Las noticias de muertes por sobredosis en prisión son constantes. Las personas con problemas de drogodependencias que se encuentran privadas de libertad, también ven limitado de manera importante su derecho a la salud que, en principio, no debería verse afectado por la condena penal.
En España, más de la mitad de las personas privadas de libertad lo están por haber cometido delitos contra la propiedad (robos, hurtos, etc), y en torno al 20% de las mismas, por delitos relacionados con el pequeño tráfico de drogas. Se trata de una delincuencia asociada a la dependencia de drogas ilegales y a situaciones de marginación social. De hecho, entre un 70 y un 80% tienen o han tenido problemas de drogodependencias, casi la mitad sólo cuenta con estudios primarios, el 8% no tiene siquiera estudios primarios y el 56% son trabajadores no cualificados. Se trata claramente de una “criminalización de la pobreza”.
Según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dependiente de la Oficina del Defensor del Pueblo, en 2011 se produjeron 203 fallecimientos en las cárceles españolas, muchas de ellas por sobredosis o adulteraciones de drogas procedentes del mercado negro. Aunque en el Estado español las muertes por sobredosis en prisión se habían visto reducidas por la implantación de programas de reducción del daño y de sustitutivos de opiáceos, en los últimos tiempos las ONG estamos percibiendo un aumento que creemos es debido al importante hacinamiento –de los más elevados de Europa-, a la alta concentración de personas con consumos problemáticos de drogas y a la insuficiencia de recursos especializados para atenderlas.
En algunos casos la sobredosis o adulteración no produce la muerte, pero sí deja graves secuelas, como el caso de A. O. J., un joven Gaditano que con 21 años se quedó tetrapléjico y a quien nadie ha indemnizado a pesar de que cuando le ocurrió todo presentaba además una grave enfermedad mental. Ningún Tribunal le ha reconocido su derecho ser indemnizado por la administración penitenciaria, cuya protección tenía encomendada. Peor fue lo ocurrido a otro joven en una prisión sevillana, que fue abandonado en su celda hasta su muerte con claros signos de sobredosis, a pesar de las llamadas de socorro del resto de presos. Tampoco en este caso la administración reconoce su responsabilidad ni los tribunales españoles amparan a la familia del fallecido.
La sociedad y las autoridades siguen dando la espalda a una situación que debería evitarse, respondiendo principalmente con medidas represivas y responsabilizando de manera exclusiva a personas presas y familiares de dicha situación, lo que les supone una doble estigmatización.
La mayoría de la población reclusa procede de entornos marginales y han cometido pequeños delitos a causa de drogodependencia y también por ello muchas son reincidentes. En torno al 70% de las personas presas tienen o han tenido problemas de drogodependencias y sufren enfermedades graves asociadas como VIH-SIDA, Tuberculosis o Hepatitis C, en porcentajes muy superiores a los referidos a las personas libres.
En relación a las personas condenadas según el Código Penal actual, el 43’17% cumple condena por delitos contra el patrimonio (robos y hurtos), mientras que el 27’72% lo hace por delitos contra la salud pública (fundamentalmente, “menudeo” de drogas). Su perfil es de escasa peligrosidad., a pesar de lo cual la Justicia les tiene destinadas penas desproporcionadas, comparadas con los grandes defraudadores que ponen en peligro a todo un Estado, cuya única respuesta en muchos casos es la impunidad. Así, es muy frecuente que las personas con problemas de drogodependencias sean sentenciadas a condenas largas, lo que les impide el acceso a determinadas medidas alternativas a la prisión como la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. De la misma manera, el hecho de cometer varios pequeños delitos continuados las convierte en reincidentes, lo que puede agravarles aun más la condena recibida y/o convertirse en un obstáculo para acceder a medidas alternativas a la prisión.
La prisión no es un espacio en el que se pueda realizar un tratamiento terapéutico adecuado, sino que, al contrario, empeora la situación de las personas con problemas de drogas hasta llegar a extremos dramáticos como el de las muertes en prisión.
Las prisiones están concebidas para la custodia y no para atender problemas de adicciones o de salud, por ello no cuentan con el personal suficiente para que las personas con problemas de drogodependencia reciban el tratamiento que necesitan.
Es una realidad demostrada y asumida incluso por Instituciones Penitenciarias, que la prisión ha no es la solución a los problemas sociales de drogodependencias y exclusión social. Día tras día, la experiencia muestra cómo el cumplimiento en recursos y programas de tratamiento, reducción del daño y acompañamiento, realmente terapéuticos, son el camino eficaz para avanzar hacia la incorporación social de estas personas y evitar la comisión de futuros delitos. Por lo tanto, es necesaria una mayor aplicación de las medidas alternativas a la prisión, con el consecuente incremento o, al menos, mantenimiento de los recursos externos dirigidos a esta problemática, cuya pervivencia se está viendo atacada por la agresiva política de recortes sociales.
Pedro Quesada. Federación Andaluza ENLACE
Sé el primero en comentar