Categoría: <span>Familias Frente a la Crueldad Carcelaria</span>

La asociación FFACC (Familias Frente A la Crueldad Carcelaria) se ha empeñado en denunciar pública y judicialmente las torturas que sufrieron entre el 30 del pasado agosto y el 16 de septiembre un número indeterminado de presos –quizá 10 o 12– de los que cuatro han denunciado ya ante el Juzgado de Guardia. Piden apoyo a su lucha contra la tortura, la idefensión de las personas presas y las mentiras y tergiversaciones de los defensores de la crueldad institucionalizada. A continuación, un resumen de lo sucedido y de la valoración de la asociación. Siguiendo los enlaces de abajo del todo se puede encontrar un informe bastante más completo y una serie de documentos relevantes.

TORTURAS EN LA CÁRCEL DE ALBOCÀSSER

La Asociación Familias Frente A la Crueldad Carcelaria está formada por familiares y amigos de personas presas. Su finalidad es defender los derechos de quienes han tenido la desgracia de entrar en la cárcel, denunciar públicamente todas las situaciones que vulneren esos derechos y hacer todo lo posible para corregirlas. Queremos dar a conocer una de esas situaciones, que se dio en la cárcel de Albocàsser entre finales del pasado mes de agosto y mediados del de septiembre, y señalar una serie de aspectos en que, en nuestra opinión, se ha atentado gravemente contra la integridad y la dignidad de más de 10 personas presas en esa cárcel sometiéndoles a tratos crueles, inhumanos y degradantes que en gran parte se pueden calificar con toda propiedad como torturas.

El 31 de septiembre varios medios de comunicación se hacían eco de las informaciones de algunos sindictos de funcionarios de prisiones y especialmente de la nota de prensa del sindicato ACAIP. Según el relato publicado, el viernes, 30 de agosto de 2019, sobre las seis de la tarde, en el módulo 3 de la cárcel de Albocàsser (Castellón II), un interno “agredió a un funcionario, le golpeó en la cabeza con una escoba, hasta el punto de partir el palo, y trató de apuñalarlo con trozos de madera del mismo”, este preso y otro de sus compañeros “se atrincheraron en el patio del módulo y comenzaron a amenazar a los funcionarios con matarlos y a tirarles objetos” alentando al resto de internos a “secundar la agresión” y creando “una situación de máxima gravedad dado que podría derivarse en un motín”, aunque desde Instituciones Penitenciarias “han asegurado que no hubo ningún intento de motín y que el resto de internos no secundó los hechos”. Entre 15 y 20 funcionarios “tuvieron que acudir al módulo y entre todos lograron controlar la situación”, aislando a esos dos internos, “encerrando en el comedor al resto y subiéndoles escalonadamente a sus celdas”. Igualmente, se afirma que “el trabajador agredido tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración”, pero también que “según fuentes penitenciarias, el trabajador no requirió hospitalización y se encuentra en buen estado”.

Por encargo de nuestra asociación, alertada por la madre de uno de los presos afectados, el abogado Lisandro Giordani González fue a visitar cuatro de los presos implicados, cuya versión de los hechos resulta bastante diferente de la anterior. Los cuatro manifestaron haber recibido verdaderas palizas por parte de funcionarios de prisiones, a base de porrazos, puñetazos y patadas, incluso en la cabeza. Dos de ellos fueron llevados a aislamiento el mismo día 30 después de ser terriblemente apalizados —hasta el punto de perder uno de ellos el conocimiento— por gran número de funcionarios, en presencia del resto de los internos del módulo 3, que, según la versión de todos los internos denunciantes, se limitaron a protestar verbalmente, pero no hicieron nada más ni se resistieron a cunplir las órdenes de los funcionarios. Los otros dos fueron conducidos a una celda de aislamiento al día siguiente y fueron golpeados en varias ocasiones con porrazos patadas y puñetazos, insultados, amenazadsos y vejados. Los cuatro permanecieron en celdas de aislamiento más de quince dias, sin agua corriente, sin sus pertenencias personales y sufriendo en repetidas ocasiones el maltrato descrito. Fueron objeto también de expedientes disciplinarios, de regresión a régimen cerrado o primer grado de tratamiento desde el segundo grado o régimen ordinario en que se encontraban y trasladados a otras cárceles. A uno de ellos al menos se le privó bruscamente del tratamiento psiquiátrico que estaba recinbiendo lo que le provocó un severo síndrome de abstinencia. Aseguran que cierto número de sus compañeros de módulo —quizá unos diez o doce— sufrieron un trato parecido.

Resultan considerablemente divergentes el relato de los “hechos” publicado y el que se hace en las denuncias que se han presentado en los juzgados de guardia, basadas en los testimonios de los presos afectados, concordantes pese a haber sido recogidos individualmente, encontrándose ellos aislados, incomunicados entre sí y sin haber tenido la menor oportunidad de ponerse de acuerdo. Dejando aparte la desproporcionada violencia y la crueldad empleadas por los funcionarios, esos relatos se contradicen, sobre todo, en lo que atañe a la supuesta resistencia opuesta por algunos de los reclusos frente a la actuación de los funcionarios de prisiones con posterioridad a la agresión con el palo de escoba. Y lo mismo en lo que toca a la incitación al motín por algunos de ellos y al supuesto intento de motín e insubordinación subsiguientes de un número aún mayor, aunque impreciso de reclusos. Resistencia e incitación al motín que, en el relato de los presos sencillamente no existió. Pero, pasara lo que pasara, nos consta que —además del castigo reglamentario y la probable denuncia penal— al menos cuatro personas han sido maltratadas y amenazadas como represalia y escarmiento por lo supuestamente sucedido el día 30 de agosto, lo cual constituye tortura, si hacemos caso de la definción de la misma contenida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores y sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otrta persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia.”

Y también es necesario tener muy en cuenta que el proceder de ACAIP y de los medios que han publicado estas noticias atenta gravemente contra el derecho a la presunción de inocencia de las personas presas interesadas, al difundir un relato, considerablemente sesgado y tergiversado por las ideas fijas que animan las campañas mediáticas de los sindicatos de carceleros a favor de sus intereses “laborales”, relato que presenta como culpables de unos hechos delictivos que no han sido convenientemente calificados, documentados y mucho menos probados a unas personas que, desde otro punto de vista, se pueden considerar, más bien, como víctimas de los mismos que les denuncian. Pero el caso es que quienes difunden esa versión de los “hechos” exagerada y distorsionada son agentes de la autoridad pública y su comportamiento va contra la ley. Por ejemplo, contra lo que dicta la Directiva (UE) 2016/343, de 9 de marzo de 2016 del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, en su artículo 4: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras ni se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable.” Ese relato de lo supuestamente sucedido el 30 de septiembre fue publicado en varios medios de comunicación el día 31, antes de que se hubiera comunicado oficialemente el inicio de ningún expediente disciplinario o interpuesto denuncia penal alguna, aunque mucho nos tememos que las acusaciones formales coincidan casi exactamente con la versión publicada. Así que nos veríamos ante un juicio paralelo, extralegal, y no solamente en lo que se refiere a la publicidad, ya que los acusados ya han sido condenados y castigados con aislamiento, malos tratos físicos y psicológicos, sanciones disciplinarias, regresiones en el grado de tratamiento con el correspondiente endurecimiento de sus condiciones de vida, traslados por los que se les aleja de su entorno social y familiar, pérdida de sus pertenencias personales, alteración injustificada y punitiva del tratamiento psiquiátrico, etc. Acusados, juzgados, condenados y castigados sin garantía alguna, en una situación de abrumadora inferioridad y total indefensión.Acusados, juzgados, condenados y castigados, en una situación de abrumadora inferioridad y total indefensión.

Porque todo lo expuesto hace pensar que los funcionarios penitenciarios responsables de los abusos que estamos denunciando han hecho caso omiso de las instrucciones dirigidas a los directores de prisiones en la orden de servicio sobre el “deber legal parte de lesiones” de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 1 de julio de 2019 y recientemente publicada. Indicaciones en el sentido de “ejercitar la labor penitenciaria en el respeto más escrupuloso a la legalidad”, para “erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos la función pública” además de cumplir “la legalidad vigente y las indicaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”. De manera que sería necesario comprobar si han sido remitidos por la dirección del centro penitenciario de Castellón II al Juzgado de Guardia competente los partes de lesiones que en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hubiera debido elaborar el médico responsable, acompañadaos de los “partes de hechos e informes adicionales”; si el director ha acordado “la realización de actuaciones tendentes a esclarecer lo sucedido” y ha remitido al Juzgado de Guardia “copia de lo actuado” y de las declaraciones de los internos afectados; y, por último, si se ha informado de todo ello al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Para nosotras es evidente que no se ha respetado la legalidad vigente ni los principios elementales de la dignidad humana y que la duda sobre la existencia de abusos y desviaciones por parte de los funcioarios de la cárcel de Albocàsser responsables está muy próxima a convertirse en certeza. Nos han llegado, además, una y otra vez, por parte de personas presas, familares y allegadas de las mismas, informes de que en la cárcel de Albocàsser se infieren rutinariamente a las personas presas desde hace mucho tiempo toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así pues, queremos denunciar públicamente, tal como lo hemos hecho judicialmente, lo que para nosotras son gravísimos abusos de poder y tratos crueles, inhumanos y degradantes inferidos a personas presas por funcionarios de prisiones. Nos proponemos hacer lo necesario para sostener esta denuncia hasta las últimas consecuencias, tanto públicamente como en el terreno judicial.

Familias Frente A la Crueldad Carcelaria

Informe completo sobre torturas en Albocàsser en agosto y septiembre de 2019

Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes

Directiva europea sobre presunción de inocencia

Orden de servicio de la SGIP sobre partes de lesiones

Enlaces a la versión de los hechos difundida por los sindicatos de carceleros

Cárcel=Tortura Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

Con apoyo de un abogado enviado por la asociación Familias frente a la crueldad carcelaria, cuatro  presos han denunciado torturas y tratos vejatorios sufridos a manos de los boqueras en la cárcel de Albocàsser entre el 30 de agosto y el 16 de septiembre pasados. El compañero Vicent Almela se hace eco en la página de La Directa dando voz a las personas presas en oposición al relato falaz de los «hechos» difundido por medios serviles con lo que les dictan los sindicatos de carceleros defensores de la tortura  como única fuente y presentando, como suelen, a los agresores como víctimas. A continuación, el artículo de La Directa traducido al castellano.

PRESOS DENUNCIAN TORTURAS EN LA PRISIÓN DE ALBOCÀSSER: «VAS A SALIR DE AQUÍ MEANDO SANGRE»

El testimonio de cuatro reclusos coincide en que, después de un conflicto entre un interno y el jefe del módulo 3 del centro penitenciario el pasado mes de agosto, varios presos sufrieron represalias en forma de amenazas, vejaciones, agresiones físicas y cambios de régimen, vulnerando así diferentes artículos de la Convención contra la Tortura de la ONU. La asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria ha decidido denunciar estos hechos ante el Juzgado de instrucción 6 de Castellón, que ha abierto una investigación sobre el caso.

El pasado sábado 31 de agosto, varios medios de comunicación publicaban en sus cabeceras una noticia sobre los hechos ocurridos el día anterior en el centro penitenciario de Albocàsser (Castellón II), noticias en las que se relataba que un interno había agredido a un funcionario del centro con un palo de escoba y había intentado apuñalarlo con los restos punzantes de este objeto, al tiempo que hacía un llamamiento al resto de internos para rebelarse contra los trabajadores del centro. La única fuente consultada para la redacción de estas noticias era la nota de prensa publicada el mismo día de los hechos por parte del sindicato de la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), donde afirmaban que se había generado «una situación de máxima gravedad que podría haber derivado en un motín».

Según informaba esta misma nota de prensa, así como las diferentes noticias publicadas en los medios, fue necesaria la presencia de una veintena de funcionarios para controlar la situación dentro del módulo y el trabajador agredido tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración, extremo que pocos días después fue desmentido por fuentes penitenciarias: «el trabajador no requirió hospitalización y se encontraba en buen estado». El informe de ACAIP apuntaba que esta agresión derivaba del hecho de que los internos del centro reciben la medicación de tres días de una sola vez, debido a la falta de personal sanitario, por el que «se colocan» y eso les provoca «una gran excitación y agresividad que se traduce en situaciones violentas contra los funcionarios».

Quince días después de la publicación de estos hechos en prensa, la madre de uno de los presos que presenció el conflicto entre el funcionario y el interno se puso en contacto con la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria para hacerle llegar una versión muy diferente, que relataba las represalias que su hijo estaba sufriendo a raíz de esta situación y alertaba de las flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales a las que estaba siendo sometido por el solo hecho de haber presenciado el conflicto. Tras recibir esta información, la asociación de familias decidió contratar los servicios de un abogado para que fuera a visitar a los presos que habían participado o presenciado los hechos y aclarar la situación.

Una vez lograron hablar con algunos de ellos –un hecho difícil, ya que muchos fueron dispersados ​​a diferentes centros penitenciarios del Estado– rápidamente se pudo comprobar que la versión de los presos era muy diferente, a pesar de estar en diferentes centros y por tanto no poder pactar un relato común. Los cuatro presos entrevistados describen la situación de una forma bien distinta y aseguran que después de participar o presenciar esta situación sufrieron fuertes represalias en forma de amenazas, vejaciones, agresiones físicas y cambios de régimen penitenciario. Actos que, en caso de ser probados, vulnerarían los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y muchos de los artículos contemplados en el documento referente al Convenio de Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes de la ONU, aparte de constituir delitos graves tipificados en el Código Penal.

Aislamiento y dispersión para ocultar las denuncias

En estas denuncias, que han sido presentadas ante el Juzgado de instrucción 6 de Castellón y en las que ha tenido acceso la Directa, los cuatro presos coinciden en relatar que tras un rifirrafe entre un interno y el jefe de los funcionarios del módulo 3 del centro, una docena de funcionarios llegaron al patio y golpearon al interno «con puñetazos, patadas y en uso de las defensas reglamentarias hasta dejarlo inconsciente», para luego llevarlo a una celda de aislamiento. La versión de este mismo preso –que participó en el conflicto– asegura que esa misma noche siete u ocho funcionarios entraron en su celda y continuaron golpeándolo, «amenazando con matarlo mientras le propinaban golpes de puño y de porra «.

El interno relata como horas después de la agresión alguien se acercó a la celda para preguntarle por las lesiones a través de la trampilla y, a pesar de detallarle las fuertes contusiones que tenía por todo el cuerpo, no se le hizo ni ningún reconocimiento médico ni se le entregó ningún informe de lesiones. El preso continúa detallando como dos funcionarios volvieron a golpearle repetidamente al día siguiente: mientras el jefe de módulo observaba como le agredían, le introdujeron los dedos en los agujeros de la nariz estirando fuertemente hacia arriba y le dijeron «que iba a salir de aquella habitación meando sangre «. Desde ese mismo momento hasta el día 16 de septiembre, este preso estuvo encerrado en una celda de aislamiento que –según relata en la denuncia– no mantenía las condiciones de salubridad mínimas, «con el agua cortada del inodoro, el lavabo y el inodoro». El día 16 este preso fue trasladado a la cárcel de Picassent, donde se encuentra actualmente.

En las diligencias se explica que este no sería el único preso afectado por esta situación. Otro interno que presenció la situación y que le habría quitado el palo de escoba a su amigo «para evitar males mayores», antes de acompañarle al patio para que se calmara, también denuncia fuertes represalias. Su testimonio describe cómo al día siguiente de estos hechos siete u ocho funcionarios le trasladaron a una celda de aislamiento –aplicándole el artículo 75 del Reglamento penitenciario– y una vez allí comenzaron a golpearlo y a amenazarle repetidamente. Explica que lo cogieron de la tráquea mientras le tapaban la boca y la nariz para que no pudiera respirar, le propinaron numerosos golpes y patadas por todo el cuerpo y amenazaron con matarle.

Tras insistir repetidamente en recibir atención médica, el día 2 lo llevaron a enfermería, donde le hicieron radiografías de la pierna, pero afirma que hasta ahora no ha recibido ningún informe médico. Según su versión, el día 6 de septiembre dos funcionarios volvieron a su celda para golpearle de nuevo debido a su insistencia en comunicarse con el jefe de servicio y explicarle la situación. Tampoco se ha tramitado ninguna de las instancias que interpuso. El miércoles 11 de septiembre se le retiró toda la medicación psiquiátrica que tenía prescrita y sufrió un ataque epiléptico dentro de la celda. Finalmente, fue trasladado al centro penitenciario de Murcia II, donde actualmente continúa privado de libertad.

Los otros dos testigos que figuran en la denuncia también corresponden a internos que presenciaron la pelea y que habrían sufrido represalias en forma de cambio de régimen, amenazas, vejaciones y agresiones físicas por parte de algunos funcionarios del centro los días siguientes a los hechos. Todos ellos relatan que aunque visitaron la enfermería en algún momento, por ahora nadie ha recibido ningún tipo de informe médico sobre las lesiones que acumulaban. A los pocos días de los hechos, todos fueron trasladados a otros centros penitenciarios de todo el Estado, lo que imposibilita la comunicación entre ellos y la denuncia colectiva de estos hechos.

Por todo ello, en las denuncia interpuestas por parte de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria –que se presentará como acusación popular– contra el centro penitenciario de Albocàsser, se pide que se investiguen estos hechos, que constituirían delitos de torturas y contra la integridad física y moral de, al menos, cuatro presos. Por ello se solicitan las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia del patio y los pasillos de acceso a los módulos de aislamiento, así como la identificación de todos los funcionarios que trabajaron entonces en el módulo 3 del centro y los informes médicos de cada uno de los presos que pasaron por la enfermería los días después a los hechos.

Lisandro Giordani, abogado de los presos denunciantes, explica que «si se prueban estos testimonios, estamos ante un delito de torturas por parte de los funcionarios del centro, que el artículo 174.2 del Código Penal penaliza con hasta 6 años de prisión, además de otros delitos por lesiones y amenazas». Según Giordiani, esta no es la primera vez que se denuncian torturas por parte de los funcionarios de la prisión de Albocàsser y recuerda como en noviembre del año pasado, algunos presos ya denunciaron agresiones por parte de los trabajadores del centro a pesar de que finalmente el caso quedó archivado. «Para los presos resulta muy difícil denunciar cualquier situación, ya que es muy complicado presentar pruebas de los hechos porque en las cárceles hay muy pocas cámaras y al cabo de un mes se borran todas las imágenes», asegura el abogado, pese a la existencia de un informe del Defensor del Pueblo que solicita que se preserven las grabaciones para poder certificar las denuncias.

Giordani también considera un factor importante el hecho de que muchos presos tienen miedo de denunciar por las posibles represalias, por lo que está siendo complicado añadir más denunciantes a la causa. «Después de presenciar esta situación, muchos presos fueron trasladados a otros centros penitenciarios para dificultar la comunicación entre ellos y que les resultara difícil denunciar, pero nosotros estamos yendo a verlos a todos y de momento ya hemos presentado cuatro denuncias que se unirán en una única causa», remacha. El abogado también considera que a diferencia de otras situaciones similares, en las que el caso se archiva rápidamente, esta vez una juez ya ha fijado unas fechas para que los denunciantes acudan al juzgado a declarar y ha solicitado las imágenes de las cámaras y la identificación de los funcionarios que prestaron servicio ese día: «todo parece indicar que esta vez la causa tirará adelante», concluye.

Cárcel=Tortura Familias Frente a la Crueldad Carcelaria Presxs en lucha

El próximo 11 de octubre, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía convoca, en su sede de Sevilla (Calle Blanco White, 5), una nueva Asamblea de Familiares y Amigxs de Personas Presas. Tal como dicen en su convocatoria

Las asambleas son espacios de encuentro de apoyo y asesoramiento jurídico donde se trabajan diferentes ámbitos como:

  • Potenciar la voz de las familiares
  • Detectar necesidades de las familiares y, por ende, de las personas presas.
  • Desarrollar conciencia de acción social.
  • Establecer lazos o vínculos entre las participantes para organizar la lucha social.

Durante la asamblea se hará una dinámica de reflexión.

Anima a todas las personas que conozcas o que tengan a alguien en prisión a que acuda. Necesitamos sumar fuerzas, por eso es importante su asistencia y su participación.

¡’Te esperamos!

APDHA

Actividad en la calle Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

Hablamos de la convocatoria para el sábado, 21 de septiembre, de una concentación frente a la cárcel de Albocàsser, de los grupos convocantes, de los antecedentes de otros años y de los motivos que existen, además del apoyo a la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, para fijar la atención en esa cárcel donde se tortura a los presos, se les degrada de diversas maneras, se les mata, como a Daniel Sánchez Molina, Adrián Macho Plaza o Manuel Fernández Jiménez, o se les «deja morir» sin excarcelarles a pesar de estar gravemente enfermos, como Francisco Chamorro. Hablamos otra vez con Lola, madre de Omar, preso en Albocàsser que está sufriendo torturas y malos tratos desde finales del mes pasado. Comentamos las nuevas crueldades a las que ha sido sometido, junto a otros dos comapñeros, esta semana pasada. Leemos un comunicado del compañero que está haciendo los segundos diez días de la huelga de hambre rotativa y el caso de un preso a quien tienen en régimen de castigo a pesar de su enfermedad mental.

Cárcel=Tortura Familias Frente a la Crueldad Carcelaria Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020 Presxs en lucha Radio: Tokata Y Fuga

Hablamos de la insumisión de una amiga a actuar en una mesa electoral en las elecciones del 28 de abril, de sus motivos y de las posibles represalias. Reproducimos algunas grabaciones recientes con la voz de nuestra compañera Pastora González e intentamos afrontar un amago de abusar de su memoria. Leemos cartas de algunos compañeros presxs en lucha iniciando un balance crítico de los últimos intentos anticarcelarios y haciendo propuestas para continuar la lucha en septiembre.

Familias Frente a la Crueldad Carcelaria Presxs en lucha Radio: Tokata Y Fuga Sociedad-cárcel

Recién llegadxs de la concentación frente a la cárcel de Picassent en apoyo de lxs presxs en lucha y en conmemoración de la muerte de Luis Manuel Acedo Sáenz, víctima de abandono médico-sanitario en esa cárcel hace tres años, hacemos tertulia con Toñi, su madre, con otra socia de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria como ella, nuestra compañera Lydia, y con Laura Delgado, abogada solidaria con las personas presas. Hablamos también con Carmen, madre de una persona diagnosticada de esquizofrenia, ininputable y, sin embargo, presa, maltratada y aislada en régimen de castigo, que le fue entregada muerta en enero, con huellas evidentes de violencia y supuestamente suicidada por ahorcamiento. Comentamos la inhumanidad de las cárceles y del sistema punitivo, la posibilidad de organizarse para defenderse frente a ella, la lucha por su dignidad de lxs presxs rebeldes y sus reivindicaciones; especialmente, con Laura, comentamos la reivindicación contra la indefensión jurídica, que se relaciona directamente con todas las demás. Recordamos una y otra vez a nuestra hermana y compañera Pastora González.

Actividad en la calle Familias Frente a la Crueldad Carcelaria Huelga de Hambre Mayo de 2019 La cárcel mata Radio: Tokata Y Fuga

El pasado sábado, 11 de mayo, más de 50 personas procedentes de Valencia ciudad, de varios pueblos y comarcas del País Valencià (Albaida, Ontinyent, Alcoy, Cocentaina, L´Olleria, La Safor…), de Madrid, Toledo y otras ciudades, acudieron a la convocatoria de la familia de Luis Manuel Acedo Sáenz y de la asociación Familias Frente A la Crueldad Carcelaria a la que pertenecen, para concentrarse durante dos horas, conmemorando la muerte de Luis, hace tres años, enfermo de cáncer, abandonado sin diagnóstico ni tratamiento en uno de los sucios patios de la prisión de Picassent, expulsado de sus talleres sin baja ni nada, maltratado y humillado por los carceleros y los médicos carceleros y excarcelado cuando ya no se podía hacer nada por ayudarle, para que muriera en la calle. También se trataba de apoyar la huelga de hambre que está realizando desde el 1 de mayo lxs presxs en lucha, en defensa de una tabla de 14 reivindicaciones, que analizan una serie de situaciones de tortura, crueldad y tratos crueles inhumanos y degradantes, como la que sufrió Luis, y que se dan rutinariamente en las cárceles del Estado español. Como se puede ver en las fotos de arriba, se sostuvieron pancartas, se repartieon panfletos, de los que se pueden ver las dos caras un poco más abajo, se cantaron canciones, se corearon consignas y se gritaron una y otra vez a través de un megáfono las 14 reivindicaciones. Hubo comunicación con las personas presas que se asomaron a las ventanas y fraternidad con ellas y entre las participantes. En el Tokata Y Fuga de ese día, se puede escuchar la crónica y comentario de lo sucedido que hacen cuatro de las personas asistentes y la grabación en audio de unos minutos del ambiente que hubo.

Actividad en la calle Familias Frente a la Crueldad Carcelaria Huelga de Hambre Mayo de 2019 La cárcel mata

2019 es el tercer año en que la familia de Luis Manuel Acedo Sáenz convoca en el mes de mayo una concentración frente a la cárcel de Picassent para conmemorar su muerte. En 2016, él estaba preso en esa cárcel, cuando enfermó de cáncer, pero los servicios médicos carceleros, a pesar de que les informó una y otra vez de los terribles dolores que padecía, ni le hicieron un diagnóstico que merezca ese nombre ni le enviaron al hospital para que se lo hicieran allí, le daban antiinflamatorios, analgésicos suaves o pomadas, por si se tratara de una lesión muscular o quién sabía de qué, a ellos les importaba poco. Tenía cáncer de pancreas y lo dejaron meses tirado en el patio, con tremendos dolores, despreciando sus llamadas de auxilio y pisoteando su dignidad humana y sus derechos. Finalmente, cuando era demasiado tarde para ayudarle en nada, le soltaron para que muriera en la calle. La familia interpuso una querella, más que nada por si podía servir de algún modo para que algo así no pueda volver a suceder. Esa manera de proceder es la habitual en la cárceles, como sabemos muy bien después de un monton de testimonios. Hay que seguir luchando para impedir esa crueldad y ensañamiento con nuestra gente. Y eso mismo es lo que intentan los presxs en lucha que han convocado huelga de hambre colectiva del 1 al 15 de mayo, en defensa de 14 reivindicaones entre las que hay varias que afectarían de lleno al caso de Luis. Como las otras veces, tanto la familia de Luis como la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria que les secunda en la convocatoria, quieren que sirva también de expresión de solidaridad con las personas que intentan movilizarse en defensa de su dignidad y de la de todxs.

¡NI UNA MUERTE, NI UN MALTRATO MÁS EN PRISIÓN!

Noticias sobre el caso de Luis y las concentraciones de otros años

Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

Sobre la huelga de hambre colectiva de mayo 2019

 

 

Actividad en la calle Familias Frente a la Crueldad Carcelaria Huelga de Hambre Mayo de 2019 La cárcel mata

Recordamos a nuestra hermana y compañera Pastora Dominga González Vieites, que murió la semana pasada, pero sigue con nosotrxs y nosotrxs con ella mientras no muera la lucha anticarcelaria. Hablamos con gente de Valencia, Lleida y Madrid de la huelga colectiva de lxs presxs en lucha, del apoyo que ha tenido en la calle el último 1º de mayo, de la huelga de hambre de Carmen Badía Lachos en su 55º día y de las posibilidades de que la cosa salga bien, algo muy difícil. Hablamos con la compañera de un preso que está sufriendo torturas y abandono médico en la cárcel de Estremera. Recordamos la muerte por ahorcamiento de otro muchacho preso, diagnosticado de esquizofrenia y que nunca debió entrar en la cárcel. Convocamos la concentración del próximo 11 de mayo frente a la cárcel de Picassent, en conmemoración de la muerte de Luis Manuel Acedo Sáenz y en apoyo a la huelga de hambre coelctiva. Leemos una carta de Peque al Secretariado del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Actividad en la calle Cárcel=Tortura Familias Frente a la Crueldad Carcelaria Huelga de Hambre Mayo de 2019 La cárcel mata Presxs en lucha Radio: Tokata Y Fuga

Aquí tenéis la traducción al castellano de una entrevista firmada por Vicent Almela y publicada en catalán en «Desde dins, suplement informatiu sobre la lluita pels drets de les persones preses». En ella, un compañero y una compañera de la asociación FFACC (Familias Frente A la Crueldad Carcelaria), que tienen a su hijo preso desde hace años, cuentan algo de su experiencia y hablan un poco del grupo de familiares autoorganizadxs del que forman parte. La foto es de Lucas Guerra.

Lidia y Alfonso tienen un hijo que está privado de libertad desde hace más de diez años. Ha pasado por diferentes centros penitenciarios del Estado español y actualmente se encuentra preso a más de 600 kilómetros de su casa. Aparte de la distancia y el gasto económico que les supone visitar a su hijo, también denuncian el maltrato y las vejaciones constantes por parte de la administración penitenciaria a los que está sometido. Ambos forman parte de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, un espacio donde compartir experiencias y cuidados con otros familiares y amistades de personas presas, dar voz y atender las necesidades básicas como facilitar el acceso a la defensa o ropa.

Antes de que vuestro hijo entrara en prisión, ¿qué imagen teníais del sistema penitenciario?

Alfonso: Una imagen bien distinta. Lo disfrazan de una manera que hasta que no lo vives en primera persona es imposible que te des cuenta. Los medios de comunicación no informan sobre lo que pasa dentro de las cárceles, sólo dan voz a los funcionarios. Yo pensaba que las cárceles eran centros de reclusión donde las personas cumplían sus condenas de una forma digna. Pero ahora me he dado cuenta de que es todo lo contrario. Es una humillación tras otra. Las personas pasan a ser desechos humanos.

Lidia: Yo tampoco tenía la misma visión que tengo ahora que lo vivo en mi propia piel. Tenía la idea de que cuando alguien hacía algo ilegal debía cumplir su condena. Pero de forma normal, sin vejaciones, ni humillaciones, ni agresiones ni dejándolos sin asistencia médica. Todo esto para mí ha sido nuevo. Nuestra experiencia está siendo nefasta.

¿Cómo afecta la cárcel avuestra vida diaria?

A.: De forma indirecta nosotros también estamos privados de libertad. Dependemos completamente de la institución penitenciaria. Hay unos horarios determinados en los que nos podemos comunicar, entonces tienes que dejar lo que estés haciendo, si quieres hablar con tu hijo. Las visitas son una vez a la semana, si estás cerca, y si estás lejos, cuando te lo puedes permitir económicamente. Los trasladan para que no puedas verlos. Y eso les desestabiliza como personas. Esta es la razón de muchos de los problemas que suceden después en las cárceles. Según ellos son culpa de los presos, dicen que un preso se vuelve agresivo de pronto, pero yo creo que son ellos los que provocan que los presos se pongan violentos.

L.: A mí principalmente me afecta psicológicamente. Cada vez que hablo con mi hijo me pregunto: ¿será el último minuto de su vida? ¿Lo volveré a oir? Cada vez que suena el teléfono de casa pienso que me van a decir que mi hijo ha muerto.

¿Con qué situaciones concretas os habéis encontrado?

A.: La que más nos afectó fue el episodio de tortura y el maltrato que sufrió nuestro hijo en la prisión de Aranjuez. Encima no pudimos visitarle, ni su abogada tampoco. Automáticamente le impidieron el acceso a las visitas, al médico forense, a las llamadas. No había manera de ver la gravedad de las heridas. Otro tema es cómo nos tratan a los familiares. Lo hacen como si también fuéramos reclusos, con un despotismo exagerado. Y encima tienes que callar porque, si decimos algo, lo castigarán a él. Le pueden quitar las visitas, dejarlo seis meses sin comunicación. Una vez ya estuvimos seis meses sin poder comunicar. Decían que le habían encontrado droga y nos acusaban a nosotros.

L.: Recibimos una citación como imputados. Yo me cabreé muchísimo. Evidentemente, al final nos absolvieron, pero los seis meses sin ver nuestro hijo no nos los quita nadie. Después de que le pegaron la paliza que comenta mi marido, lo dejaron hecho un cromo, no querían que la abogada viera en qué estado estaba mi hijo e inmediatamente lo trasladaron a Zuera para que no pudiera contactar con ella. Querían que se recuperara de las heridas antes de que ella lo visitara. Finalmente pudimos denunciarlo y el proceso va adelante. Por este caso he recibido amenazas telefónicas por parte de funcionarios, pero no tengo miedo.

¿Sentís que la sociedad os juzga por ser familiares de una persona presa?

A.: En mi entorno no. Siempre nos han apoyado. Vivimos en un entorno de clase trabajadora y nunca me he sentido juzgado por tener un hijo preso. No somos los únicos.

L.: Quien nos juzga son los funcionarios cada vez que vamos a verlo. Y luego están las vecinas que lo hacen por el morbo. Te quieren sacar información para luego contarlo por ahí.

¿Qué es la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria?

L.: Es una asociación creada por familiares y amigos de personas que están presas. También hay personas que han perdido familiares dentro de las cárceles. El objetivo es que los presos puedan tener abogados, que sienten que tienen personas fuera que les apoyan… Por ejemplo, hace poco hicimos una calçotada y vendimos libros para recoger dinero para la caja de resistencia y pagar abogados. Participar en estas actividades también nos sirve para socializar y evadirnos un poco de la realidad que vivimos.

A.: De momento es una asociación muy joven, estamos empezando. Hemos organizado talleres de autoayuda, cuidados y apoyo mutuo para las familias. Hablamos con personas que tienen el mismo problema y sufren como tú. Gracias a la asociación nos damos cuenta que no estamos solos.

Actividad en la calle Familias Frente a la Crueldad Carcelaria