La Atención Sanitaria Especializada En Centros Penitenciarios Está En peligro

La más inhumana, injusta, inasumible y dramática de las claves de la crisis económica que estamos padeciendo en estos últimos años, es la escandalosa desproporción que existe de sus consecuencias entre los distintos sectores sociales. Mientras a los más vulnerables (discapacitados, dependientes, tercera edad, parados, etc) los está literalmente hundiendo, las élites no sólo no la están acusando sino que aumentan sus ganancias, sus prebendas y sus privilegios. Esta es una cuestión fundamental para defender un modelo de desarrollo socio-económico y, como consecuencia, apoyar con nuestro voto las diferentes opciones políticas.

La noticia a la que nos vamos a referir está en este contexto. Las personas que están internadas en centros penitenciarios pueden tener problemas con el acceso a la atención sanitaria especializada y son ciudadanos vulnerables. La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía suspende el plan de atención a los presos por impago del Gobierno Central (Ministerio del Interior) de los servicios prestados durante el año 2012, en base al convenio firmado desde 1995 entre ambas instituciones para coordinar la atención especializada.

El punto de partida es el siguiente. Los centros penitenciarios disponen de servicios sanitarios que desarrollan la función de Atención Primaria. Los traslados a los centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud para recibir atención especializada son complicados porque dependen de la disponibilidad de citación en consultas externas y de las posibilidades horarias de la Guardia Civil ó de la Policía Nacional, responsables de la custodia en dichos traslados. Estos hechos condicionaban la pérdida de un número importante de consultas que han sido habitualmente denunciados por la Asociación Pro Derechos Humanos y que en términos generales suponen alrededor del 20% de las mismas. Incluso existen sentencias judiciales que ponían en tela de juicio la cobertura del derecho a esa asistencia debido a la impotencia del paciente judicial que pierde estas citas sin que pueda hacer nada por evitarlo. Además, las condiciones en que se realizaban esas consultas no eran idóneas por compartir el mismo espacio y tiempo que la población general.

La aparición de las Unidades de Gestión Clínica en los Servicios de Salud en Andalucía posibilitó cambios en esa dinámica que, según nuestro juicio, han mejorado notablemente esta situación. Entre los objetivos concretos de esas unidades, figuraba la atención especializada mediante consultas en los propios centros penitenciarios a los que se desplazaban los distintos especialistas. Esta estrategia disminuye notablemente la necesidad de traslados innecesarios a los hospitales, además de que los propios internos perciben una atención más directa, profesionalizada y personalizada. Las relaciones entre los trabajadores y las instituciones mejoran de forma destacada.

Pues bien, el enfrentamiento entre las organizaciones políticas, que priorizan el desgaste del contrario a las necesidades reales de los ciudadanos, tienen una nueva expresión con esta nueva decisión. La voluntad de provocar el bloqueo político y la asfixia económica por parte del gobierno central a la comunidad autónoma andaluza es evidente. Pruebas de ello son la impugnación de la subasta de medicamentos que pretende llevar a cabo la Consejería de Salud y Bienestar Social lo que supondría el ahorro de alrededor de doscientos millones de euros y este nuevo impago de los servicios prestados a pacientes de origen penitenciario.

Como en el caso de la atención a inmigrantes no regularizados, proponemos la insumisión como respuesta a las normativas injustas y aberrantes desde el punto de vista humano y sanitario. Los pacientes de los centros penitenciarios seguirán siendo asistidos en las mejores condiciones posibles. Esperamos que la Junta de Andalucía así lo permita.

Antonio Vergara de Campos de la  Asociación para la Defensa de la Sanidad-Andalucía