Según José Ángel Biel la atención sanitaria a las personas presas funciona «muy bien». No le importa que haya más de 19.000 personas según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cumpliendo condena de prisión con «uno o varios diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica» y cuyas patologías se van a agravar por el encierro según los especialistas, van a ser tratadas a base de psicofármacos con recomendación institucional de «uso compasivo» de los mismos y sin el seguimiento debido.
Tampoco parece considerar las muertes por insuficiencias en la atención médica dentro de la cárcel de Zuera, en un contexto de alrededor de 260 personas muertas dentro de prisión al año en España, o la falta de coordinación entre el servicio aragonés de salud y los servicios médicos penitenciarios, ni la indefensión que se produce ante una urgencia cuando el caso que se produce dentro de la cárcel es evaluado por el/la funcionari@ de turno, quien decidirá si avisa o no a enfermería, desde donde se decidirá a su vez por teléfono y sin hablar con la persona enferma si se le atiende o no (con lo que se puede demorar la respuesta semanas hasta cuando toque consulta con el médico).
Ni las carreras que se forman por ejemplo en el módulo de mujeres de Zuera para llegar entre las 25 que tienen derecho a consulta médica, cada 15 días, o también en el mismo módulo 13 la escasez de atención ginecológica, cada 15 días para un número muy reducido de mujeres de entre las 120 presas que de media cumplen en ese módulo, o que una vez se ha conseguido acceder a la consulta la mayoría de las veces se salga de ella sin haber sido examinad@ y con un ibuprofeno como presunto remedio universal, ni la pérdida de citas con el especialista en el hospital en función de la disponibilidad de conducción policial, que afecta por ejemplo a seguimientos de presas embarazadas, o las personas que en estado de VIH avanzado y afecciones críticas a la salud siguen cumpliendo en régimen ordinario sin acceder a la excarcelación por enfermedad grave o incurable por interpretarse este derecho de manera muy restrictiva, ni la frecuente falta de información sobre cómo tomar un tratamiento o incluso sobre el propio diagnóstico, o lo incompatible del régimen de vida del encierro con la adherencia a según qué tratamientos. Por poner algún ejemplo.
Así, en una reciente comparecencia parlamentaria el Vicepresidente del Gobierno de Aragón rechazó que la DGA asuma las competencias en materia de sanidad penitenciaria, a pesar de que este traspaso sea una reivindicación unánime de los mismos médicos de prisiones a través de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, una exigencia de mínimos de los colectivos de apoyo a pres@s, y una obligación legal desde hace 7 años.
Para hacer explícito este rechazo José Ángel Biel abandonó la actitud anterior de mirar hacia otro lado y fue al fondo del asunto sacando pecho para decir que económicamente no interesa, y que además la atención sanitaria a las personas presas funciona muy bien.
Sin dudar de los esfuerzos individuales de algunos profesionales médicos, resulta aún menos dudoso que la atención sanitaria de quienes cumplen condena de prisión está bajo mínimos, que la posibilidad de paliar estas deficiencias está muy por encima de voluntades y esfuerzos particulares, y que la opción política de no tratar siquiera de aliviar este panorama da una idea inequívoca de los caciques que la toman.
N. R., Y. F., M. D. D., S. S., G. S., D. P. y L. S., pres@s en la cárcel de Zuera y Pablo Jiménez Franco, miembro de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Pres@s en Aragón (ASAPA).
En Zaragoza, a 18 de noviembre de 2010.
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