Presos Cobaya

Además de las denuncias por recortes y poca transparencia en la sanidad de las prisiones, Instituciones Penitenciarias tiene abierto otro frente. Hace siete meses inició una inspección, tras una queja sindical, por el acceso de un laboratorio a historiales médicos de presos. La alerta partió de la prisión de Jaén. “Veíamos una persona que accedía al centro con el subdirector médico sin pasar ningún trámite de seguridad y se quedaba a solas con historiales médicos de los presos”, explica un representante del sindicato Acaip-USO en la cárcel jienense. El acceso a información privada del interno se prohíbe en el artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y en otras normativas.

Hasta el momento no ha trascendido nada de la inspección. “Desde el interior de la cárcel tenemos la impresión de que se quiere echar tierra encima”, explica un sindicalista de UGT, cofirmante de la queja.

Un responsable de Instituciones Penitenciarias confirma que la investigación sigue abierta, y “no se cuenta nada hasta que se concluye”. “Lo que sí puedo decir –añade– es que no es cierto que se pasasen informes. Se abre una investigación cuando se recibe una denuncia que no es infundada”.

Jesús Otín, delegado nacional de Prisiones de UGT, apunta: “ Todo en torno a este asunto, a pesar de la apelada transparencia, es parco, oscuro y cerrado porque es un tema escabroso”. Desde el penal jienense se muestran firmes: si no reciben información, volverán a cursar una nueva queja, “e incluso acudiremos a los juzgados”, añade un delegado sindical.

La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), patrocinadora del estudio Perseo, iniciado en 2011 en 25 prisiones y con 227 reclusos, ha alegado que los hechos denunciados son falsos. Según su presidente, Antonio López Burgos, todo lo que se refiere al programa se ha realizado de forma regular y con buenos resultados, “incluso ha obtenido premios”. “En todo ensayo se necesita un monitor (auditor externo) que controle que los datos son correctos y no inventados, y eso es lo que ha confundido a los sindicatos. Pero esta persona nunca tenía acceso a historiales completos de presos, solo a lo relativo al estudio, y nunca estaba a solas con ellos”, añade para rebatir el detonante de la queja sindical. “Este monitor –prosigue– lo ponen los promotores del estudio y tiene que ser una persona independiente, que puede ser pagada por los laboratorios porque asuman ese gasto. El estudio está promovido por la SESP, pero la farmacéutica puede patrocinarnos, pero no condiciona a que acceda a los datos que maneja el promotor”, recalca López Burgos.

Los dos sindicatos denunciantes mantienen que el permiso para realizar el estudio estaba caducado y muestran una copia de la autorización de Instituciones Penitenciarias, que expiraba el 30 de junio de 2011, y que con una única prorroga posible, se amplió hasta el 31 de diciembre. Y los hechos denunciados siguieron produciéndose, según Acaip-USO y UGT, al menos hasta febrero de 2013.

“Lo que había concluido era el plazo para incluir nuevos pacientes, que efectivamente acababa el último día de 2012, pero el seguimiento sí estaba en plazo”, rebate el presidente de la SESP.

“La queja partió porque no teníamos información. Si nos lo hubiesen aclarado con documentación, tal vez no hubiésemos tenido que presentar una queja, y si Instituciones Penitenciarias abrió un expediente informativo, será porque coincide con nuestro punto de vista”, aclara Jesús Otín, de UGT. López Burgos declara que en la SESP están “totalmente tranquilos”: “Que haya una investigación no supone que eso sea cierto ni que haya habido violación del secreto profesional”

Tomado de Interviú del 7/10/2013

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