Los expertos denuncian que la atención sanitaria de la población reclusa es bastante peor que la de la población en general. El 40% de las personas presas padecen algún tipo de enfermedad relacionada con los trastornos mentales y la mitad de éstas tienen problemas vinculados a las drogas. Entre el 22 y el 25% de los 70.000 presos de las cárceles españolas sufren un trastorno psiquiátrico grave -casi uno de cada cuatro. El 26% de los presos padecen VIH positivo y el 42% reconoce haberse infectado en la cárcel. Entre 2004 y 2007 fallecieron en las prisiones españolas un total de 772 personas a causa del sida. Tanto la Ley General de Sanidad, de 1986, como la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, exigen que esta competencia, aún en manos del Ministerio del Interior, se transfiera a las Consejerías de Salud de las autonomías, algo que sólo ha ocurrido en Cataluña.
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