El gobierno español tenía planificado un macrovuelo de deportación de personas migrantes el pasado 15 de abril. Uno de los llamados «vuelos de la vergüenza» en la terminología que usa la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE. En esta ocasión su destino era Bamako, capital de Malí y la aerolínea que encargada era Air Europa, con la que el Estado español tiene un convenio desde el mes de marzo del año 2013 por 11.800.000 euros. Este convenio establece la posibilidad de renovación durante un año más, sin obligatoriedad de nueva licitación. Probablemente haya sido renovado automáticamente por un año más y por el mismo importe.
En el Centro de Internamiento de Zapadores, en Valencia, once personas estaban en la lista de personas incluidas en este operativo. Estos procedimientos están siendo denunciados cada vez más por las condiciones en las cuales el Estado lleva a cabo las deportaciones. La dirección del CIE no comunicó previamente a las once afectadasque que serían deportadas, ni cuándo, ni dónde, ni desde dónde tenían que ser deportadas. Recibieron la información la madrugada del 14 de abril, pocas horas antes de que fueran trasladadas al CIE de Aluche de Madrid como paso previo al vuelo que partía el día siguiente desde el aeropuerto de Barajas. Además, según el testigmonio de personas presas en Zapadores, las autoridades engañaron a las personas afectadas informándolas de su falsa puesta en libertad.
Esta falta de comunicación previa y el engaño del que fueron víctimas las personas que tenían que ser deportadas, acabaron siendo la gota que derramó el vaso de la indignación del resto de presos de Zapadores. El mismo día 14 de abril, en solidaridad con las once malíes y después de mandar una carta a la dirección del CIE comunicando los motivos de la protesta, 97 internas (del centenar que aproximadamente se encontraba interno en aquel momento) decidieron empezar una huelga de hambre como medida de protesta y de presión. Después de nueve días de protesta, miércoles 22 de abril finalizaba la huelga de hambre en el CIE de Zapadores.
Las condiciones en que las migrantes tenían que ser deportadas, suponen una vulneración legal, puesto que el juzgado de instrucción número 3 de control y vigilancia del CIE dictó un auto en 2013 que se establecía la obligatoriedad de comunicar al interno o interna con suficiente tiempo de antelación que se producirá su expulsión del país, así como la ciudad de origen y de destino de la deportación. Además, en este caso, la deportación vulneraba el principio de no devolución y tratados internacionales ratificados por el Estado español, puesto que Malí es un país en situación de conflicto armado. Las personas deportadas tampoco fueron informadas de su derecho a solicitar asilo. Es por eso por lo que abogadas de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, solicitaron la petición de asilo por las once malíes. Finalmente, esta solicitud paró in extremis nueve de las once deportaciones de los malíes provenientes de Zapadores.
En esta línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo dictó, el pasado martes 22 de abril, una sentencia condenatoria contra el Estado español por haber vulnerado los artículos 2, 3 y 13 de la convención europea de derechos humanos. En esta sentencia, el TEDH denunciaba la inexistencia de garantías al sistema jurídico español respecto al asilo y daba la razón a 30 saharauis a los que el gobierno español les denegó la petición.
Las presos de Zapadores ya hace tiempo que denuncian las condiciones durísimas que tienen que sufrir en su día a día. Mala calidad y escasa cantidad de comida, agua fría en las duchas, comunicaciones a través de mamparas como en las prisiones, poco tiempo para las visitas, desatención médica, continuas humillaciones por parte del personal del centro y un largo etcétera. Según denuncian los mismos presos, tienen que hacer sus necesidades durante la noche en bolsas de plástico, puesto que en las celdas no hay lavabo y se les deniega sistemáticamente la salida para poder acceder a uno. También denunciaban que las quejas sobre el CIE las tienen que dirigir a la misma dirección del centro, situación que pone en cuestión la imparcialidad en la resolución de los conflictos. Como canal de reclamación alternativo, tienen un buzón donde depositar quejas dirigidas al juez de vigilancia y control, pero no existe ningún tipo de confidencialidad, puesto que las tienen que escribir bajo la vigilancia de un policía nacional.
Los maltratos físicos por parte de los agentes de la Policía Nacional española es otro aspecto denunciado por las personas presas en numerosas ocasiones. El año 2012 cinco internos denunciaron maltratos físicos por parte de los policías que custodiaban el CIE. Cuatro días después fueron deportados. Este caso, fue reabierto el pasado 6 de marzo por la Audiencia Provincial de Valencia. En octubre de 2013 se produjo otra huelga de hambre. Como consecuencia de esta, otro Policía Nacional está imputado hoy en día por maltratos. En total, durante el año 2012, hay documentados 31 casos de denuncias individuales de maltratos y dos casos de palizas colectivas en el CIE de Zapadores.
Desde la Campaña Estatal por el Cierre del CIE y desde la comisión de denuncia de los macrovuelos de deportación de esta campaña, insisten que las deportaciones forman parte de un engranaje más complejo dentro de las políticas represivas hacia las migrantes. Estas políticas empiezan a menudo con las redadas policiales, que acostumbran a hacerse a lugares concurridos, como las bocas del metro, en función de perfiles étnicos o del color de la piel, para detectar posibles personas en situación administrativa ilegalizada. Hay documentadas en todo el estado, órdenes explícitas por parte de jefes de comisarías de la Policía Nacional hacia los agentes para llevar a cabo estas redadas racistas con el objetivo de lograr un número mínimo de detenciones de migrantes para deportar, sobre todo cuando se acercan las fechas cuando están previstos nuevos vuelos de deportación.
El siguiente paso es el internamiento y la privación de libertad en los CIE. Zapadores, Zona franca, Aluche y Málaga, son algunos de los centros donde últimamente se han dado más casos de abusos, impunidad y, incluso, de muerte bajo custodia policial. El debate público sobre este tipo de instituciones de reclusión se ha puesto durante los últimos años, y en particular durante los últimos meses, encima de la mesa, cuestionándose no sólo las condiciones de reclusión, sino la conveniencia de su propia existencia.
Los vuelos de deportación son la punta del iceberg de una política migratoria denunciada cada vez por más sectores de la sociedad. Estos últimos días se ha estado llevando a cabo en la ciudad de Barcelona una semana de lucha y acciones contra las deportaciones y también contra el negocio que suponen. El objetivo es denunciar este entramado político-económico que tiene como objetivo principal la expulsión del Estado español de personas que han decidido construir su proyecto vital haciendo efectivo el legítimo derecho de cualquier persona: el derecho a migrar.
Redadas, CIEs y vuelos de deportación. El gobierno represivo de las migraciones
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