La prolongada huelga de hambre de Emilio Sánchez del Peso, iniciada en el mes de agosto en la cárcel de A Lama en protesta por las reiteradas vulneraciones de derechos que padecen las personas presas en el penal, provocó la reacción de varias diputadas en el Parlamento Gallego y el Congreso español, que se interesaron por el estado de salud del interno y el fundamento de sus reclamaciones.
Carmen Acuña y Montse Prado (diputadas del Grupo Socialista y BNG respectivamente) realizaron varias llamadas al director de la cárcel para informarse sobre la situación y pudieron saber −a través de otros funcionarios pues el director no respondió a llamada− que E.S. estaba siendo atendido ya después de interrumpir la huelga de hambre debido al delicado estado de su salud.
Consuelo Martínez, diputada del Grupo AGE, solicitó a la dirección del centro poder visitar al interno pero la petición fue denegada. Posteriormente cursó solicitud a la Subsecretaria General de Relaciones Insititucionales y Coordinación Territorial, organismo que igualmente denegó la entrevista e indicó a la diputada que la visita deberia ser solicitada por el propio preso.
Por su parte, Rosana Pérez Fernández (diputada en el Congreso por el BNG) registró el día 10 de octubre una pergunta para la cual solicita respuesta por escrito relativa la atención y el respecto a los derechos humanos de las personas que cumplen condena los centros penitenciarios del estado español. En el escrito dirigido a la Mesa del Congreso se hace referencia explícita a la situación de E.S. y a las denuncias de diversos colectivos que velan por la salvaguarda de los derechos de las personas presas.