La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asamblea de familiares de personas presas inician una campaña para demandar trasporte público a las prisiones y denunciar el desmantelamiento de los servicios públicos para los sectores más desfavorecidos.
El próximo lunes 5 de marzo a las 19.00h, la APDHA y la Asamblea de familiares de personas presas nos concentraremos en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla (Plaza Nueva) para denunciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta realidad, y sumar apoyos para esa iniciativa.
La política de las administraciones se basa en el alejamiento de los centros penitenciarios de los núcleos urbanos. Esto provoca la necesidad de un medio de transporte para poder visitar a las personas presas.
La realidad es que hay algunas prisiones a las que no llega ningún servicio público de transporte. Las personas con pocos recursos que tienen familiares en prisiones como las de Alcalá de Guadaira, el CIS de Sevilla o Sevilla I deben abonar cantidades inasumibles en taxis (entre 60 y 100 euros) para poder visitar a sus familiares porque no existe otra manera de llegar. Y en otros casos, como en Sevilla II (Morón de la Frontera), el servicio a la prisión es tan escaso y descoordinado que no puede ser utilizado por los familiares.
Las familias con menos recursos económicos no pueden visitar a sus familiares presos o lo hacen de manera muy esporádica. Esta situación provoca no solamente grandes quebrantos en las precarias economías sino un sufrimiento añadido por la falta de relación con el familiar preso. Se produce una ruptura de relaciones familiares y además dificulta la reinserción de la persona presa, la aísla de su entorno, de sus hijos y familias y la convierte en una extraña que tendrá mucho más difícil integrarse en la sociedad a su puesta en libertad.
El pasado 15 de junio de 2010 el Parlamento Andaluz aprobó una Proposición No de Ley exigiendo al Gobierno Andaluz la resolución de esta problemática. Desde entonces la situación solo ha empeorado e incluso se han eliminado las escasas líneas de trasporte existentes en algunas prisiones.
En Andalucía, según la ley 2/2003, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y los Ayuntamientos deben facilitar el uso del transporte público, y especialmente para las personas con menos recursos, así como promover la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos en Andalucía en condiciones idóneas de equidad social.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asamblea de familiares de personas presas exigimos a los Ayuntamientos y Junta de Andalucía un trasporte público y eficaz a las prisiones.
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