El Sistema Punitivo Y Su Régimen De Máxima Crueldad Continúan Matando En Cataluña Y En Todo El Territoro Dominado Por El Estado Español

A continuación, traducido al castellano, un artículo publicado anteayer en la web de La Directa por el compañero Vicent Almela. Habla de las tres muertes por supuesto suicidio ocurridas en cárceles catalanas en los últimos diez días, dos de ellas en departamentos de aislamiento, y de la crueldad de estos lugares de castigo máximo, tan inhumanos en las cárceles de Cataluña como en las del resto del territorio dominado por el Estado español, donde van a parar muchas personas con enfermedad mental y otras muchas enferman al ser obligadas a vivir en condiciones de privación, violencia y constricción en las que es imposible vivir. Pero encerrar allí para machacarlas a las personas que dan problemas es, no el último, sino el primer recurso de esa máquina punitiva estatal que con insultante desvergüenza proclama que su finalidad es la «rehabilitación» de los delincuentes. En esos horribles lugares se ha empujado, se empuja y se empujará al «suicidio» a mucha gente. ¿Al suicidio? ¿Quién sabe? Porque ahí los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejercidos sistemática e impunemente, sin ningún control ni garantía de la integridad de quienes los sufren, son el pan de cada día. No sabemos si la «sociedad catalana» es un poco más o un poco menos hipócrita que la que vegeta en el resto del territorio explotado bajo bandera española, pero en todas partes sus actos y el brutal cinismo con el que se ríen de los «convenios», reproches y «recomendaciones» de los «organismos internacionales de defensa de los derechos humanos» desmienten los gestos aperturistas y la palabrería humanitaria con que los políticos, la «sociedad civil» y otros agentes de la opresión capitalista intentan legitimar la violencia a la que sirven.

UNO DE CADA TRES SICIDIOS EN CÁRCELES CATALANAS SE PRODUCE EN CELDAS DE AISLAMIENTO

Según expertas en el campo de la psiquiatría, más de la mitad de las personas encerradas en los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT) sufre algún tipo de trastorno mental. Familiares, entidades de derechos humanos y grupos de apoyo a personas presas urgen al Departamento de Justicia la no aplicación de este régimen de internamiento después de un aumento alarmante de los suicidios en las cárceles catalanas. De los ocho suicidios que se han conocido en las prisiones catalanas en los primeros seis meses del año, tres se han producido en un DERT, más de la tercera parte, aunque en estas dependencias se confina tan sólo un 2 % de la población reclusa.

En abril de 2017, Mohamed Choulli participaba como testigo ante el Parlament de Cataluña en el grupo de trabajo sobre el Régimen de Aislamiento de los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT) en las prisiones catalanas, donde por primera vez, y gracias a las constantes denuncias y presión por parte de diferentes entidades y organismos internacionales en defensa de los derechos humanos, se ponía en cuestión la legitimidad del régimen de aislamiento en los centros carcelarios de un estado de derecho en pleno siglo XXI. En su testimonio, propuesto por el grupo parlamentario de la CUP y que se hizo mediante una entrevista presencial de dos diputadas en la prisión de Brians 2, donde se encontraba privado de libertad, Choulli  –de sólo 25 años en ese momento y cinco de ellos preso– explicó en primera persona cómo se siente alguien después de pasar de 18 a 22 horas al día aislado en una celda, sin realizar ninguna clase de actividad tratamental ni establecer ningún contacto humano con otras personas, en algunos casos durante varios años de su vida. Lo conocía bien después de pasar largos periodos de tiempo en este régimen de vida, clasificado en primer grado o cumpliendo sanciones disciplinarias, en diferentes centros penitenciarios catalanes (Quatre Camins, Brians 1, Brians 2, Lledoners y Mas d’Enric ), porque, según instituciones penitenciarias, «no se adaptaba al régimen de vida ordinario de los centros».

Ante ese mismo grupo de trabajo, el entonces director de Brians, Juan Carlos Navarro, reconocía que la dirección era consciente de la situación y que, al igual que muchos de los internos que pasan por los DERT, esta persona estaba diagnosticada con un trastorno límite de personalidad y tenía tendencia a las autolesiones. Pau Pérez, psiquiatra experto en la aplicación del Protocolo de Estambul a personas detenidas y miembro del Equipo Asesor del Mecanismo Estatal para la Prevención de la Tortura, también compareció en este mismo grupo de trabajo poco después. En su intervención, el doctor aseguraba que, en muchos casos, las personas con patologías mentales en prisión terminan en los DERT porque, por el mismo hecho de sufrir enfermedades mentales, toleran peor el ambiente de prisión y acaban teniendo sanciones y son llevados a aislamiento, sea como sanción o por clasificación y asignación de régimen de vida. «Si se estima que alrededor del 40% de la población penitenciaria padece algún tipo de trastorno, esta cifra aumenta mucho si hablamos de los DERT. Ahora bien, si sólo consideramos como trastornos mentales agudos la esquizofrenia y el trastorno bipolar, las cifras serían bajas, entre un 6 y un 7%, pero la realidad nos dice que hay muchos otros tipos de trastornos que pueden conducir una persona a la autolesión o el suicidio». Pérez concluía en su intervención que esto supone un grave problema, ya que «los DERT no pueden servir como espacio de gestión de las personas con patologías mentales, las cuales deben ser tratadas desde una lógica médica y nunca disciplinaria».

Tras su comparecencia en este grupo de trabajo, en abril de 2017, Mohamed Choulli pidió al Parlament una protección especial por miedo a represalias, pero nunca se le concedió. Poco después, lo trasladaron a la prisión de Mas d’Enric, donde en junio de 2020 denunció amenazas y malos tratos por algunos carceleros del centro mientras se encontraba de nuevo clasificado en aislamiento y, según su testimonio, intentó suicidarse colgándose con una sábana en la celda donde estaba encerrado. Tanto el Sistema de Registro y Comunicación para las Víctimas de Violencia Institucional (SIRECOVI) como su abogada denunciaron estos hechos ante las instituciones penitenciarias, e incluso la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitió un comunicado urgente instando a las autoridades españolas a actuar, esclarecer los hechos y asegurar la integridad física y mental de Choulli durante su estancia en prisión.

Las recomendaciones y advertencias de las entidades y organismos internacionales en defensa de los derechos humanos no tuvieron mucho efecto en las siguientes actuaciones de las instituciones penitenciarias que, pocos días después de este incidente, trasladaban a Choulli a la prisión de Puig de les Basses (Figueres), situada a más de 200 kilómetros, sin previo aviso –ni a él ni a su familia– y, poco después, era clasificado de nuevo en primer grado con la aplicación del protocolo antisuicidio, lo que supone estar encerrado en un DERT con otra persona en la celda. Este protocolo no pudo evitar la muerte de Choulli, el 27 de junio, debido a un incendio en su lugar de cautiverio, en el DERT de Puig de les Basses, donde otros dos presos resultaron heridos por inhalación de humo. Según el Departamento de Justicia, el incendio lo habrían provocado los tres internos, aunque la investigación continúa abierta. El defensor del pueblo ha abierto una actuación de oficio y la familia de Choulli considera la posibilidad de emprender acciones legales para esclarecer la causa del siniestro.

La muerte de Mohamed Choulli no ha sido la única que se ha dado a los DERT de las cárceles catalanas durante el último mes, y es que el 3 de julio, Ana, una joven de 19 años, se suicidaba –según fuentes de instituciones penitenciarias– en el módulo de aislamiento del centro de Brians 1, mientras cumplía una sanción disciplinaria. Según los datos del Departamento de Justicia, alrededor de un 2% de la población penitenciaria en Cataluña se encuentra encerrada en un DERT –hoy hay 144 personas–, sea por su clasificación en primer grado, en virtud del cual pasan hasta dieciocho horas encerradas, o por una sanción disciplinaria, que puede alargar el castigo hasta 42 días, si se encadenan sanciones, y la permanencia en la celda es de 22 horas diarias. Aunque representan un pequeño porcentaje de la población penitenciaria, según las estadísticas, un tercio de los suicidios en las cárceles se produce en estos departamentos.

De los ocho suicidios que ha habido en las prisiones catalanas en los primeros seis meses del año, tres han sido en los DERT. La proporción de mujeres muertas en aislamiento es superior a la media de los hombres, ya que, aunque sólo suponen el 7% de la población penitenciaria, en torno a un 20% de suicidios que ha habido estos últimos cinco años los DERT los han protagonizado mujeres. Según datos facilitados a la Directa por parte del Departamento de Justicia, durante los seis primeros meses del año un total de 21 personas han muerto en las cárceles catalanas, siete de ellas todavía a la espera de autopsia para determinar las causas, ocho por suicidio y seis por «causa natural».

Frente común por la «no aplicación del aislamiento»

Poco después de finalizar sus tareas el grupo de trabajo sobre el DERT del Parlament de Cataluña en 2017, el entonces director general de Servicios Penitenciarios Amand Calderó –que dimitía del cargo la semana pasada poco después de que Lourdes Ciuró (Junts) cogiera la cartera de Justicia a finales de mayo– emitía la Circular 2/2017. Este documento regulaba, en el plano teórico, algunos aspectos de la organización y la intervención en los departamentos de aislamiento de las prisiones catalanas según las sugerencias hechas por entidades y organizaciones al grupo de trabajo. Sin embargo, según explican desde las entidades que monitorizan el respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios, esta normativa sigue siendo insuficiente y muchas veces no se tiene constancia de que se terminen aplicando todas las regulaciones que contempla, ya que no se realiza ningún auditoría donde se pueda compartir la información de forma transparente.

«La sensación con la aplicación de la nueva circular fue agridulce», explica Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona que también participó como testigo en el grupo de trabajo del Parlament sobre los DERT porque, a pesar de las intenciones del Departamento, cree que se perdió una muy buena oportunidad para acabar con un régimen de vida en las cárceles catalanas que posibilita que se produzcan incidentes graves de violencia institucional y suicidios como los que hemos visto las últimas semanas. «Nosotros, desde el OSPDH, estamos en contra de regular espacios donde se posibilita la violencia institucional. Por lo tanto, creemos que estos espacios deberían erradicar y no aplicar el aislamiento», afirma.

Lo mismo opina Mireia Salazar, abogada del centro para la defensa de los derechos humanos Iridia que defendió a Mohamed el Choulli durante Los últimos años: «Hay demasiados indicios que muestran que el Aislamiento es un régimen muy lesivo para la salud mental de las personas. Si e cierto que en Cataluña tenemos la competencia de prisiones y cuando las interesa se buscan las fórmulas para aplicar ciertas medidas, ¿por qué no hacemos nada para solucionar este tema? Lo que no puede ser es que las juntas apliquen la clasificación en primer grado tan fácilmente y que luego se lamentan cuando alguien se quita la vida cuando lleva de 18 a 22 horas encerrado en una celda durante tanto tiempo».

Después de las últimas muertes en Brians y Puig de les Basses, una decena de organizaciones en defensa de los derechos humanos, de abogacía y la Asociación de Familias de Presos en Cataluña, han hecho público un comunicado en el que exigían al Departamento de Justicia la no aplicación del aislamiento penitenciario en las cárceles catalanas, la investigación de las últimas muertes y la aplicación de un protocolo de comunicación transparente con las familias cuando se dan estas situaciones.

Reglamentos internacionales como el Protocolo de Estambul o las Reglas Nelson Mandela, así como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) de las Naciones Unidas, alertan de las secuelas psicológicas irreversibles que puede conllevar el aislamiento en un Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT) durante más de quince días consecutivos. Tanto en España como en Cataluña una persona presa puede estar clasificada en primer grado durante años. “Los DERT en sí mismos son una contradicción según la legislación internacional, la cual choca frontalmente con la Ley Penitenciaria española, que data de 1979. Por lo tanto, no podemos aceptar un régimen de vida dentro de las cárceles que es ilegal según el derecho internacional».

Tanto desde el OSPDH como el centro de Derechos Humanos Iridia, han hecho saber a la Directa que pronto solicitarán una reunión con la nueva consejera de Justicia para pedirle una auditoría y esclarecer las causas de los dos suicidios que se han producido al DERT en las últimas semanas, así como solicitar una revisión de la circular 2/2017 para saber cómo se está aplicando. «Hace cinco años, cuando se hizo el grupo de trabajo sobre el DERT en el Parlament, mucha gente se enteró de la existencia de los DERT, incluso la mayoría de políticos. Ahora, con el nuevo gobierno y la salida de los presos políticos en la calle, les pedimos que no les den la espalda a las cárceles ni caigan en el olvido. Lo mejor que se podría hacer ahora mismo en las cárceles catalanas para evitar estas muertes sería dejar de aplicar el aislamiento a DERT», concluye Rivera.

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.