La Industria De La Libertad Condicional En EE UU

Cada año, los tribunales de Estados Unidos sentencian a cientos de miles de delincuentes acusados de delitos menores a una libertad condicional supervisada por compañías privadas que cobran sus tarifas directamente a los presos en libertad condicional. A menudo, las personas con menos recursos acaban pagando a largo plazo cargos económicos mayores, en lo que constituye una multa discriminatoria. Y cuando no son capaces de pagar, las compañías pueden gestionar su arresto.

En un informe de 72 páginas, “Profiting from Probation: America’s ‘Offender-Funded’ Probation Industry”  (“La libertad condicional de lucro: La industria de la libertad condicional financiada por los delincuentes”), describe cómo más de 1.000 tribunales en varios estados de EE.UU. delegan un poder coercitivo tremendo a compañías que a menudo no están sujetas a una supervisión ni regulación significativa. En muchos casos, la única razón por la que las personas son puestas en libertad condicional es porque necesitan tiempo para pagar multas y costos legales ligados a delitos menores. En algunos de estos casos, las empresas de libertad condicional actúan más como abusivos cobradores de deuda que como agentes de la ley, cobrando a los deudores por sus servicios.

“Muchas de las personas supervisadas por estas empresas ni siquiera estarían en libertad condicional para empezar si tuvieran más dinero”, señaló Chris Albin-Lackey, investigador principal de temas de negocios y derechos humanos de Human Rights Watch. “A menudo, la gente más pobre es la que acaba pagando más en tarifas a estas compañías y la que tiene mayores probabilidades de acabar en la cárcel”.

Las empresas se niegan a revelar cuánto dinero recaudan con las tarifas que cobran a estos delincuentes bajo supervisión. Sorprendentemente, los tribunales que las contratan tampoco suelen exigir esta información. Human Rights Watch calcula que, sólo en el estado de Georgia, la industria recopila un mínimo de US$40 millones en tarifas cada año de estos deudores. En otros estados, los requisitos de transparencia son tan mínimos que no es siquiera posible aventurar un estimado de cuánto dinero están acumulando estas compañías por pagos de delincuentes en libertad condicional.

Investigaciones de Human Rights Watch en Georgia, Misisipi y Alabama revelaron numerosos casos atroces que ilustran los abusos relacionados a la subcontratación de la supervisión de la libertad condicional tal como se lleva a cabo actualmente:

·      En Augusta, Georgia, un hombre que se declaró culpable por robar una lata de cerveza de US$2 y que fue condenado a pagar una multa de US$200 acabó siendo encarcelado por no pagar más de US$1.000 en tarifas a su empresa supervisora de libertad condicional. En el momento de los hechos, era indigente y vendía su plasma sanguíneo dos veces a la semana para conseguir dinero.

·      En otra ciudad de Georgia, una agente de una compañía de libertad condicional dijo que solicita rutinariamente el arresto de deudores que no realizan sus pagos y luego negocia con sus familias por el dinero a cambio de la puesta en libertad de la persona.

·      En el estado de Alabama, la ciudad de Hapersville cerró toda la corte municipal después de que un juez acusara a la municipalidad y su empresa supervisora de libertad condicional de operar lo que denominó un “fraude de extorsión aprobado por el sistema judicial”.

·      En Greenwood, una ciudad empobrecida ubicada sobre el Delta del Misisipi de unos 15.000 habitantes, había unas 1.200 personas (hasta agosto de 2013) en libertad condicional que estaban siendo supervisada por la firma privada Judicial Corrections Services. Muchas eran culpables apenas de violaciones de tráfico. El juez municipal de la ciudad comentó a Human Rights Watch que “tal vez uno o dos” de ellos tenían órdenes de arresto. La cifra real se aproximaba a 300.

Estos casos no son meras aberraciones. No todos los agentes de libertad condicional de empresas privadas se comportan de forma poco ética, pero todos están sujetos a perversos incentivos financieros que alientan el trato abusivo. Y los tribunales que consideran las compañías de libertad condicional como una forma sencilla de incrementar las arcas públicas cuentan con preocupantes incentivos para no plantear preguntas difíciles sobre las tácticas que emplean estas empresas.

Las compañías de libertad condicional operan sobre una base “financiada por los delincuentes” que resulta económicamente atractiva para muchos tribunales y gobiernos locales. Su oferta consiste en proveer servicios para la supervisión de la libertad condicional de delincuentes de delitos menores sin ningún costo para los contribuyentes. En su lugar, sus contratos estipulan que los jueces deben instruir a los sentenciados a pagarles directamente a ellos varias tarifas como condición para su sentencia de libertad condicional. Las ganancias de muchas de estas compañías dependen exclusivamente de su capacidad para recaudar ese dinero de los presos en libertad condicional. 

En el caso Bearden vs. Georgia, el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó que una persona bajo libertad condicional no puede ser encarcelada simplemente porque no pueda pagar una multa penal. Pero muchas cortes delegan la responsabilidad de determinar si un delincuente en libertad condicional puede permitirse pagar las multas y las tarifas de supervisión que cobran las empresas. Esto representa un claro conflicto de intereses porque las ganancias de la empresa, así como las bonificaciones trimestrales de algunos agentes de estas compañías, dependen totalmente de su capacidad para recaudar estos pagos.

“Las compañías de supervisión de libertad condicional tienen una participación financiera en cada uno de los casos que gestionan”, apunta Albin-Lackey. “Sus empleados son las últimas personas a quienes debería de confiársele la determinación de si un delincuente en libertad condicional puede pagar o no las tarifas de la compañía”.

En algunos casos, los tribunales sentencian a los delincuentes a libertad condicional porque creen que necesitan ser supervisados y monitoreados. Pero en muchos otros casos, las personas son sentenciadas a libertad condicional solamente porque las cortes pueden encargarle a compañías independientes la supervisión de los esfuerzos de un infractor de pagar con el tiempo sus multas y costos legales. Estos delincuentes ni siquiera deberían estar bajo libertad condicional si pudieran costear el pago inmediato y completo de estos costos en el momento de su sentencia.

Muchas personas son culpables sólo de violaciones de tráfico menores como conducir sin prueba de seguro o sin cinturón de seguridad. Si bien estas violaciones no conllevan un riesgo real de pena de cárcel por sí mismas, un delincuente en libertad condicional que no es capaz de mantenerse al día con sus pagos de su multa, costos legales y tarifas de supervisión de la compañía de libertad condicional pueden acabar en prisión.

“Las cortes sentencian todos los años a varios cientos de miles de personas a libertad condicional supervisada por compañías privadas pero casi ninguna hace apenas nada para prevenir prácticas abusivas”, señaló Albin Lackey. “Perversamente, algunos de los condados más pobres de Estados Unidos representan oportunidades de negocio de oro para la industria precisamente porque tantos residentes pasan apuros para pagar sus multas”.

Human Rights Watch

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