Hace más de dos años, el 15/10/2009, coincidiendo con la comparecencia del estado español ante el Subcomite de Prevención de la Tortura de la ONU (SPT), el gobierno anunció por sorpresa la creación inminente de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), dando así tardío cumplimiento a los compromisos adquiridos por la firma del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratamientos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la ONU en 2004.
En el pasado mes de febrero, también tardíamente, también por sorpresa y también antes de los representantes del gobierno comparecer ante el Subcomité, el BOE publicó la Resolución de las Mesas del Congreso y el Senado sobre la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor de él Pueblo, estableciendo así la composición, el presupuesto y normas de funcionamiento de que durante dos años careció el MNPT.
Aunque inesperado, el anuncio de 2009 llegó con varios años de atraso y el instrumento nació lisiado. El proceso que llevó a su implementación fue decididamente opaco, las sugerencias y requerimentos de la sociedad civil fueron ignoradas una y otra vez, el mecanismo quedó integrado en la Defensoría del Pueblo (con las obvias limitaciones que esa integración impone) y su desenvolvimiento fue abandonado a un reglamento de aprobación posterior.
De nada valió que sociedad civil, a través de organizaciones como la Coordinadora de Prevención y Defensa contra la Tortura (CPDT) mostrara su preocupación e interés en la creación de un mecanismo acorde con las indicaciones de los organismos internacionales y capaz de servir como instrumento en la prevención de la tortura. El gobierno obvió el diálogo y la CPDT tuvo conocimiento de la precipitada creación a través del BOE.
De nada valió tampoco que la CPDT mostrara su desacuerdo con la decisión de integrar el mecanismo en la Defensoría de él Pueblo por esta institución ser incompatible con otras instancias, el que le impede actuar en los casos de tortura en que un órgano judicial esté conociendo de ese supuesto.
Y como el que mal comienza díficilmente puede mejorar durante sus dos años de vida el MNPT fue perdiendo la poca identidad, formal, con que había nacido. En su primer informe, presentado en el verano del 2011, reveló que ya no era un mecanismo de prevención de la tortura, sino simplemente un «Mecanismo Nacional de Prevención» (sic). La exclusión de la palabra tortura no es algo inocente, los órganos del estado español siempre omitieron, en sus informes y comparecencias nacionales e internacionales, cualquier referencia, incluso formal, a la tortura. El MNPT no iba a ser menos: en sus madres de 200 páginas, el informe no hace ni una sola mención. La idea es clara y contundente, en el estado español, no se tortura; no importa que moralejas dictadas por el Tribunal Europeo afirmen el contrario ni qué informes de organismos como el SPT de la ONU o el CAT documenten su existencia.
Un mecanismo sordo y ciego
El MNPT nació y sobrevive sordo y ciego a la evidencia, sin oir el que dicen las personas que fueron objeto de tortura y sin ver las marcas que la tortura dejó en los cuerpos.
Tan sordo y tan ciego que ni siquiera se hace eco de las recomendaciones internacionales que instan una y otra vez el estado español a poner fin al régimen de detención incomunicada. ¡Antes bien, recoge los argumentos oficiales que «aconsejan» su continuidad (!),
Si poco podía aguardármelos de un Mecanismo preventivo sordo y ciego, reasignado en la contravertida figura del Defensor de él Pueblo (ora Defensor, ora Mecanismo), el hecho de haberse dejado para un momento posterior,como me los decía en el comienzo, establecer la composición, el presupuesto y las funciones eliminó cualquier resto de esperanza.
¿Mas entonces, como fue posible el trabajo del año 2010? Quién hizo las visitas de que se habla en el informe de 2011? No lo sabemos. Otra vez deparamos con obscurantismo, las presas y las soluciones por la puerta de atrás.
En febrero de este año, el Reino de España tenía que comparecer nuevamente ante el Subcomité de Prevención contra la Tortura de la ONU (SPT) en la sua 16ª Sesión Plenaria, concretamente el dila 20 de febrero.
De esta vuelta, los representantes del Reino, cansados de las intromisiones de la sociedad civil, consiguieron que el SPT no tomara en consideración a la posibilidad de permitir la comparecencia de miembros de asociaciones de derechos humanos como sí había acontecido en ocasions anteriores. La última en el año 2009, cuando el estado español tiró de la cartola en el último momento el conejo de la creación express del Mecanismo, después de años de injustificada demora.
¿Mas, cómo comparecer ahora, dos años más tarde, con un MNPT aun incompleto, sin composición ni presupuesto? Había que darse prisa y abir otra vez la puerta de atrás.
El 6 de febrero, el Boletín Oficial de las Cortes Generales, recogiendo la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, reunidas el 25 de enero, anunciaba la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo. Por supuesto, los grupos parlamentarios que no están representados en las Mesas no tuvieron conocimiento de la Resolución.
Lo que fue y será el trabajo del llamado Mecanismo Nacional de Prevención, con la omisión de la única palabra que pudiera marcar su sentido, queda reflejado en la forma en que nació y en la forma en que fue regulado su funcionamiento: en las dos ocasiones por la puerta de atrás y en las dos coincidiendo con comparecencias obligadas del estado español ante el Subcomité de Prevención contra la Tortura de la ONU.
De un estado con un Mecanismo de Prevención, no de la Tortura, que niega sistemáticamente una realidad que lejos de menguar aumenta de año para año, de un estado que lejos de abolir un régimen como la prisión incomunicada amplia los casos en que la aplica, de un estado que mantiene «en funciones» durante dos años un cargo transformista como el del Defensor del Pueblo por desacuerdo entre las dos fuerzas políticas encargadas del nombramiento del titular, de un estado que, sobre todo, niega la evidencia de que en su territorio se pratica la tortura, de un estado como este poco, o mejor nada, podemos esperar.
Yolanda Ferreiro Novo
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