La Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se ha concentrado esta mañana a las puertas de los Juzgados de Prado de San Sebastián para denunciar las numerosas muertes que tienen lugar dentro de las cárceles andaluzas y exigir responsabilidades a Instituciones Penitenciarias, responsable de velar por la seguridad de los presos.
Durante la mañana ha tenido lugar la declaración de varios testigos en el juicio por la muerte del joven José Manuel Jurado García, que falleció el pasado mes de noviembre en el centro penitenciario de Sevilla I, tres meses después de su entrada en esta prisión. Por este motivo, la APDHA ha mostrado su apoyo y, junto a la madre del fallecido, Dolores García Jiménez, se ha concentrado a las puertas de los juzgados para exigir que se esclarezcan las causas de esta muerte.
José Manuel Jurado García tenía 25 años cuando ingresó en Sevilla I por la comisión de varios delitos relacionados con su drogodependencia y un cuadro médico de “trastorno de personalidad por abuso de sustancias psicoactivas. Al entrar en prisión fue incluido en el Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS). Al fallecer no estaba incluido en dicho Protocolo ni estaba incluido en el programa de metadona ni recibía tratamiento alguno por su drogodependencia.
José Manuel Jurado García tenía 25 años cuando en noviembre del pasado año ingresaba en prisión por primera vez y sólo tres meses después moría en Sevilla I. Todavía se desconocen las causas exactas de su muerte y su madre, Dolores García Jiménez, exige una explicación.
Desgraciadamente, casos como este ocurren con abrumadora frecuencia en las prisiones del país cada año. Actualmente –datos de marzo de 2013- hay 68.890 internos en las cárceles españolas, lo que supone 54.905 presos drogodependientes; y en Andalucía esa cifra se sitúa en 12.586, de un total de 15.792 presos.
Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cada año mueren unos 200 internos en las cárceles españolas. Aproximadamente, 80% de los presos son drogodependientes. La estadística pone de manifiesto que las muertes por sobredosis suponen el 22,3% del total de fallecidos, y que las muertes por suicidio se elevan al 11,3% de los casos. Teniendo en cuenta la gran relación existente entre muertes por sobredosis y conductas suicidas, resulta sobrecogedor el elevado índice de fallecidos por ambos conceptos.
De los diferentes tipos de tratamientos existentes para la rehabilitación de la drogodependencia, en el interior de las prisiones podríamos decir que solo se desarrolla el de dispensación de metadona, que no deja de ser una droga, y el resto de tratamientos de deshabituación son prácticamente anecdóticos.
Por ejemplo en Sevilla I, que cuenta con 1.700 personas presas y alrededor de 1.360 con problemas de drogodependencias, durante el año 2012, la atención en prisión por este motivo no alcanzó ni al 50% de los enfermos (680 internos). La media mensual de asistencia en los dos módulos terapéuticos existentes fue de 40 personas y solamente se derivaron para cumplir la condena a una comunidad terapéutica a 38 presos.
A todo ello hay que añadirle que la coordinación existente entre los servicios médicos de las prisiones con los servicios de salud del Servicio Andaluz de Salud es muy escasa desde que se suspendió el convenio de coordinación en esta materia por parte del Ministerio del Interior el pasado año. Los especialistas han dejado de acudir a las prisiones. Los recortes están provocando que el Ministerio del Interior ponga ‘cupos’ para la prescripción de fármacos que le resultan caros y coloca a los enfermos en lista de espera para ser tratados según la disponibilidad presupuestaria. Se están eliminando las guardias de 24 horas del servicio médico y desde el 1 de enero algunas prisiones prescinden de los facultativos por las tardes. Es evidente que estas situaciones retrasan la asistencia médica de urgencia a las personas presas.
Lamentablemente, la total permisividad de drogas en el interior de las cárceles, responsabilidad de Instituciones Penitenciarias, pone de manifiesto la alarmante situación que provoca cientos de muertes al año e impide la reinserción de los internos.
Exigimos que todas las personas drogodependientes cumplan sus condenas en centros adecuados de rehabilitación y no en las prisiones, y con contundencia la responsabilidad de la administración teniendo en cuenta el absoluto y completo fracaso de la prisión como media resocializadora de las personas presas, pudiendo afirmarse que la finalidad que juega la cárcel actualmente no es otra que contribuir a la destrucción psíquica y física de las personas que la padecen.
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