El Centro para el Estudio de los Prisioneros ha denunciado que 71 Ciudadanos de Palestina perdieron la vida en diversos centros de detención del régimen Israelí tras ser sometidos a torturas.
El reporte, emitido en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura que se conmemora cada año el 26 de junio, también indica que el uso de la fuerza de los israelíes ha puesto en riesgo la vida de otros cinco mil palestinos encarcelados en los territorios ocupados.
El organismo ha recibido más de 900 denuncias por casos de torturas dirigidas contra exreclusos palestinos liberados.
Un último caso confirmado indica que Arafat Yaradat, recluido en la cárcel israelí de Megiddo, murió el pasado 23 de febrero por las torturas infligidas.
El Centro para el Estudio de los Prisioneros Palestinos, ha señalado que en Israel los responsables de estos crímenes de lesa humanidad no han recibido sanciones ni han sido levados ante la justicia. Este hecho supone que el régimen israelí avala la práctica de métodos violentos en contra de la población palestina.
El Tribunal Supremo Israelí aprueba el uso de la violencia desde 2011, cuando garantizó la inmunidad de castigo para aquellos interrogadores que empleen métodos represivos para obtener información de privados de libertad palestinos que represente un “peligro” para la estabilidad de Israel.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó en su resolución 52/149, la conmemoración del 26 de junio como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con el objetivo de informar a la opinión pública mundial sobre la necesidad de poner fin a la tortura, ayudar a las víctimas y asegurar la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Quemaduras, violación, golpes en las plantas de los pies, asfixia por inmersión, aplicación de corriente eléctrica, privación del sueño y palizas, son herramientas frecuentes de los torturadores para doblegar la voluntad del individuo.
La tortura está considerada como una de las formas más graves de violación de los Derechos Humanos y más allá de las consecuencias físicas, los traumas psicológicos generados por esta práctica producen secuelas emocionales muy difíciles de curar.
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