El Estado Penal Español, Una Historia Espantosa

Un cierto nivel de delito, dijo M. Foucault. Una necesaria redefinición del ciclo castigo-delito-castigo, podríamos decir hoy. Abordar la cuestión de la soberanía en términos criminológicos significa mirar a los verdaderos crímenes estatal-corporativos. Problematizar el análisis de la gubernamentalidad es denunciar la persecución selectiva de delitos comunes y la reproducción sistémica de castigos. En un contexto ampliado de “reparto de dolor” –Gallardón dixit– y con la expulsión como nuevos nomos político, el paradigma del campo de concentración de Agamben deriva en una suerte de campo de refugiados interno que incluye a más y más seres humanos. El gobierno de sí que impera en deudocracia y la nueva razón de estado que este defiende redirigen la represión hacia esos nuevos espacios donde las clases precarias y endeudadas –quienes no son pobres por ahora– reaccionan a un creciente nivel de desposesión.

Las agencias de control formal cambian sus métodos y posiciones como resultado de severos cambios en las estructuras sociales del capitalismo senil. Encarcelamiento productivo versus restricciones fiscales, decían G. Rusche y O. Kirchheimer. Acumulación improductiva, paro creciente, descapitalización y necesaria modulación de los métodos punitivos, deberíamos añadir hoy. El vínculo producción-empleo-cárcel no se expresa hoy en los términos clásicos. Poco queda del tópico miope que vincula “más cárcel” a “menos riqueza”, pero eso no invalida las premisas frankfurtianas de una economía política del castigo. Estas se mantienen en el nuevo modelo de acumulación y en su orden de relaciones improductivas. Al tiempo que la crisis inducida y la deudocracia se erigen en pilares del nuevo régimen, una dinámica ampliada de expulsión y abandono supera el fenómeno del hiperencarcelamiento. Sigue el expolio de bienes comunes y derechos básicos. La represión al aire libre gana terreno al encierro en el campo de las políticas de seguridad. Las nuevas reformas en materia económica, social y –por supuesto– penal lo confirman.

Reino de España, 2013. Los mercados proponen e imponen. El estado dispone y se arma contra sus súbditos. Los súbditos claman con nostalgia por una vaga noción de ciudadanía. La regla de oro de la tasa de ganancia y su inseparable reverso –la explotación–engendran una variedad amorfa de monstruos tecnocráticos que, llegado el momento, no dudan en proponer muy racionales soluciones. A día de hoy, la pregunta es si el Leviatán neoliberal seguirá siendo capaz de aplicar soluciones cada vez más severas para asegurar una regla de oro cada vez menos factible. La cuestión es qué nivel máximo de desequilibrio entre crímenes estatal-corporativos –desde arriba– y criminalización selectiva –hacia abajo– puede alcanzarse en un statu quo de paz social, entendido este como el escenario de injusticia sostenible que aún no activa los recursos más extremos del estado de excepción. Durante décadas, el lazo español entre mercado, estado y castigo ha sido presidido por una masiva burbuja criminal inflada por la creciente tensión entre las políticas desde el delito impune y las políticas contra el delito –peor aún: mediante la hipercriminalización de las llamadas infraclases.

La estrecha identidad entre “obediencia y apoyo” que H. Arendt atribuyó al mundo de la política se ha mostrado con gran eficiencia durante tres décadas de democracia mayoritarista en el post-fascismo español. La lucha por la mayoría absoluta, la imparable asimilación ideológica de los discursos electorales y la tendencia a legislar por decreto son tres de sus elementos definitorios. Un régimen bipartidista, basado en una dinámica de competencia y alternancia, propenso a gobernar delinquiendo, hacer la guerra al terrorismo o regular la inmigración por los medios del sistema penal, fundado en el imperio de un consenso ficticio, que repele la idea de cohesión e invoca obsesivamente a la estabilidad contra el estado de derecho, vende seguridad ciudadana para robar seguridad social, impone la justicia penal a la justicia social y aplica medidas de excepción contra los derechos humanos.

Las tendencias penales del neoliberalismo español evidencian una aguda esquizofrenia punitiva. La última reforma del Código Penal, que se discute en estos días, busca establecer las condiciones para una contracción del subsistema penitenciario en el contexto general de un refuerzo del sistema penal. Muchas de las reformas recientes están siendo aplicadas en un marco regulatorio administrativo –la expulsión de extranjeros pobres como sustitutivo de la cárcel es un ejemplo. Mientras se proyectan algunas medidas de “austeridad punitiva” –como una extensión de la libertad condicional que incluye más controles fuera de la cárcel y más posibilidades de reingreso–, la misma reforma da una vuelta de tuerca hacia el excepcionalismo mediante medidas como la “prisión permanente revisable”.

La PPR no es solo un claro eufemismo para la cadena perpetua, sino también un peligroso oxímoron. Aunque el legislador la defiende como “humana” con el peregrino argumento de que los presos tienen un “horizonte de libertad” [sic], esta nueva pena llega en el momento en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone una piedra en el triunfal camino del excepcionalismo al tumbar la Doctrina Parot. El estado ha sido obligado a liberar a más de 50 personas que permanecían presas de modo arbitrario –ergo ilegal–, pero la Doctrina de Estrasburgo no elimina otras estructuras de excepcionalidad penal: no toca el cumplimiento “íntegro y efectivo” de penas de hasta 40 años, ni la política de dispersión de presos –que los reparte por la geografía del estado y lejos de su domicilio-, ni los macroprocesos, ni el régimen de aislamiento, la detención incomunicada, los abusos, la tortura… en suma, no deroga ninguna otra estructura constitutiva de la emergencia penal.

A la luz de su gestión simbólica, la anulación de la Doctrina Parot puede leerse como un fracaso calculado. Los gobiernos españoles no solo han conseguido mantener ilegalmente a docenas de personas en prisión durante años, sino también difundir la imagen de “sonrientes y victoriosos etarras saliendo de la cárcel”, reforzando el populismo punitivo y sumando un plus de legitimidad a la reforma del Código Penal. Quizá por esta razón, junto con algunas reformas para criminalizar la protesta –prohibir la “ocupación” de sucursales bancarias y otros establecimientos privados o públicos, penalizar la convocatoria de movilizaciones que pudieran desembocar en disturbios, etc., etc., etc.-, el siguiente capítulo se dirige a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que refuerza represión administrativa –y explícitamente económica-, restringiendo severamente el derecho de manifestación y cualquier otra expresión popular de descontento con la facultad de multar a alguien por protestar frente al –honorable– Parlamento o participar en un escrache. Esas expresiones, como muchos políticos han subrayado, necesitan ser combatidas pese a la reticencia de los jueces a tratarlas como punibles. Entre otros trucos y como en otros estados del Sur europeo –véase Italia–, los gobernantes quieren reforzar la democracia y controlar a los gobernados limitando el poder de los jueces.

Todas estas medidas dan un paso adelante en la defensa autoritaria de un poder deslegitimado –en vías de destitución– que busca inventar nuevos delitos y legalizar más castigos contra los desposeídos pero mira hacia otro lado mientras se multiplican los escándalos de corrupción y otros delitos de cuello blanco. La actual crisis inducida y su gestión criminal son un capítulo más en la transición del “gobierno a través del delito” al gobierno desde el delito.

Todo el énfasis en esa denuncia no es suficiente: prevaricación, malversación, delitos contra el medio ambiente, brutalidad policial, tortura y malos tratos bajo custodia… siguen siendo algunos de los delitos proporcionalmente menos castigados y/o más indultados. El lavado de dinero es el delito que más ha aumentado en los últimos años. Solo en Madrid, ninguno de los 450 detenidos desde mayo de 2011 en las movilizaciones convocadas por ese “terrorífico y amorfo movimiento antisistema” llamado 15M ha sido condenado.

En primera instancia, la esquizofrenia punitiva no pretende otro objetivo que la intimidación de sus víctimas. La población necesita vencer ese miedo si quiere volver a llamarse Pueblo.

Alejandro Forero [OSPDH–UB -Barcelona] y Dani Jiménez [ASAPA, ASSI -Zaragoza]

Sé el primero en comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *