Madrid También Tiene Su Propio Guantánamo

Madrid no es ciudad para los «sin papeles». Y es que la capital no es esa ciudad idílica y acogedora que muchos extranjeros esperan encontrar. Además de la Puerta del Sol, la Plaza Mayor o la Plaza de Toros de Las Ventas, Madrid también tiene un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), su propia versión de Guantánamo en el barrio de Aluche. Muchos inmigrantes que vienen a España con el anhelo de encontrar una vida mejor ven su sueño truncado al toparse con un muro infranqueable: la falta de unos papeles que les privan de los derechos de los que gozan el resto de los ciudadanos. Los más desafortunados son «cazados» en redadas raciales en plena calle. ¿El delito? Simplemente no tener un permiso de residencia o trabajo. Por ello, muchos indocumentados acaban encerrados en una «cárcel de inmigrantes» como la de Aluche. Estas instalaciones, donde pueden pasar hasta 60 días, no son más que el último eslabón de la cadena del racismo institucional.

Tras una llamativa fachada, en lo que antaño fue el hospital penitenciario de la antigua cárcel de Carabanchel, el CIE de Aluche oculta un infierno al que diariamente se enfrentan quienes forzosamente se ven obligados a permanecer entre rejas injustificadamente. A diferencia del Infierno de Dante, en sus puertas ninguna inscripción advierte a aquellos que las atraviesan de que abandonen toda esperanza. Privados de libertad, los internados suelen aprender el significado de estar entre esas cuatro paredes a base de palizas y torturas, entre otras violaciones de derechos humanos.

“La única función de los CIE es segregar y atemorizar. Son agujeros negros en el Estado de Derecho”, asegura a ESTRELLA DIGITAL Esperanza de Pinedo, miembro de la Comisión CIE de la Red de apoyo Ferrocarril Clandestino. Denuncia que pese a que se les llaman Centros de Internamiento de Extranjeros son como cárceles de inmigrantes, aunque lo cierto es que sus condiciones son mucho peores. Al igual que la aberración de Guantánamo, el CIE de Aluche es también un almacén de personas, un espacio donde impera la ambigüedad jurídica, la invisibilidad y la violación de los derechos humanos, en el que los inmigrantes son retenidos por no tener  un permiso de residencia o de trabajo como medida cautelar. “No han cometido ningún delito, no tener papales es una mera infracción administrativa. Sin embargo, en estos casos se trata como si fuera una falta penal”, explica De Pinedo.

El objetivo del CIE de Aluche, como el de los otros 6 centros repartidos por la geografía española, es recluir a los ‘sin papeles’ hasta un máximo de 60 días para proceder a su expulsión. Sin embargo, según denunció la ONG jesuita Pueblos Unidos, en su informe «Miradas entre rejas», de las 3.060 personas que pasaron por este centro a lo largo de 2012, sólo el 53% fueron finalmente expulsadas. Esta situación demuestra que este ambiente carcelario es una medida más para controlar las fronteras, otro mecanismo de presión contra los indocumentados de una Europa presa del miedo ante la otredad. “Se interna a muchas personas sabiendo que jamás serán expulsadas, bien porque no hay acuerdos de extradición con sus países de origen o porque simplemente no hay dinero para ello, ya que un traslado puede costar unos 1.800 euros”, asevera la miembro de la comisión CIE.

Hacinados en condiciones infrahumanas

El Guantánamo madrileño cuenta con una capacidad de 280 personas repartidas en cuatro módulos. Los internos, en su mayoría sudamericanos, subsaharianos y marroquíes, viven hacinados en pequeñas e insalubres celdas de seis u ocho literas sin cuarto de baño. De hecho, hasta hace poco, ni siquiera se les permitía salir por la noche de sus habitaciones para ir a hacer sus necesidades, viéndose obligados a hacerlo en bolsas o botellas. Además de una alimentación escasa y unas condiciones higiénicas y sanitarias deficientes, los «presos» sobreviven asfixiados bajo un clima de incomunicación, ya que sólo pueden recibir una visita al día de un familiar o conocido y sólo cuentan con una línea de teléfono en todo el centro para llamadas entrantes. A diferencia de las modernas cárceles españolas, en el CIE de Aluche no hay trabajadores sociales, ni talleres ni siquiera una enfermería para aislar a los internos enfermos de los sanos.

El sórdido centro está controlado exclusivamente por la Policía, cuyos agentes tienen que hacer las veces de funcionarios de prisiones. Además, no se separa a los reclusos entre aquellos que no tienen papeles y delincuentes que están a la espera de juicio o cuya pena fue conmutada por su internamiento en uno de estos centros. Tampoco se detectan ni se diagnostican a los reclusos que tienen enfermedades mentales, por lo que no reciben un tratamiento adecuado.

Lo más sangrante son las numerosas denuncias y evidencias sobre casos de malos tratos y torturas en Aluche y otros CIE que han atestiguado diversas ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que fue la primera en dar la voz de alarma en 2009 alertando de la existencia de malos tratos por parte de policías que, a título individual, tienen actitudes vejatorias, con gritos, maltratos o golpes. Pese a las protestas de diversas asociaciones, ONG y colectivos las deplorables condiciones en que viven los recluidos no han mejorado en absoluto gracias al vacío legal reinante en estos centros. “Hay internos a los que se les obliga a firmar su expulsión y cuando se niegan les dan una paliza para obligarles a hacerlo”,  asegura De Pineda como una muestra más de estas condiciones infrahumanas, intolerables en una sociedad que presume de democrática.

“No sólo denunciamos la situación y condiciones en que se hallan estas personas sino también el uso desproporcionado del internamiento sin investigar a quien son privados de su libertad. No se averigua si tienen arraigo, si están casados con un ciudadano español, si tiene hijos, si son víctimas de trata o posibles solicitantes de asilo”, denuncia este miembro de la comisión CIE.

Todo esto ocurre porque los CIE gozan de un vacío legal que permite esta situación. No tienen un reglamento que regule su funcionamiento, ya que quedó pendiente tras la publicación de la Ley de Extranjería de 2009. Ante la avalancha de quejas y denuncias de lo que ocurría en Aluche, se crearon tres  juzgados de Vigilancia y Control del CIE madrileño. Sus resoluciones son los únicos mecanismos de control de esta ‘cárcel’ y las únicas que han propiciado ciertos avances aunque insuficientes en sus condiciones. La única respuesta del Gobierno hasta ahora ha sido proponer que los CIE pasen a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros (CECE) y abrirlos a las ONG y asociaciones sociales. “Estas medidas sólo sirven para maquillar la injusticia, no queremos cambios de nombre ni que se perpetúe el funcionamiento de los CIE, queremos su cierre definitivo. Hay que acabar con un mecanismo inmoral e injusto que segrega a las personas, una medida ineficaz y totalmente desproporcionada”, sentencia De Pinedo.

Círculos de Silencio

Ante un ordenamiento jurídico que aplasta la dignidad de las personas, diversos colectivos se rebelan sin gritos y de forma pacífica mediante los llamados círculos de silencio. Beatriz Pertejo, miembro de la Plataforma A Desalambrar, explica a Estrella Digital que esta iniciativa, creada por unos franciscanos de Toulouse a finales de 2007, trata de apelar a las conciencias de quienes hacen leyes injustas contra los inmigrantes y quienes las aplican en su nombre. Estos Círculos de Silencio se celebran en más de 170 ciudades europeas el primer viernes de cada mes encendiendo velas para escuchar a los extranjeros encerrados injustamente, los que no tienen voz, los que no pueden hablar. En España se realizan en la Puerta del Sol de Madrid y en otras ciudades como Burgos, Lugo, Murcia, Tenerife, Valladolid, Vitoria o Zaragoza. “Es un gesto simbólico de protesta para ayudar a caminar en la oscuridad y dar luz a quienes han sido privados de ella, nuestras velas como símbolos de protesta”.