Ahora que la cárcel ocupa las primeras páginas de los periódicos a raíz de la derogación de la doctrina Parot, se vuelve a poner de manifiesto la ambigua relación de nuestra sociedad con el sistema penitenciario. La cárcel permanece ausente de todo debate de actualidad, salvo cuando se la invoca para reclamar más mano dura. Este desinterés mayoritario por lo que sucede tras las rejas, salpicado de ataques de populismo punitivo, efectista y vengador, no es nuevo: treinta años de desentendimiento y uso interesado de la alarma social nos contemplan. Pero hubo una época en que las prisiones acapararon la atención de la opinión pública, e incluso se plantearon alternativas al modelo penitenciario que ha acabado imponiéndose.
Tras la muerte de Franco, en sucesivos indultos y amnistías, las cancelas de las prisiones se abrieron para dejar salir a los opositores encarcelados. De esta forma se ponía fin a uno de los ejes fundamentales de la dictadura –la persecución política–, pero en absoluto significaba el final de unas leyes y prácticas caracterizadas por la severidad, la ausencia de garantías y los abusos. Además, todavía quedaban cerca de 10.000 presos por delitos comunes, que sólo fueron afectados por las medidas de gracia de forma muy tangencial, y no estaban dispuestos a ver salir a sus compañeros de reclusión sin reclamar el mismo trato. Ante la perspectiva del inicio de un nuevo régimen de libertades que la Transición anunciaba, los presos comunes –sociales, en el lenguaje de la época– consiguieron dotarse de un discurso y unas reivindicaciones propias que los presentaban como víctimas de la dictadura y, por tanto, con derecho a una oportunidad.
Entre 1976 y 1978 la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL) lideró centenares de motines, plantes, huelgas de hambre y autolesiones colectivas para reclamar la libertad de todos los encarcelados, la reforma del Código Penal y un cambio drástico de las condiciones de reclusión. Muy pocas prisiones salieron indemnes del estallido: de Málaga a Basauri y de Valladolid a Valencia, las galerías se iluminaron por el fuego de las hogueras. Fue tal la importancia que adquirió este movimiento de protesta que sus proclamas llegaron al Senado en forma de Proyecto de Ley de Indulto –rechazado–, primero, y después provocaría la aprobación de la Ley General Penitenciaria, primera Ley Orgánica de la democracia (1979), que pretendía acabar tanto con los agravios de origen franquista denunciados por los presos, como con las mismas protestas. Tras la redacción de un nuevo Reglamento Penitenciario, y diversas reformas penales de la mano del primer gobierno socialista, se cerró definitivamente la puerta a cualquier alternativa a la cárcel como “mal necesario”. Por el camino quedaron propuestas parlamentarias tan audaces como reconocer el derecho de asociación para los reclusos, inaudito hoy en día, o un anteproyecto de Código Penal que preveía un tope de 25 años de estancia máxima en prisión, muy lejos de la cadena perpetua con que amenaza el actual gobierno.
Pero después de la tormenta, no llegó la calma. Los textos legales quedaron lejos de las declaraciones de intenciones, y más aún de la realidad que se vivía en los patios de Carabanchel o la Modelo. La irrupción masiva del consumo de drogas y el aumento imparable del número de encarcelados que ésta provocó –con la inestimable ayuda del discurso de inseguridad ciudadana alentado por determinados medios–, convirtieron las prisiones de los años ochenta en auténticas ollas a presión. La mayoría de los implicados en las luchas de la COPEL se desmovilizaron rápidamente y muchos perecieron víctimas de la heroína, los abusos policiales, o las reyertas entre bandas rivales. Algunos siguen dando tumbos, todavía hoy, por las nuevas prisiones de la democracia.
Tres décadas y media más tarde, hemos podido reconstruir su historia de la mano de los pocos que consiguieron sobrevivir al círculo vicioso de cárcel, marginalidad y delito. Su testimonio, junto a la consulta de fondos documentales hasta ahora inexplorados, como el de la COPEL, conservado en el Centre de Documentació dels Moviments Socials de la La Ciutat Invisible, o los informes inéditos del director de la Modelo, entre otros, ha permitido reseguir los entresijos de una movilización que ha permanecido oculta entre el desconocimiento y el olvido. A la luz de los datos, las protestas de los presos sociales se revelan más complejas y poliédricas de lo que algunos estamentos políticos las presentaron. Y no sólo eso: los métodos termidorianos para acabar con ellas ponen en tela de juicio el discurso de solemnidad y consenso tejido entorno al origen de nuestro sistema penitenciario. La tinta de la Ley Penitenciaria no estaba hecha con los laureles del triunfo de la modernidad humanizadora, sino con el hollín de las prisiones en llamas, y el sudor y la sangre de los presos subidos a los tejados. Conocer cómo se pusieron los cimientos de la prisión actual puede servir de punto de partida para repensar el presente penitenciario, entender su evolución y, tal vez, apostar por un sistema menos cruel de resolver los conflictos sociales; continuar ignorándolo sólo ahondará en la indiferencia abúlica y conformista sobre la suerte de las 70.000 personas que llenan diariamente las prisiones de la democracia.
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