Categoría: <span>Explotación en prisión</span>

El Departamento de Justicia de la Generalitat catalana ha decidido rebajar los precios de los productos de los economatos de sus cárceles siguiendo la recomendación que le ha hecho el Síndic de Greuges después de una investigación abierta a raíz de la queja de 27 internos que consideraban excesivos los precios de los productos básicos. La aceptación ha sido acompañada de las primeras medidas por parte del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) y desde enero han retirado 98 productos y han rebajado el precio a otros 97. Entre estos, la leche (un litro de leche semidesnatada ha pasado de 1,56 a 1 euro), el café soluble (se ha rebajado de 1,30 a 1,19 euros) o la crema dental (costaba 2 euros y ahora vale 1,89).

El CIRE también se ha comprometido a seguir trabajando en la línea recomendada por el Síndic y, desde un observatorio de productos y precios creado con este objetivo, está elaborando un estudio comparativo a partir de las datos del defensor del pueblo catalán. Éste ha recordado que «según la normativa, los productos ofrecidos a los economatos de los centros penitenciarios en ningún caso pueden ser superiores a los de los comercios externos situados en el entorno de los centros» y se ha mostrado satisfecho «con la buena disposición de Justicia para garantizar los derechos de los internos a disponer de productos básicos a precios razonables».

Antes de la rebaja, según el estudio comparado de precios elaborado por el Síndic, las tiendas de los centros penitenciarios gestionadas por el CIRE (Quatre Camins, Jóvenes de Quatre Camins, Brians 1, Brians 2, Lledoners y Mujeres de Barcelona) ofrecían productos un 35 % más caros que los comercios externos de referencia. El Síndic, ha recordado a la administración carcelera que «no puede dejar en manos de la empresa adjudicataria la fijación de precios» y que «es responsabilidad del CIRE controlar que los precios de los productos que se venden en las tiendas no sean superiores a los precios de los mismos productos en el exterior».

Fuente

Explotación en prisión

Dirigentes políticos y jueces estadounidenses tienen algo en claro: que la mano dura y la tolerancia cero son mucho más rentables que la prevención del delito. Gracias a eso, las empresas que operan las cárceles privadas del país del norte ganan cada año miles de millones de dólares por un negocio tan jugoso como perverso y en el que las principales víctimas son los inmigrantes pobres. La gran mayoría de ellos llega a los centros de detención privados por las duras leyes vigentes y por la complicidad que el Estado y el aparato judicial mantienen con las compañías del rubro. Su estadía en estas prisiones incluye abusos, vejaciones y condiciones de vida inhumanas.

El negocio comenzó en los años 80, bajo la presidencia del conservador Ronald Reagan. En 1983, Jack Massey creó la primera empresa de cárceles en Estados Unidos: Corrections Company of America (CCA). Al año siguiente surgiría Wackenhut Corrections Corporation, que más tarde sería comprada por el Geo Group, actualmente la segunda compañía más grande del negocio carcelario, por detrás de CCA.

Ambas empresas, que controlan el 80% de las prisiones privadas, fueron creciendo a la misma velocidad que aumentó la población carcelaria.

Explotación en prisión Internacional

12.000 presos trabajan en las prisiones de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (el estado español, excepto Cataluña) según los últimos datos oficiales publicados[1] por el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, lo que supone alrededor del 40% de la población penitenciaria que puede trabajar.

Entre los años 2006 al 2011 el número de presos trabajadores subió de los 11.000 a los 12.442, respecto a un total de 57.000 personas. En el año 1997 eran 3.800 los presos trabajadores, época en la que la población reclusa apenas alcanzaba los 36.500 presos.

Estos presos trabajan en alguno de los 191 talleres productivos ubicados en 53 centros penitenciarios, dedicados a la carpintería metálica, la confección industrial o al cultivo en invernadero; o están ocupados en alguno de los servicios penitenciarios: cocinas y panaderías, mantenimiento, jardinería, lavandería… propios de cualquier prisión.

Explotación en prisión

12.000 presos trabajan en las prisiones de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (el estado español, excepto Cataluña) según los últimos datos oficiales publicados [1] por el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, lo que supone alrededor del 40% de la población penitenciaria que puede trabajar.

Entre los años 2006 al 2011 el número de presos trabajadores subió de los 11.000 a los 12.442, respecto a un total de 57.000 personas. En el año 1997 eran 3.800 los presos trabajadores, época en la que la población reclusa apenas alcanzaba los 36.500 presos.

Estos presos trabajan en alguno de los 191 talleres productivos ubicados en 53 centros penitenciarios, dedicados a la carpintería metálica, la confección industrial o al cultivo en invernadero; o están ocupados en alguno de los servicios penitenciarios: cocinas y panaderías, mantenimiento, jardinería, lavandería… propios de cualquier prisión.

Explotación en prisión

Es la cárcel de Ocaña, donde la mayoría de sus más 500 internos se ocupan de montar el aire acondicionado de «los AVE» europeos, fabricar las rejas de las nuevas cárceles o preparar el kit de aseo de los presos. Los internos de Ocaña I son solo una pequeña muestra de la población reclusa empleada en las diferentes prisiones. Uno de cada cuatro presos tiene trabajo, porcentaje que se eleva hasta el 40 por ciento, más de 12.000, si solo se tiene en cuenta la población hábil para trabajar, cerca de 28.900 presos.

Explotación en prisión