mecanismos de control y fiscalización adecuados.

Recordemos que la esclavitud, el apartheid o los campos de la Segunda Guerra Mundial o de la dictadura fueron medidas perfectamente legales. Experiencias tan abominables que parece que nos han dejado ciegos e insensibles para reconocer nuestro problema actual que puede ser identificado en dos extremos: la producción administrativa de irregularidad y los procesos de deportación. El CIE es precisamente el punto intermedio en el que las violencias burocráticas más sutiles (como los procesos de irregularización) se encuentran con las violencias más explícitas de los procesos de deportación. Por esa razón hay torturas y malos tratos en los CIE: porque se ha abandonado a personas desnudadas de los derechos más básicos contra el lado más feroz, armado y violento del Estado. Por esta razón es necesario que no ocurra como en otras ocasiones y que se suspenda la expulsión de los testigos y las víctimas de los presuntos malos tratos. Sabedoras de la falta de justicia en el CIE han decidido iniciar una huelga de hambre indefinida, porque la dignidad no puede ser encerrada en un CIE.

Nuestra sociedad no puede tolerar ni un día más la arbitrariedad, la opacidad y la impunidad en los CIE. Es necesario su cierre de una vez por todas. Para que una vez liberados de estas instituciones de sufrimiento, podamos abrir un proceso social y político para imaginar otros modelos de ciudadanía que no se basen en la exclusión y la expropiación de derechos.

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