Dedicamos, en general, el programa a las muertes de personas encarceladas y a los mecanismos político-sociales que aseguran la impunidad de los responsables y, especialmente, a la contra-denuncia del aparato punitivo que han sufrido dos personas solidarias por denunciar la muerte de Shanna Cadiri en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) en octubre de 2023, y a la convocatoria a concentrarse el 1 de abril ante el edificio del juzgado, en Ávila, en apoyo de las imputadas, citadas a declarar allí en esa fecha. Repasamos los últimos casos conocidos de muertes y torturas y nos hacemos eco de algunas otras convocatorias recientes o próximas.
Categoría: <span>La cárcel mata</span>
Retransmitimos desde la manifestación frente a la cárcel de mujeres de Wad Ras, en Barcelona, en el séptimo aniversario de la muerte de Claudia Ximena Rodríguez Zúñiga, que estaba presa en ese horrible lugar y fue entregada muerta por sus carceleros diciendo que se había suicidado poniéndose una bolsa de plástico en la cabeza. Su familia y amigas no creen la versión oficial y están convencidas de que fue asesinada. Su madre lleva todos estos años luchando por que se haga justicia. Ha estudiado la carrera de derecho y acaba de presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que se revise la causa. Entrevistamos a Ana y a Narly Zúñiga, la madre y la tía de Claudia y a otras familiares de personas muertas en manos de los carceleros que participan en la manifestación. Hablamos con Barbara Orraca, madre de Lewys Alfaro, ahorcado en la cárcel de Brians I en noviembre de 2017, por su propia mano, según versión de los carceleros que la familia sigue poniendo en duda. También hablamos con Pepi Belmonte y Julia y Encarna Ferrer, hermana, madre y tía de Paco Belmonte Ferrer, entregado muerto por la cárcel de Palma de Mallorca, por sobredosis, según la desmentida versión oficial, pero con huellas de golpes que todavía hoy hace pensar a su familia que fue asesinado por quienes debían protegerle. Unas compañeras cantan una versión de la «Canción sin miedo» de Vivir Qintana, con la letra adaptada para referirse a las personas muertas en prisión.
¿Qué justicia impera en el territorio dominado por el Estado español, por mucho que se llame «democrático» al régimen por el que se somete a sus habitantes, cuando no sólo desoyen sistemáticamente sus órganos las denuncias de quienes sufren los abusos de sus agentes, sino que responden con contra-denuncias a las víctimas y a las personas solidarias que se atreven a intentar hacerles frente? ¿Cómo no va a matar la cárcel? La tortura y la brutal violencia de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones no es que estén consentidas, son alentadas y recompensadas, y lo que se castiga es señalarlas o pedir que se investiguen, en defensa de unos derechos que así se convierten en ficción manipulada, al quedar asegurada la impunidad en su violación metódica. ¿Y no es así como suele actuar el Poder Judicial español? La última muestra en Ávila, donde se procesa a quienes denunciaron la sospechosa muerte de una presa en la cárcel de Brieva, en octubre de 2023, en lugar de investigar e impedir, como sería su obligación legal, que se sigan produciendo en ese horrible lugar los atentados contra la dignidad de las presas que allí son habituales. De ahí, la siguiente convocatoria a un intento de convertir una de las consecuencias de esa política en oportunidad para señalar lo que precisamente pretende ocultar, la espantosa y excesiva frecuencia de muertes entre la población presa, la normalización absoluta de la tortura y la violencia en la práctica punitiva del Estado español y la ausencia total de medidas para impedirlas o, mejor dicho, su incentivación.
STOP A LAS MUERTES Y ABUSOS EN PRISIÓN
Con motivo del comunicado y denuncia que se realizo el pasado 10 de octubre de 2023 por la muerte en el Centro Penitenciario de Ávila (Brieva) de la interna en ese centro SANNAH CADIRI en muy cuestionables circunstancias, resulta que la fiscalía del Juzgado de primera instancia e Instrucción no 3 de Ávila ha abierto diligencias por supuesta denuncia falsa contra Juan Carlos Martínez Bertolí y Helia Membrillo, citando a ambos como investigados para el próximo día 1 de abril de 2025 a las 12:15 horas, asistido de abogado o, por el contrario, se asignará uno de oficio.
Creo que es importante aprovechar esta actuación del Juzgado y la Fiscalía para poner en conocimiento de los mismos, no solo este hecho con la gravedad que reviste, sino también poner en su conocimiento los numerosos casos de muertes en prisión que no han sido nunca investigados, o se han archivado o los que siguen en investigación que, como sabemos, no son pocos.
Somos reivindicativos por estos atropellos y conocemos que muchas familias llevan tiempo, incluso años tratando de esclarecer como murieron sus familiares sin una respuesta de justicia aceptable y sin que los responsables asuman sus responsabilidades.
Por tanto considero que es un buen momento y lugar para clamar responsabilidades de aquellos torturadores que por acción u omisión llevaron a la muerte a esta multitud de presos que aun hoy siguen queriendo que se les oiga.
Os emplazo a que hagáis acto de presencia y reivindicación ante las puertas del Juzgado de primera instancia e Instrucción no 3 de Ávila, en la Calle Ramón y Cajal, 1 el próximo día 1 de abril de 2025 a partir de las 12 horas. Leeremos un manifiesto con el nombre de todas aquellas personas que tengamos conocimiento de que han muerto en prisión y por los que a ningún carcelero se le reclamó su responsabilidad , ni se les condenó, quedando impunes por la inacción del sistema judicial –fiscales y jueces-.
Personalmente voy a declarar y reivindicar estas injusticias pues conozco el sistema penitenciario y judicial desde el año 1971 y por haber pasado en prisiones mas de 44 años, por lo que me haré oír salga el sol por donde salga. Nadie obliga a nadie, es una oportunidad de reivindicar y de poner un grano más en la lucha contra los abusos y crímenes impunes en las prisiones.
Si queréis contactarme, facilitarme información o aportar cualquier cosa relacionada con todo esto mi email es:
2022amp2022amp@gmail.com
En lo posible os contestaré y ahí estaré como uno mas contra las injusticias del sistema.
Un abrazo a todos y todas.
El 11 de marzo de 2018 le dijeron a Ana Zúñiga que su hija Claudia Ximena Rodríguez Zúñiga, encerrada en la cárcel de mujeres de Wad-Ras, en Barcelona, se había suicidado poniéndose una bolsa de plástico en la cabeza, pero ella nunca lo ha creído. Con buenas razones, porque Claudia había sido amenazada, extorsionada y maltratada por los carceleros durante todo el tiempo que pasó en esa cárcel y la versión oficial de su muerte resulta muy poco creíble en cantidad de aspectos. Frente a la negativa de la «justicia» española a esclarecer debidamente los hechos, Ana sigue luchando para exigir una investigación rigurosa e independiente y una sentencia justa. Para eso es la manifestación frente a la cárcel de mujeres de Wad-Ras (Barcelona), el lugar donde murió Claudia, que convoca junto a otras compañeras solidarias en el séptimo aniversario de esa muerte violenta.
En la siguiente grabación, la madre de Claudia nos explica lo que sucedió y por qué no acepta ella la versión oficial de los hechos, y piensa que a su hija la han asesinado.
Aquí abajo, un programa de radio donde entrevistábamos a Ana en octubre de 2018 sobre la muerte de Claudia y los primeros pasos de la lucha de la madre por esclarecerla:
Hemos recibido la siguiente convocatoria de una marcha a la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) que, además de servir de alojamiento a presos privilegiados como en su día Ignacio Urdangarín y José Luis Roldán, es una cárcel de mujeres especializada en régimen cerrado, ya que en ella se encuentran una gran parte de las mujeres presas penadas clasificadas en primer grado. Es famosa por la dureza con que se trata a las presas y por el elevado número de supuestos suicidios y muertes en extrañas circunstancias que se han producido en ella, de la que nos han llegado muchas veces noticias de torturas, abusos y malos tratos como las que se pueden ver en los enlaces que ponemos abajo, que hablan sólo de algunos de los casos más recientes. También hemos sabido que se ha dictado auto de procesamiento contra algún compañero, ya informaremos más detenidamente sobre ello, por denunciar la muerte en ese horrible lugar de Sannah Cadiri, el 10 de octubre de 2023, en sospechosísimas circunstancias nunca satisfactoriamente aclaradas. Algunas compañeras vieron como los carceleros la llevaban por los pasillos y como le pegaban. Después, un carcelero les dijo que la habían matado de una paliza y, finalmente, la dirección de la cárcel dijo que había aparecido ahorcada y que ella misma se había autolesionado mientras la llevaban a aislamiento. Las presas del módulo azul hicieron un plante en el patio protestando y reclamando ser informadas de lo que había pasado. Nunca salió ninguna noticia de nada de ello en ningún medio de comunicación.
¡MARCHA A LA CÁRCEL DE BRIEVA!
El domingo 9 de Marzo, volvemos por cuarto año a la cárcel de mujeres de Brieva para dar calor y apoyo a las compañeras presas.
Marcharemos para compartir y expresar nuestra rabia, porque sabemos que las cárceles están llenas de personas que solo trataban de buscarse la vida, que la reinserción es una farsa, y que existe explotación laboral y falta de atención médica tras los muros. Así como violencia, abuso policial, y muertes disfrazadas de suicidios.Por mucho que las cárceles se construyan cada vez más lejos y los muros sean cada vez más altos, seguiremos enterándonos y denunciando la realidad que ocurre dentro de ellas.
Por un mundo sin prisiones, marcharemos juntes el domingo 9 de marzo a las 11h a la cárcel de Brieva (Ávila)
Nos acompañará Nuturk Bilis @nuturkkkk con su guitarra y después habrá musikita y comida caliente (vegana y sin gluten) para compartir un rato juntes.
Si necesitas transporte escríbenos a marzoanticarcelario@riseup.net
¡Abajo los muros de las prisiones!
Algunas noticias recientes en Tokata sobre cosas que pasan en la Cárcel de Brieva:
Malos Tratos Continuos Contra Las Presas En La Cárcel De Mujeres De Brieva (Ávila)
Una Presa Muerta En La Cárcel De Mujeres De Brieva (Ávila) En Muy Sospechosas Circunstancias
EL CEMENTERIO CARCELARIO VASCO
Comenzó mayo, y otra vez nos despertamos contando jóvenes muertos por motivos no naturales. Esta vez en la cárcel de Basauri. Fue encarcelado hacía una semana a sabiendas de que su enfermedad mental tenía alto riesgo de suicidio. Que sepamos ya son seis las personas fallecidas en las “nuevas cárceles vascas” la mayoría jóvenes con patología dual (drogodependencia y enfermedad mental) y muertos en circunstancias no aclaradas.
La respuesta del Gobierno Vasco, después de casi tres años de competencia penitenciaria ha sido vender a la opinión pública su flamante e inexistente “Nuevo modelo penitenciario vasco”. La respuesta de la Consejería de Justicia fue ya en 2023 que estas muertes están ”dentro de los parámetros con los que trabaja el personal penitenciario sanitario”. Continua con una política publicitaria anunciando programas asistenciales que concede a ONGs de su órbita para blanquear el negro destino de una población encarcelada abandonada.
En ningún caso la respuesta ha sido la de potenciar medidas de suspensión condicional de la condena, o de sustitución de la misma por el ingreso en programas extracarcelarios para jóvenes toxicómanos y/o con enfermedad mental. O la de crear con urgencia centros socio-sanitarios de ejecución penal para jóvenes con patologías duales. O la de desplegar servicios de prevención y tratamiento de la agudización de la enfermedad mental que provoca el encierro. El ejecutivo vasco, con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos que conforman su Parlamento, lo que está haciendo es reproducir el mismo modelo estatal fundamentado en la justicia vengativa, en el encierro y en el castigo, por que en el fondo es en lo único que creen y les renta. Lo demás son cortinas de humo para intoxicarnos.
¿Si hubiera muerto un funcionario en el ejercicio de sus funciones, también hubieran dicho que entra “dentro de los parámetros con los que trabaja en personal penitenciario”? ¿Dónde están los sindicatos y asociaciones de prisiones cuando se producen las muertes de personas presas?
César Manzanos Bilbao, de Salhaketa Araba, en Naiz, 7-V-2024
MÁS DE SEIS AÑOS SIN ESCLARECERSE LA MUERTE DE UN JOVEN DE VEINTIOCHO AÑOS EN LA CÁRCEL DE ALBOCÀSSER
La familia de Manuel Fernández Giménez se mantiene como acusación particular gracias al apoyo de la asociación Familias Frente en la Crueldad Carcelaria, que denuncia que hubo una negligencia médica por parte de las responsables sanitarias del centro y que el relato descrito en los informes médicos del juzgado sobre las causas que provocaron la muerte del joven resulta incongruente
Según la versión oficial del centro penitenciario de Albocàsser (Castellón II), el cuerpo sin vida de Manuel Fernández Giménez, de veintiocho años, fue hallado en la celda de aislamiento donde cumplía una sanción disciplinaria la mañana del 22 de octubre de 2017. Sin ningún tipo de acompañamiento psicológico ni preparación para comunicar algo tan grave, la familia recibió la noticia por vía telefónica. Un trabajador del centro se ponía en contacto con Antonia Giménez, madre de Manuel, ese mismo día, para comunicarle que su hijo había muerto en prisión, pero que aún no se conocían las causas. Muestra de ello es que en el primer informe emitido por el médico forense del juzgado pocos días después del fallecimiento, constaría como «muerte súbita a estudio».
Días después de encontrar el cuerpo sin vida del joven, la funeraria que trabaja con instituciones penitenciarias envió el cadáver de Fernández desde Castellón hasta Murcia –de donde era natural y donde vivía su familia– con instrucciones de que no se mostrara todo el cuerpo, tan sólo la cabeza. “Ningún documento explicativo ni certificado de defunción, y sólo la orden verbal de que se enterrara de inmediato”, relata su madre, que a la vez detalla como la familia se opuso y se empeñaron en examinar el cuerpo de su hijo que, según explica, presentaba numerosos signos de violencia y rigidez. Nariz rota; hematomas y dos puntos en la barbilla –sospechan que de una pistola Taser–; marcas de ligaduras en muñecas, brazos y tobillos; uñas rotas; el pecho lleno de heridas; cardenales por todo el cuerpo y marcas en el cuello.
“Mi hijo estaba sano como una manzana y era más guapo que uno sol. ¿Cómo podía ser que muriera con veintiocho años de ‘muerte súbita’ estando en aislamiento, sin contacto con nadie más que los funcionarios, y con estas marcas de violencia?”, se preguntaba su madre. Según explica Antonia, su hijo se había quejado más de una vez de las palizas recibidas por los funcionarios del centro, y ya había alertado a su familia de sufrir gitanofobia por parte de algunos carceleros. Al ver esas marcas, la familia pidió una segunda autopsia, que fue denegada por el juez y, finalmente, el cuerpo de Manuel fue enterrado.
Hasta un año después del entierro del cuerpo no se emitió el informe oficial del médico forense del juzgado, donde no constaban las lesiones descritas por su familia cuando vieron el cuerpo de forma presencial. Por el contrario, el documento sí reconocía una equivocación de la auxiliar de enfermería y la médica de prisión, responsables de haberle suministrado al joven una dosis equivocada de metadona: 85 mg en lugar de los 20 mg que tenía recetados. Al darse cuenta de su error, la auxiliar habría avisado a la médica de la cárcel rápidamente, pero aseguran que ésta tardó dos horas en enviar a Manuel a enfermería para administrarle una dosis de antagonista (naloxona) por vía intramuscular.
Inmediatamente después, le habrían devuelto a su celda sin ningún tipo de control o seguimiento médico, en lugar de administrarle una dosis de antagonista cada hora y media o dos horas durante 24 horas, como hubiera sido el procedimiento médico habitual por este tipo de casos, o haberlo trasladado a un centro hospitalario como ordena el protocolo correspondiente a este tipo de situaciones. El cuerpo sin vida de Manuel lo encontraron, según el mismo informe, en el primer recuento del día siguiente.
Autodefensa ante la violencia institucional
Con estos antecedentes y las evidencias de una posible negligencia por parte de las responsables médicas del centro, y gracias al apoyo y acompañamiento de la asociación Familias Frente en la Crueldad Carcelaria (FFACC), los familiares de Manuel pudieron llevar a cabo una denuncia por la vía penal contra la médica y el auxiliar de enfermería del centro penitenciario de Albocàsser. Tras la inhibición por parte de la Fiscalía, que finalmente no presentó acusación por basarse únicamente en los informes médicos emitidos por el juzgado y atribuir la muerte a posibles patologías médicas previas del joven. El único factor que mantiene viva la causa penal es la acusación particular de la familia con el apoyo de la asociación FFACC que, casi siete años después de la muerte sigue esperando a que se celebre el juicio y se esclarecen los hechos.
“Nosotros no creemos en su versión desde el principio. El informe forense ignora todos los signos de violencia que vimos en su cuerpo cuando llegó aquí, e incluso si fuera una muerte por sobredosis de metadona como alegan en sus propios informes, quién fue responsable de suministrarle las dosis incorrectas? Y si se equivocaron y tenía una sobredosis, ¿por qué no le trasladaron a un hospital inmeditadamente y le realizaron un seguimiento y un control médico? ¿Por qué le dejaron que muriera solo en una celda?”, se pregunta Antonia. “Mi hijo estaba sano como una rosa, no tenía ninguna patología previa ni ningún problema de salud antes de entrar. Aquí hay demasiadas cosas que no cuadran”, asegura. «Nosotros queremos justicia y llegaremos hasta el final, y sobre todo queremos que se aclaren las causas y los responsables de la muerte de mi hijo», concluye.
Los gastos jurídicos derivados de un procedimiento penal tan largo como este, que permita esclarecer las causas de la muerte de una persona en un centro penitenciario mediante una denuncia particular, son muy elevados. Hacerles frente de forma colectiva es precisamente uno de los objetivos de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que desde 2017 acompaña a diferentes familias en la denuncia de casos de violencia institucional en diferentes prisiones del Estado. Aparte del caso de Manuel, desde la asociación se acompañan otros casos vinculados a penas de larga duración de personas con graves problemas vinculados a la salud mental y al sufrimiento psíquico, abandono médico y efectos del aislamiento, el castigo y las largas condenas, con los impactos que esto tiene sobre las personas presas, pero también sobre sus entornos y sus familias.
Para poder hacer frente a estos gastos derivados del acompañamiento jurídico y asistir a los familiares de las personas presas que sufren este tipo de violencias del sistema penitenciario, desde la asociación se ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo con el objetivo de recoger fondos y continuar con esta estrategia y labor de autodefensa ante la violencia y crueldad carcelaria. “Para poder seguir acompañando a este tipo de casos y hacer frente a los gastos jurídicos ahora necesitamos apoyo económico. Confiamos en la solidaridad de las personas que comprendan nuestra lucha, nuestras necesidades y carencias, y en la de los grupos y asociaciones que conocen la crueldad de las prisiones y las violencias del sistema punitivo, y están dispuestas a hacerle frente de forma colectiva y autogestionaria”.
Traducción del catalán de un artículo de Vicent Almela, en La Directa, 30 de abril de 2024
Antonia y Luisa, la madre y la tía de Manuel Fernández Giménez, nos cuentan en este vídeo por qué están convencidas de que su muchacho fue asesinado, por acción y omisión, a manos de miembros del personal de la cárcel de Albocàsser (Castellón II); expresan sus sentimientos al respecto, y explican lo que han hecho en busca de justicia y lo mal que les han respondido el Estado y su aparato judicial.
El 22 de octubre de 2017, domingo, llamaron por teléfono a su madre, diciéndole que Manuel había fallecido a la una de la madrugada, que había faltado al recuento y que habían ido a la celda que ocupaba y lo habían encontrado muerto. No le dieron ninguna otra información más que el teléfono de la funeraria. La madre habló con algún empleado de la misma que le preguntó si quería que trasladaran el cuerpo de Manuel a Murcia y ella le dijo que sí. Al principio, le dijeron que no sabían cuándo iba a llegar, pero a última hora avisaron de que ya estaba en camino y llegó a Murcia por la tarde, a las 18:30.
Cuando llegó el cuerpo, los empleados de la funeraria no les querían dejar verlo. Después de insistir, consintieron en que lo vieran los padres, pero sólo ellos. Estaba tapado hasta el cuello, de manera que sólo se le veía la cara. Pero pudieron ver que tenía heridas en ella y marcas de dientes en la frente. Exigieron que lo destaparan y pudieron ver que estaba rígido, con las rodillas dobladas como si estuviera sentado, y que tenía lesiones y cardenales por todo el cuerpo: la nariz rota; marcas en la barbilla que alguien cercano identificó como muy parecidas a las que deja un “taser” (aparato para aplicar descargas eléctricas); marcas de esposas y ataduras en muñecas y brazos, y también en los tobillos; tenia los dedos amoratados y algunas uñas rotas, como si hubiera estado forcejeando para defenderse; el pecho lleno de heridas y cardenales; marcas en el cuello… Hicieron fotos de todo y llamaron a la policía nacional para que vieran aquello. Vinieron cuatro agentes, pero se negaron a mirar siquiera el cuerpo, diciendo que no era cosa suya al haberse producido la muerte en Castellón.
Los empleados de la funeraria no trajeron ningún papel, ni certificado de defunción, ni informe de la autopsia, ni nada. Les tuvieron que exigir algún documento que certificara la situación, a través de una abogada, ya que se negaban a entregarlo, y les dieron un acta de enterramiento. Fueron con la abogada al juzgado de guardia con ese papel, allí lo denunciaron todo y pidieron una segunda autopsia. Nombraron una procuradora para pedir los documentos en el juzgado de instrucción de Castellón, que llevaba el caso. Llegó un papel que solamente decía que autorizaban a enterrar el cuerpo y que había muerto en Albocàsser de “muerte súbita a estudio”. Tuvieron que oponerse a la orden del juzgado de Castellón para evitar que enterraran el cuerpo sin tener en cuenta los signos evidentes de violencia que presentaba. Piensan ir hasta el fondo del asunto y ya han presentado denuncia en el juzgado de guardia de Murcia, aportando las fotos de las lesiones que presentaba el cuerpo y exigiendo una segunda autopsia.
El juez denegó la segunda autopsia, porque aún no se conocían los resultados de la primera. Éstos se demoraron casi casi un año y, cuando llegaron, el forense había pasado por alto las lesiones del cuerpo, mientras el análisis toxicológico encontraba en él una dosis muy alta de metadona. La cárcel reconoció que se le había suministrado a Manuel por error la dosis de otro preso, muy superior a la que tomaba él. La enfermera responsable se dio cuenta y avisó a tiempo de lo que había pasado. La médica carcelera de guardia hubiera debido ordenar que le administraran una medicamento antagonista cada dos horas durante veinticuatro, ya que la metadona tiene ese tiempo de efecto mientras el del antagonista sólo dura dos horas. Pero lo administró una única dosis, dejándolo abandonado en la celda, cuando deberían haberlo trasladado a un hospital.
Seis años y medio después, el juicio aún no se ha celebrado. El forense judicial, en su informe definitivo, además de ignorar las lesiones, afirmó que no se podía asegurar que la metadona fuera la causa de la muerte. El fiscal se inhibió entonces del caso, no presentando acusación ni siquiera contra la médica criminalmente negligente. El procedimiento continúa porque la familia mantiene la acusación particular, apoyada por la asociación Familias frente a la crueldad carcelaria y asistida por dos abogadas y por un perito forense contratado, cuyo informe demuestra que Manuel murió por una sobredosis de metadona, no pudiendo demostrar las lesiones al haber sido enterrado el cadáver hace mucho tiempo.
Si queréis contribuir a afrontar los gastos, apoyad el proyecto de goteo de Familias Frente A La Crueldad Carcelaria: https://www.goteo.org/project/ffacc-familias-frente-a-la-crueldad-carcelaria
La cárcel de Brieva (Ávila), conocida por haber sido el lugar de encierro privilegiado de Ignacio Urdangarín y José Luis Roldán, es una cárcel para mujeres especializada en régimen cerrado, ya que en ella se encuentran una gran parte de las mujeres presas penadas clasificadas en primer grado. También es famosa por la dureza con que se trata a las presas y por el elevado número de supuestos suicidios y muertes en extrañas circunstancias que se han producido en ella.
Hemos tenido noticia de que ayer, 10 de octubre de 1023, murió allí una de las personas reclusas, Sannah Cadiri. Algunas compañeras suyas informaron de que había sido trasladada de módulo, «del azul al amarillo», después de algún incidente. En Brieva, los módulos se designan por colores; el azul sería el de vida normal y el amarillo el de aislamiento. Algunas compañeras vieron como los carceleros la llevaban por los pasillos y como le pegaban. Después, un carcelero les dijo que la habían matado de una paliza y, finalmente, la dirección de la cárcel dijo que había aparecido ahorcada y que ella misma se había autolesionado mientras la llevaban a aislamiento. Las presas del módulo azul hicieron un plante en el patio hasta las once y media de la noche protestando y reclamando ser informadas de lo que había pasado. No ha salido ninguna noticia de nada de ello en ningún medio de comunicación.
A continuación, los números de teléfono o fax y los correos electrónicos de las instituciones a quienes corresponde la denuncia e investigación de los hechos para exigirles que se pongan en marcha e informen de lo sucedido:
Centro penitenciario. Teléfono: 920259023. Correo electrónico: Sgpma.Avila@dgip.mir.es
Juzgado de guardia. FAX: 920359005. Correo electrónico: mixto3avila@justicia.es
Fiscalía Provincial de Ávila. FAX: 920359012. Correo electrónico: fiscalia.avila@fiscal.es