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José Antonio Casasola Astorga, enfermo de hepatitis C con cirrosis muy avanzada y sufriendo VIH con las defensas extremadamente bajas, lleva cinco meses en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Villabona (Asturias) sin haber recibido en todo ese tiempo ningún tratamiento médico. Sufre vómitos, diarrea y fiebre permanente, se encuentra en los huesos y a menudo está tan débil que no puede ni levantarse de la cama para acercarse hasta el teléfono y hablar con su compañera. Ha solicitado su ingreso en el hospital al juzgado responsable de su situación, el cual se niega a actuar porque los informes médicos, solicitados ya hace tiempo, nunca terminan de llegar. La administración carcelera, que según la propia ley penitenciaria debe garantizar el derecho a la vida y a la protección de la salud de las personas presas, el Juzgado de vigilancia penitenciaria que debería ejercer la “tutela judicial efectiva” de esos derechos, y el juzgado que le mantiene preso en condiciones infrahumanas y sin ninguna justificación, además de la administración sanitaria, que debería proporcionar su historia clínica y no lo hace, son responsables de un verdadero asesinato.

El de José Antonio es un caso extremo, pero no una excepción, en unas cárceles donde al menos un 21 % de los internos tienen hepatitis C y cuyos responsables políticos lograron reducir los gastos de tratamiento en un 26,04% entre 2012 y 2013 y en un 48% desde 2006, impidiendo que las personas presas enfermas de VHC pudieran recibir como ordena la ley el mismo tratamiento que todo el mundo. Lo hicieron poniendo obstáculos como prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescribieran, no los nuevos fármacos, sino los anteriores, rechazados en la calle por las asociaciones de afectados por ser mucho menos eficaces que los de última generación, no dando otra opción a las personas presas que conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y aún mucho menos eficaces, o someterse a larguísimas listas de espera para entrar en los “cupos” establecidos, centralizando además injustificadamente los tratamientos en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con muy pocas plazas, para un tratamiento de 48 semanas. Sin embargo, al llegar allí, después de años de espera, el problema seguía siendo el mismo: las administraciones autónomicas y la carcelaria no se ponían de acuerdo sobre cuál de ellas debía pagar el tratamiento y, mientras pleiteaban, los enfermos seguían sin él. Además, por una orden de la autoridad carcelera que tergiversaba malintencionadamente los criterios al respecto de la Agencia Española del Medicamento, quedaban excluidas las personas coinfectadas de VHC y VIH. De manera que la misma secretaría general de prisiones tenía que admitir que sólo estaban recibiendo tratamiento el 2,8%, de las personas presas afectadas. A pesar del nuevo plan estratégico contra la hepatitis C del ministerio de sanidad, la situación no ha variado, ya que son apenas 24 las personas presas enfermas que están recibiendo los nuevos tratamientos.

Desde luego, hay que exigir que se le proporcione a José Antonio el mejor tratamiento médico disponible, al que tiene derecho en igualdad de condiciones con el resto de la población enferma, como cabe exigirlo para el resto de los más de 14.000 enfermos encarcelados por el Estado español. Pero lo que corresponde a la situación de José Antonio es su puesta en libertad, ya que las condiciones en que se le tiene no sólo no son las adecuadas para un enfermo tan grave, sino que, literalmente, le están matando.

¡La cárcel mata!

¡Tratamiento para todo el mundo sin discriminación!

¡José Antonio Casasola a la calle!

La cárcel mata VHC

El sábado pasado, por la mañana temprano, los boqueras de la cárcel de Villabona «encontraron» ahorcado a un preso en la enfermería del «establecimiento», de la que mucha gente dice que parece un psiquiátrico, porque está llena de enfermos mentales de los muchos que vagan perdidos y abandonados en los módulos carcelarios españoles. La prensa servil no dice el nombre del muerto, aunque sí que tenía 64 años y que estaba incluido en el «protocolo antisuicidios», uno de tantos paripés talegueros mediante los que la siniestra institución penitenciaria intenta disfrazar su inhumanidad. La cárcel mata –como la de Villabona, que ha escupido su cuarto cadáver en seis meses–, no cura ni reinserta. Su función es almacenar, como si fueran residuos radiactivos, a pobres, disidentes y gente imprevisible para neutralizarlos, explotando al mismo tiempo las operaciones e infraestructuras necesarias, como un conjunto más de «servicios» en el mercado, y creando además puestos de trabajo para los conformistas con las suficientes tragaderas como para aceptarlos. ¿Y qué importa si mueren los presos? Así prospera el sector funerario. Los carroñeros de la izquierda del régimen borbónico heredero de Franco, como Llamazares, intentan aprovecharse igualmente de la desgracia ajena para promocionar sus intereses. ¡Pandilla de hipócritas! Hacen buen conjunto con Soledad Becerril, la defensora de la «doctrina Parot» y cómplice por omisión de la tortura a presos y detenidos. Y dicen que se han unido para defender la UTE, el buque insignia de la torpe demagogia regeneracionista promovida por el PSOE del GAL y de los FIES para disfrazar, imponiendo a los presos un retorcido y degradante tratamiento conductista, su verdadera opción por el derecho penal del enemigo. ¡Malditos sean todos esos buitres! Y que dejen en paz a nuestro compañero, una víctima más de su rapacidad y cobardía

La cárcel mata

El lunes, 27 de abril, «apareció» muerto otro preso en la cárcel de Villabona, el vigésimo séptimo desde 2011, según cifras oficiales, el tercero en los últimos seis meses. Era Omar González López, un chavalote de la cuenca minera, langreano, con 29 años. Los carceleros dicen que le «encontraron» a  primera hora de la mañana, durante el recuento de antes del desayuno, en la celda del módulo 7 donde le tenían encerrado, helado, sentado en una silla, y que junto al cadáver encontraron «diversos restos (papel de aluminio, un mechero…) que evidenciaban que el fallecido había consumido un chino«. Oficialmente, no se sabe nada sobre las causas de su muerte, la prensa servil transmite, como siempre, la versión de los carceleros, junto con las consabidas fórmulas tranquilizadoras encaminadas a justificar la indiferencia burocrática: «el interno no presentaba patología previa alguna, por lo que no se descarta que se trate de un nuevo caso de muerte por sobredosis de sustancias estupefacientes» a pesar de que, cómo no, «los controles para descubrir drogas en la prisión de Villabona se han incrementado en los últimos meses». «El informe realizado por los médicos forenses será determinante. Las investigaciones para esclarecer lo ocurrido corren a cargo de la Brigada Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón. A la espera de conocer los resultados de la autopsia, los agentes interrogaron durante el día de ayer a los funcionarios y a los internos que compartían pasillo con la víctima».

Pero también se habla de la comparecencia, el martes, ante la «Comisión Mixta sobre el Problema de las Drogas», en el congreso de los diputados, del secretario general carcelero Ángel Yuste, cuya dimisión piden demagógicamente IU, PSOE y Foro Asturias, no porque mueran los presos en las cárceles, sino por no haber impulsado supuestamente la UTE (Unidad Terapeútica Educativa) de Villabona, buque insignia de la demagogia regeneracionista esgrimida por el partido del GAL durante su anterior mandato, que no suponía ningún avance para las personas presas, sino una pérdida de dignidad y de derechos casi tan importante como el régimen especial de castigo y los FIES, en relación con los cuales no es más que la otra cara de la misma moneda, y tampoco ha impedido en ningún momento que la droga, legal o ilegal, corriera «como Pedro por su casa» por Villabona como por el resto de las cárceles, igual que ahora, ni que se contabilizaran regularmente las correspondientes muertes por sobredosis, igual que ahora.

Todo sigue su camino, los presos mueren, como siempre, en circunstancias nunca suficientemente aclaradas; las constructoras, las empresas de seguridad, las que explotan el trabajo esclavo de los presos, etc., así como los diversos tipos de «funcionarios», medran en el «negocio del control social del delito»; los traficantes, con uniforme o de paisano explotan sus mercados cautivos, en las cárceles como en la calle; la policía interroga a todo el mundo, pero rara vez acusa más que a los desgraciados; los juzgados generan toneladas de papeleo; la administación se justifica; los políticos y funcionarios arribistas luchan entre ellos por las migajas del poder… sin que a ninguno le importe si las personas presas mueren o viven, aunque tampoco utilizar sus cadáveres como arma arrojadiza en sus enfrentamientos retóricos. ¿Por qué no exigen, si les importan tanto las personas presas, que se proporcione medicación adecuada a las personas que están a punto de morir sin ella en la misma UTE de Villabona, mientras las administraciones litigan por ahorrarse el gasto? Todo es «normal», todo sigue el camino trazado, los buitres de siempre siguen yendo a lo suyo y nuestra gente sigue muriendo dentro de sus máquinas asesinas. Quisiéramos que la familia y amistades de Omar sepan que compartimos su dolor y su rabia. ¡Prisión demolición!

La cárcel mata

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Belén Vázquez Campillo está presa en la Unidad Terapeútica Educativa (UTE) de la cárcel de Villabona. Ex toxicómana y portadora de anticuerpos de VIH, con las defensas bajísimas y sin recibir ninguna medicación, sufre un papiloma que pesa quilo y medio… y además está enferma de hepatitis C y de cirrosis. Sus familiares denuncian una de esas situaciones terribles que no lo son menos porque se hayan hecho habituales desde que, con la justificación de la “crisis”, el régimen de dominación y explotación decidió una vez más hacer lo necesario para mantener las ganancias capitalistas, aún a costa de las más elementales condiciones de vida y de la dignidad de la gente de abajo. Habiendo sido trasladada dos veces en coma hepático al hospital de la calle y después del correspondiente diagnóstico, los médicos de la seguridad social decidieron empezar a prepararla para recibir el nuevo tratamiento contra la hepatitis C, el llamado “sobaldi”, que, según parece, requiere otro previo. Pero, cuando llegó el momento de administrarle el tratamiento propiamente dicho, los médicos se toparon con el contencioso pendiente entre las administraciones sanitarias autonómicas y el ministerio del interior sobre quién debe hacerse cargo de su financiación para pacientes presos. La seguridad social asturiana se negó a ello y la administración carcelera ni siquiera se lo había planteado. De manera que ahora está Belén, con cirrosis avanzada, en peligro de muerte, sin tratamiento y sin posibilidades en perspectiva de que se lo den a corto plazo, y los responsables de garantizar sus “derechos” a la salud y a la vida jugando a pasarse la patata caliente por ver qué administración consigue ahorrar algo de dinero. Burócratas sin corazón y sin conciencia, no se sentirán siquiera avergonzados, mientras todos los poderes del «Estado de Derecho» y un hormiguero de «funcionarios» están actuando en relación con este asunto, pero ninguno para salvar la vida de Belén. Entre todos la están matando y ella sola se va a morir. ¿Quién será, entonces, el «responsable»? ¿Nadie? Su madre y el resto de su familia piden ayuda para conseguir que por quienes deben hacerlo se proporcione a Belén el único tratamiento que le puede salvar la vida. Y, si no, que la excarcelen, ya que es su condición de presa la que le impide acceder a los remedios que tan urgentemente necesita y que, legalmente, la administración penitenciaria, los jueces y el Estado están obligados a velar por su vida, por su integridad y su salud.

Más información en Tokata sobre el abandono de las personas presas enfermas de hepatitis C

La cárcel mata Mujeres presas VHC

En un juicio penal celebrado entre ayer y hoy en la sección segunda de la Audiencia provincial de Asturias, contra un carcelero de la prisión de Villabona cuyo comportamiento abusivo fue denunciado por los familiares de un preso, enfermo diagnosticado de «esquizofrenia paranoide», al que maltrató de palabra y obra, golpeándole una y otra vez a lo largo de toda una noche mientras se hallaba esposado de pies y manos a una cama, la Fiscalía, basándose fundamentalmente en el testimonio de otros presos, consideró que los hechos «son constitutivos de un delito de atentado contra la integridad moral y de una falta de lesiones», y solicitó para el acusado una condena de un año y seis meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años y cuatro meses, multa de 450 euros, abono de las costas procesales y pago de una indemnización al preso de 1.200 euros por las lesiones y los daños morales, de los que responderá subsidiariamente el Estado.  Según el relato del fiscal, el brutal carcelero, de servicio en la enfermería de la cárcel de Villabona en la noche del viernes 20 de enero de 2012, subió a esta dependencia sobre las nueve y cuarto, acompañado de la médica de guardia, y se encontró con que el interno de la celda número 21 se había logrado soltar de las esposas que diez minutos antes le habían colocado en las muñecas, junto con correas en los pies, como «contención mecánica».

Cuando la médica carcelera y el inmundo boqueras abandonaron la enfermería después de haberle vuelto a poner los grilletes al preso, éste reaccionó llamando a voces a médicos y funcionarios, a lo que respondió el acusado, entre las diez y las diez y media de la noche, entrando en la celda y dándole dos bofetadas con las manos mientras le decía con malas palabras que se callase. Como el preso, encadenado de pies y manos al camastro y alterado después de la agresión, no paraba de dar voces, entre la una y la una y media de la mañana del día 21, sábado, el acusado regresó a la celda, le dijo, entre otros insultos, que era «un mierda y un maricón,» y le dio una serie de puñetazos. Entre las tres y las tres y media, el acusado subió una vez más, se acercó a la cama y puso su rodilla sobre la espalda de la víctima para meterle en la boca un trapo o papel blanco, que anudó en la parte posterior de su cabeza, volviendo acto seguido a golpearlo e insultarlo. Sobre las cinco menos veinte, el repugnante «funcionario» regresó a la celda y, con una porra de goma, golpeó en la espalda dos veces al hombre amordazado y atado de pies y manos, le quitó la mordaza, se sentó sobre su cabeza, y le estuvo golpeando con sus manos por el cuerpo, mientras le insultaba. Después, aún le dio algunos golpes más con las manos y con la porra de goma. Aunque fue avisado de que al chaval se le habían caído las mantas y tenía frío, lo dejó sin abrigo durante varias horas.

Fuente

Por aquel entonces reinaba en la cárcel de Villabona el ambiente que se puede deducir del relato anterior y de las siguientes noticias publicadas en su día en Tokata:

Funcionario De Villabona Investigado A Raíz De La Denuncia De Un Preso En La Enfermeria

Cinco Presos Acusan Al Funcionario Imputado De Haber Instigado Una Pelea Mortal En Villabona

Cárcel=Tortura

Compartimos la siguiente noticia publicada ayer en el blog del grupo anarquista asturiano Higinio Carrocera:

Según informa el periódico burgués La Nueva España Juan V. H. y Jonathan Jesús A. U., presos en el módulo ocho de la prisión de Villabona, que cumplían condena por “hurtos y delitos contra la salud pública”, fueron hallados muertos ayer por la mañana en sus celdas, tras el  recuento que realizan rutinariamente los carceleros que, como es habitual, achacan las posibles causas a una sobredosis de droga o a la ingestión de alguna sustancia adulterada.

Ambos presos, de origen canario cumplían condenas superiores a los tres años. Uno de ellos fue trasladado a Asturias el pasado mes de mayo y el otro ingresó en el centro penitenciario con posterioridad a esa fecha. Tras conocer los hechos, Instituciones Penitenciarias ha abierto una información reservada (terminología habitual para designar a las investigaciones de esta índole) y ha desplazado un inspector a Asturias que ya se encuentra en la región.

Aunque el silencio es la tónica habitual a la hora de valorar los hechos, personas cercanas al ámbito penitenciario reconocieron al citado diario que se trata de un suceso poco habitual, al afectar a dos personas a la vez, en la misma franja horaria.

Recientemente el ex preso anarquista Amadeu Casellas denunció en su libro autobiográfico “Reflejo de una sociedad” que uno de los principales problemas de las cárceles españolas es que se está facilitando en elevados niveles, drogas legales para “dormir al patio”. La población reclusa recibe de manera desproporcionada fármacos muy fuertes de manera continuada poniendo en riesgo su salud física y mental. Casellas decía que el Estado, a través de los carceleros, induce a algunos presos al suicidio por sobredosis.

En Villabona los viernes se les facilita las dosis correspondientes al sábado, al domingo y a fechas posteriores, si coincide con días de puente, lo que puede suponer que el interno lo toma todo de una vez, y si coincide con un tratamiento de metadona, se dan altas posibilidades de que se produzcan intoxicaciones graves. Por otro lado hay una gran masificación en los módulos siete y ocho del centro penitenciario, así como los problemas referentes a la clasificación de presos.

La cárcel mata

El carcelero  J. V. M. R. golpeó varias veces al preso mientras estaba en la enfermería, lo ató de pies y manos y lo amordazó, según la acusación particular, la cua lpide cinco años de cárcel para el boqueras, al que considera responsable de un delito de torturas. En la noche del 20 de enero de 2012 el imputado ató de pies y manos al preso D. G. P., con una incapacidad del 73 por ciento debido a un ligero retraso mental y una enfermedad psíquica, le golpeó varias veces, le insultó gravemente y le amordazó, según sostiene la acusación particular ejercida por la familia del recluso.

A lo largo de este año, han ido declarando en el Juzgado número 4 de Oviedo tanto el funcionario imputado como varios de sus compañeros y algunos reclusos que asistieron a lo ocurrido el año pasado. El carcelero en cuestión,  ha negado los hechos por activa y por pasiva, aunque varios testimonios de reclusos apoyan las imputaciones de la acusación particular. Uno de los presos, coordinador en la enfermería, indicó que sobre las nueve de la noche subieron a D. G. P. y fue atado de pies y manos, tanto por el funcionario imputado como por la médico y otro preso. Una hora después, el funcionario subió a la celda y golpeó en la cabeza dos veces a D. G. P. Volvió a subir después de la una de la madrugada. El preso atado estaba gritando y recibió varios puñetazos, al tiempo que le llamaba «mierda» y «maricón».

Cárcel=Tortura

«¡Perra, chivata!», le gritó un funcionario de Villabona al preso discapacitado D. G. P., mientras lo golpeaba una y otra vez con un «tolete», tras amordazarlo, según declararon esta semana ante el Juzgado número 4 de Oviedo varios presos que asistieron al episodio. Los testigos corroboraron ante la juez el calvario sufrido por D. G. P. en la noche del 20 de enero de 2012, cuando fue atado de pies y manos, amordazado y golpeado en varias ocasiones por un funcionario -ahora imputado- en una celda de la enfermería, siempre según la denuncia de la familia de la víctima.

Cárcel=Tortura

Según agencias informativas, un interno de la cárcel de Villabona fue hallado muerto en su celda, sobre las siete menos cuarto de la tarde de ayer, por personal de la prisión. El fallecido es un hombre joven que responde a las iniciales F. L. A. Por el momento se desconocen las causas de la muerte. A falta de conocerse los resultados de la autopsia, que se le estaba realizando a última hora de la tarde de ayer, una de las hipótesis sería una posible muerte por sobredosis. En la celda del interno fallecido no se apreciaron signos de violencia.

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Inspectores de Instituciones Penitenciarias acudieron en días pasados a la prisión de Villabona para interrogar a un funcionario denunciado por un recluso en relación a un incidente ocurrido en la enfermería del centro penitenciario hace dos semanas. El preso, que lleva ya tiempo en el centro penitenciario, denunció un uso desmedido de la fuerza al ser esposado. Instituciones Penitenciarias ha abierto un nuevo expediente para aclarar lo ocurrido y comprobar si se han producido responsabilidades disciplinarias.

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