Según La Vanguardia, Amnistía Internacional ha denunciado este viernes, en su Informe Anual 2011 (Ver informe referido a España) sobre El estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que en España persisten las «torturas y malos tratos» y que las investigaciones sobre ellas «siguen siendo inadecuadas». Además, la organización ha criticado que España «no escuche» las recomendaciones de la ONU y otros organismos internacionales sobre la definición de tortura que figura en el Código Penal , que distingue entre atentado «grave» de tortura y atentado que no es grave, y se niegue a abolir la detención en régimen de incomunicación. En el apartado sobre España, el informe destaca que han continuado las denuncias de tortura y malos tratos a manos de «funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» y que no se han tomado medidas para recopilar y publicar datos sobre los casos que pudieran suponer violaciones de los derechos Humanos de personas bajo custodia policial. El informe detalla asimismo varios casos en los que denuncias de torturas y malos tratos se han desestimado o cerrado sin profundizar en la investigación de los hechos. Otro apartado destacado en el informe es el relativo a los Derechos de la Infancia, en concreto sobre el internamiento de menores con problemas sociales o de conducta en centros en los que se producen casos de «castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente». En este asunto destaca, una vez más, la negativa de las autoridades españolas a ajustar plenamente la legislación y las normas administrativas de todas las Comunidades Autónomas a la Convención sobre los Derechos del Niño. En el apartado dedicado a las situaciones de racismo y discriminación, AI denuncia la «detención preventiva» de ciudadanos extranjeros y la falta de una estrategia nacional para combatir el racismo, pese a que esta contemplado en el Plan Nacional de Derechos Humanos de 2008. Así, destaca las disposiciones aprobadas por varios municipios que prohíben el uso del velo integral en edificios municipales o la moción aprobada por el Senado por la que se insta al Gobierno a prohibir su uso en espacios y acontecimientos públicos.
Más información: Amnistía Internacional; Gara.
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