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Continuando con el análisis del ámbito de las denominadas “medidas de seguridad”, la otra novedad llamativa del Anteproyecto de octubre 2012,que ésta sí, subsiste en el texto de 2013, se refiere a la “libertad vigilada”. Esta medida no es de nuevo cuño, pues nació con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, aunque entonces sólo se preveía para los delitos de terrorismo y ciertos delitos contra la integridad sexual, sosteniendo que con ello se buscaba la protección a las víctimas y la rehabilitación y reinserción social del delincuente. Ahora, no han transcurrido tres años desde la última reforma del Código Penal, el prelegislador propone modificar esta medida ampliando de forma extraordinaria su ámbito de aplicación: tanto en lo relativo al catálogo de delitos a los que podría aplicarse, como en cuanto al listado de posibles medidas a acordar (prohibiciones y/o obligaciones), hasta 17, además de “los demás deberes” (en éste caso previa conformidad del penado) que el Juez o Tribunal estime convenientes para su rehabilitación social y siempre que no atenten contra su dignidad como persona. A mayor abundamiento se introduce una cláusula final residual totalmente abierta que habilita la imposición de “otras” obligaciones y condiciones, nuevas, a lo largo del cumplimiento de la medida. Es decir, que además del ya amplio catálogo que se establece la posibilidad de que a su discreción el Juez aplique otras medidas, imprevisibles, a su libre arbitrio, en la aplicación inicial de la medida o durante su cumplimiento sin otra limitación que la indeterminada apelación a la dignidad humana. Por lo demás, y como veremos más adelante, en el texto se hace abstracción de derechos tan importantes como la privacidad, la libertad de circulación, de residencia, de reunirse o asociarse libremente del penado; derechos que pueden verse seriamente afectados por algunas de las prohibiciones o limitaciones previstas.

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Política criminal

Nos hacemos eco de la aparente marcha atrás en la propuesta del ministro de justicia sobre la implantación de la custodia de seguridad para presos con un determinado (confuso y amplio) perfil –peligrosos-.

La custodia de seguridad ha sido suprimida del anteproyecto de ley. El texto, que fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado octubre y está ahora en fase de informes, aún no es definitivo: debe volver al Consejo de Ministros y pasar después por el Congreso y el Senado. Justicia señala, no obstante, que la custodia de seguridad “no volverá a ser incluida”

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Política criminal

Como personas del colectivo de salud mental queremos llamar la atención de la población general por el Anteproyecto de Reforma del Código Penal, presentado en el Consejo de Ministros el 11/10/2012 y que se encuentra actualmente en discusión para su aprobación.

Este anteproyecto vulnera los derechos civiles, cercena las libertades de la mayoría de la población y atenta contra los preceptos de la Constitución. Incluso el Consejo General del Poder Judicial considera el anteproyecto inconstitucional.

Las nuevas propuestas criminalizan los movimientos sociales y son especialmente discriminatorias con los colectivos más vulnerables socialmente, como los migrantes y las personas con un diagnóstico psiquiátrico. Además, es incompatible con la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

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El pasado 16 de julio de 2012 el Ministerio de Justicia hizo público un borrador de Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se pretende reformar -y ya van 29 reformas- el contenido de numerosos artículos del Código Penal, tan solo año y medio después de la entrada en vigor de la última modificación que afectó a 152 artículos del Código Penal, casi una cuarta parte de su total.

El gobierno está tramitando este Anteproyecto que afectará de forma muy negativa a la población inmigrante, intentando aplicar medidas más restrictivas respecto a la anterior reforma del 2010. Los artículos que afecta a esta población y sobre los que se quieren aplicar modificaciones son:

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Cuadro comparativo de como están los artículos referentes a lo aquí tratato y como quedan propuestos en el anteproyecto de reforma del código penal

Desde que se aprobara en 1995 el Código Penal vigente, éste ha sufrido veintinueve reformas. Ello no deja de ser preocupante, por cuanto uno de los requisitos que han de cumplir las normas penales es su estabilidad. Un proceso de reforma casi permanente de una legislación cuya aplicación tiene tan graves consecuencias pone en riesgo la seguridad jurídica imprescindible en una sociedad. Si bien es cierto que las normas han de adaptarse a los tiempos, evolucionar para reflejar los principios y valores de la comunidad y dar respuesta a las necesidades de ésta, no es aceptable en un Estado de Derecho que el Código Penal se convierta en un texto programático, que traduzca los postulados del gobierno de turno respecto de acontecimientos coyunturales.

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El Anteproyecto de reforma del Código Penal de 2012 Incidencia sobre infractores penales con anomalías o alteraciones psíquicas

En la actualidad la Gobierno ha remitido al Parlamento una importante reforma del Código Penal, en la que aparecen figuras nuevas como la custodia de seguridad y la prisión permanente revisable. El concepto de peligrosidad aparece como un elemento esencial a la hora de que los jueces tomen decisiones sobre permisos penitenciarios y la puesta en libertad. Esta reforma va a tener una gran importancia en la psiquiatría legal ya que el diagnóstico de enfermedades mentales surgira como un elemento importante en el debate.

Según el  CP, a ninguna persona con enfermedad mental que hubiese cometido un delito y se la declarase inimputable por ella, se le podía imponer una pena ya que no se le declara responsable del delito del que ha sido autora. En vez de esta pena, el juez puede imponer una medida alternativa a ella (llamada medida de seguridad), privativa o no de libertad y que, en muchas ocasiones, consiste en el internamiento psiquiátrico. Ejemplo de lo avanzado del actual CP en este sentido es que la duración de esta medida de seguridad nunca puede ser de una duración mayor a la pena que se le hubiese impuesto en caso de ser imputable, un logro que se consiguió en la redacción del CP de 1995, superando la media tinta utilizada al respecto en la reforma urgente y parcial realizada en 1983 del caduco y represivo CP de 1973.

Política criminal Salud mental

En el último año, hemos asistido a numerosas y profundas reformas de nuestro ordenamiento jurídico. Varias de ellas, han supuesto una vuelta de tuerca en las políticas represivas estatales, encaminadas a un mayor punitivismo y debilitamiento de las garantías procesales en líneas generales. Nos referimos principalmente, a la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza) y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Si bien su aprobación y entrada en vigor corresponden al año 2015, consideramos relevante incluir una breve mención a la afección que estas modificaciones han tenido a la hora de denunciar torturas y malos tratos; es por esto precisamente que se incluye en el presente informe, puesto que la anunciación de estas reformas, la imprecisa información que se ha venido dando desde los mass media y la incertidumbre por el contenido final del texto, han repercutido en la visibilización o manifestación pública de hechos que constituyen malos tratos o tratos inhumanos o degradantes. Para entender en qué medida influye la simple revelación de inminentes cambios legislativos, recurrir a la explicación de la estrategia «globo-sonda», facilita la tarea. Seguramente esta es una expresión conocida por mucha gente, pero quizá no todo el mundo comprende su alcance o suele relacionarlo más con una maniobra periodística o de marketing empresarial, que con una técnica de comunicación de políticas públicas o una estrategia represiva.

Cárcel=Tortura Política criminal

La “mayoría silenciosa” se ha convertido en una categoría central de la política española actual. En manos del Gobierno, es el arma arrojadiza contra cualquier movilización que cuestione sus políticas. Los que protestan –contra los recortes, contra las privatizaciones, exigiendo mayor democracia– son siempre una minoría. Ruidosa, extremista, invariablemente manipulada. La “mayoría silenciosa”, en cambio, sería la expresión ontológica de una sociedad civilizada. La que se queda en casa, la que soporta estoicamente los ajustes y las exhibiciones de impunidad de los que mandan.

El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia

Política criminal

«Las tres cuartas partes de los delitos que son juzgados por los tribunales cada año tienen su origen, o directa o indirectamente, en la desorganización actual de la sociedad, en lo que se refiere a la producción y distribución de la riqueza, y no en la perversidad de la naturaleza humana.« 

Piotr Kropotkin

La reforma del Código Penal preparada por el Gobierno y que lleva la firma del ínclito Ruiz-Gallardón (ya saben, el otrora “verso suelto” del PP), se nos presenta envuelto en un brillante papel de regalo, destinado a popularizar la reforma ante una población, no toda, lógicamente, quebrantada por el sufrimiento de esta larga crisis económica y sobrecogida ante la corrupción generalizada de un sistema que se está revelando como podrido de raíz.

A este respecto, determinados medios de comunicación afines al poder han destacado la introducción y revisión en el proyecto de texto punitivo de ciertas figuras legales (financiación ilegal de partidos políticos, malversación, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias) supuestamente destinadas a castigar la corrupción con el doble objetivo de intentar enmascarar que tales fenómenos son consustánciales a un sistema que busca la maximización del beneficio a cualquier precio, y que tal fenómeno no es en absoluto nuevo, puesto que la crisis tan solo ha contribuido a aflorar fenómenos que se repetían desde hacía décadas; la llamada cultura del pelotazo.

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Resumen

Tras observar el tipo de acciones en que se ha venido plasmando la protesta social, la reforma da una nueva redacción a los artículos en que se regulan los delitos de atentado, desórdenes públicos y ocupación de sedes para poder castigar todas ellas, incluso las pacíficas y meramente reivindicativas. Por ejemplo: ocupación de sedes de bancos o centros de salud de manera totalmente pacífica, parar el metro.

– Especialmente grave es la introducción del art. 559 C.P., que antes castigaba las conductas de aquellos que perturbaran gravemente el orden público con el fin de impedir a alguna persona el ejercicio de sus derechos cívicos (derecho al voto, derecho al trabajo, derecho de reunión), y ahora castiga “la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público…, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo.”.

Este precepto puede suponer una intromisión ilegítima de los poderes públicos en las comunicaciones de las personas y vulnerar, en el caso de los mensajes de teléfono móvil y los correos electrónicos, el secreto de las comunicaciones. Supone un ataque a la libertad de expresión y castiga simples opiniones, que en un sistema democrático no pueden ser penalizadas. Además, criminaliza la conducta de alguien que da una opinión o emite un mensaje lícito por la influencia que tienen en un tercero, a quien ni siquiera se conoce.

– Se introducen conceptos tan genéricos que cualquier conducta puede caber, ampliándose el ámbito de arbitrariedad.

– En definitiva, se criminalizan el derecho de reunión y la libertad de expresión, como se desprende del hecho de que si los hechos se llevan a cabo en una manifestación o reunión numerosa (¿qué puede entenderse por “numerosa”?) o con ocasión de alguna de ellas, se ven agravados.

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