El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este lunes mantener la orden judicial que obliga al estado de California a reducir en 40.000 personas la población de sus cárceles a lo largo de dos años para solucionar los problemas derivados de una atención médica y psicológica deficiente.
Por cinco votos a favor y cuatro en contra, los jueces han rechazado la apelación que había presentado el estado de California y han mantenido una orden de un tribunal federal de menor instancia. La limitación de la población carcelaria es necesaria para poner remedio a la violación de los derechos constitucionales de los presos, según el juez del Supremo Anthony Kennedy, que votó a favor de dicha orden.
Las 33 prisiones para adultos de California fueron construidas para albergar a unos 80.000 presos, pero actualmente hay unos 145.000. Con 40.000 reclusos menos, se llegará a un nivel razonable, según los magistrados.
El fallo del tribunal federal fue la respuesta a dos demandas colectivas presentadas en 1990 y 2001 por un grupo de presos que denunciaron la falta de atención médica y psicológica en el saturado sistema penitenciario.
Kennedy ha dicho en un texto de 48 páginas que el tribunal federal debe mostrarse abierto a posibles modificaciones de la orden, pero ha subrayado que considera válida la premisa fundamental que justifica la reducción del número de reclusos.
En su opinión, «la atención médica y psicológica ofrecida por las cárceles de California se sitúa por debajo del nivel de la decencia» que exige la Constitución estadounidense. Los jueces más conservadores del Supremo no están de acuerdo con él, y uno de ellos, Antonin Scalia, considera que el Supremo ha mantenido «la que posiblemente es la orden más radical emitida por un tribunal en la historia del país».
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