La tasa de crímenes se ha reducido un tercio en Colorado en los últimos 10 años, lo que ha provocado que desde 2009 este estado de Estados Unidos haya cerrado cinco de sus cárceles; pero paradójicamente las prisiones privadas están cada vez más llenas. El motivo es que disponen de una cuota mínima de ocupación acordada con el Gobierno estatal, que, con tal de garantizarla, se vio obligado hace unos meses a trasladar a 3.330 reclusos de las instalaciones públicas, que tenían camas vacías, a las privadas. El de Colorado no es, sin embargo, un caso aislado. Se repite en otras zonas del país y revela los entresijos detrás del auge de la privatización carcelaria en EE UU, así como la perversa disputa entre el interés público de rehabilitar a los presos y reducir la población carcelaria, y el objetivo inherente a toda empresa de maximizar sus beneficios.
Según un informe de In the Public Interest (ITPI), una entidad civil con sede en Washington, de 62 contratos de prisiones privadas analizados a lo largo de EE UU, un 65% disponen de algún tipo de garantía mínima de número de reclusos o penalización por camas vacías. La lógica detrás de estas exigencias es que, como cobran por cada preso (entre 40 y 60 dólares al día), los operadores privados se puedan garantizar un determinado nivel estable de ingresos para gestionar la cárcel y recuperar el coste de su construcción. La base mínima más habitual es del 90%, aunque en algunos casos puede llegar al 100%. Por ejemplo, según el documento, tres instalaciones en Arizona disponen de esta salvaguarda, aunque desde el Departamento Penitenciario de Arizona (ADC, por sus siglas en inglés) lo niegan y aseguran que ronda el 90%.
Sea como sea, el estado se ve obligado a garantizar un número mínimo de prisioneros, suban o bajen los delitos, lo que la ADC considera un requerimiento empresarial comprensible y beneficioso. “Para el contribuyente, si no hubiese una cuota y la ocupación fluctuase de forma variable, el operador privado cobraría una tasa diaria mucho más elevada para asegurarse que recupera su inversión”, apunta el portavoz Doug Nick. “Este tipo de garantías mantienen el coste relativamente estable y predecible”, añade en conversación telefónica.
¿Pero qué pasa si la tasa de crímenes se reduce, como en Colorado, y cada vez entran menos presos a las cárceles? “Nunca hemos tenido problemas para llenar las camas, ni hemos perdido población carcelaria. De hecho, lleva décadas creciendo”, replica con total seguridad de que la situación no variará. En Arizona hay prisiones privadas desde hace dos décadas. Actualmente, de las 14 instalaciones del estado, cuatro son de propiedad y gestión empresarial; y hay otras seis privadas que solo acogen presos de los estados colindantes. Según el convenio de concesión, las autoridades de Arizona pasarán a controlar las cuatro cárceles al cabo de 20 años de su apertura, lo que la ADC también ensalza como un beneficio para el contribuyente.
En el conjunto de EE UU, en 2010 un 8% de los presos estaban en cárceles privadas, según los últimos datos disponibles. Se trata de alrededor de 128.000 reclusos sobre una población total de 1,6 millones. Actualmente, según las estimaciones de Carl Takei, abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU), la proporción podría rondar el 12% en las instalaciones federales y un poco menos en las estatales. Además, en el caso de los centros de detención de inmigrantes, podría suponer hasta el 50%.
La privatización de las cárceles no ha cesado de crecer desde los años 80, cuando nació el primer operador, pero ha sido en la última década cuando se ha disparado con vigor. Entre 1999 y 2010, el número de reclusos en prisiones privadas aumentó un 80%, muy por encima del 18% que registró el conjunto de la población carcelaria, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Takei tiene muy claras las causas de este fenómeno: “EE UU vive una epidemia de encarcelación masiva. Entre 1970 y 2010, la cifra de presos creció un 700% y eso ha impulsado a las compañías privadas”, esgrime. Así, no sorprenderá que, mientras desde los 90 cada vez han habido más reclusos, en paralelo se hayan extendido las prisiones privadas. Además, en los últimos años las compañías se han beneficiado del efecto de la crisis económica al ofrecer costes supuestamente más bajos que los del sector público a unos gobiernos cada vez con más necesidad de ahorrar
Sin embargo, el documento del ITPI considera “ilusorio” pensar que las cuotas mínimas de ocupación de las cárceles acaben beneficiando a los contribuyentes. La entidad asegura que, por ejemplo, en Arizona las prisiones privadas han acabado costando 33 céntimos más al día por recluso que las públicas, mientras que en Colorado el traslado de los 3.330 presos para cumplir la base mínima ha acarreado una factura de dos millones de dólares.
Un extremo que niegan desde la principal empresa del sector, Corrections Corporation of America (CCA). “Proveemos ahorro a los contribuyentes, instalaciones seguras, reducción de la reincidencia y una importante flexibilidad en los contratos con los gobiernos”, afirma un portavoz en una respuesta por correo electrónico. Subraya, además, que solo la mitad de sus contratos tienen cuotas mínimas de ocupación, que éstas no son rígidas y que se establecen para garantizar los “costes fijos” de la construcción y gestión de las cárceles.
Como es previsible el auge privatizador ha engrosado las cuentas de resultados de CCA y del otro gigante del sector, Geo Group. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2013 CCA registró un beneficio neto de 51,8 millones de dólares en comparación con los 42,3 millones del mismo periodo del año anterior. Ambos grupos cotizan en bolsa y su elevada rentabilidad ha atraído a grandes entidades financieras y bancos a invertir en ellas, según explica el activista Takei. En sus informes públicos, las compañías admiten que el aumento de la población carcelaria repercute positivamente en sus resultados, y que, en cambio, pueden suponer riesgos para sus negocios que se relajen los procedimientos de detención de inmigrantes y las leyes que rigen la duración de las penas.
En este sentido, según el informe de In the Public Interest, tanto CCA como Geo Group hacen intensamente lobby para tratar de que endurezcan las leyes con el objetivo último de aumentar —o como mínimo mantener— la población carcelaria. La primera destinó 17,4 millones de dólares en influenciar a políticos entre 2002 y 2012, mientras que la segunda gastó bastante menos (2,5 millones) entre 2004 y 2012, según datos del Center for Responsive Politics, una entidad civil. En paralelo, también hicieron generosas donaciones a las campañas de líderes políticos clave: entre 2003 y 2012, CCA destinó 1,9 millones, mientras que Geo Group 2,9 millones.
“Mantienen relaciones muy desarrolladas con las autoridades políticas para tratar de obtener más contratos”, apunta, por su parte, Shar Habibi, directora del departamento de investigación de ITPI. Y, en paralelo, en busca del mayor beneficio empresarial, ambas compañías intentan reducir al máximo los “costes operativos” de sus prisiones para convertir en ganancia las aportaciones que reciben de los gobiernos. Esto se traduce, critica, en tener el personal estrictamente necesario o ahorrar en mantenimiento de las instalaciones, seguridad y sueldos, lo que suele derivar en contratar a trabajadores sin la cualificación necesaria. Y todo ello puede generar un cóctel explosivo que, en algunos casos, ha desencadenado en malos tratos a los presos, un aumento de la conflictividad o incluso en fugas de reclusos.
Habibi asegura que, en general, los estados mantienen una severa supervisión de las condiciones de las prisiones privadas, pero que, cuando ésta se relaja o deja de ser regular, los operadores privados tienden a tratar de gestionar las cárceles “por debajo de los estándares” con tal de rebajar aún más sus costes. Y en algunos casos la situación se les acaba yendo de las manos, como acaba de pasar en una prisión de CCA en el estado de Idaho. A principios de enero, las autoridades anunciaron que iban a retirarle la concesión después de múltiples denuncias de violencia y negligencias de los trabajadores. CCA reconoció el año pasado que falsificó los informes que proporcionó al Gobierno sobre la jornada laboral de sus empleados al notificar que estaban trabajando en momentos en que en realidad sus puestos estaban completamente vacantes. No se trata de un episodio aislado, pues el informe del ITPI incluye ejemplos muy parecidos en otras cárceles del país. Y en casos como el de Idaho el rescate público acaba disparando el presupuesto de gestión de la prisión y son los contribuyentes los que pagan los platos rotos. Es el lado oscuro del auge de la privatización carcelaria en EE UU.
Fuente: El País Internacional
Sé el primero en comentar