La organización Esculca, autodefinida como «observatorio para la defensa de los derechos y las libertades», ha presentado un informe al Defensor del Pueblo en el que documenta cinco casos de supuestos malos tratos de funcionarios a presos de la cárcel de Teixeiro. Los hechos relatados ocurrieron entre julio de 2006 y abril de 2010. Tres de las denuncias se encuentran inmersas en procesos judiciales. El relatorio de Esculca, que ayer hicieron público los miembros de la asociación Fernando Blanco y Elvira Souto, acompaña la descripción de cuatro de las demandas con partes médicos de los denunciantes «coherentes con el relato de los presidiarios».
En la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior, de la que dependen las prisiones en Galicia, aseguran no tener constancia de los acontecimientos. Sólo si los juzgados que instruyen las causas -en este caso el de Betanzos- solicitan información de Interior, el departamento abrirá una investigación. Sin embargo, fuentes del organismo que dirige Mercedes Gallizo sí consignan, en el período 2007-2010, otras cinco denuncias de malos tratos en Teixeiro. Canalizadas a través de la dirección de la prisión, este tipo de protestas va directamente a Instituciones Penitenciarias. Las cinco fueron archivadas por falta de pruebas.
El último de los episodios recopilados por Esculca y remitidos al Defensor del Pueblo sucedió el 8 de abril de este año. El penado S.P. relata las supuestas agresiones de un guardia civil en los calabozos de la Audiencia Provincial de A Coruña y, más tarde, en el garaje del departamento de ingresos del penal de Teixeiro. El servicio médico del macrocentro penitenciario emitió un parte en el que detectó contusiones y golpes en la cabeza y recomendó su observación posterior. Al observatorio de derechos y libertades no ha llegado la notificación de ninguna denuncia judicial al respecto.
Precisamente la transferencia de la sanidad penitenciaria, en la actualidad competencia de Interior, al Sergas es una de las reivindicaciones de Esculca. Una ley estatal de 2003 ya posibilitaba un traspaso que los activistas consideran fundamental para acceder a partes médicos lo más objetivos posibles.
En relación con las cinco denuncias que presentan al Defensor del Pueblo, y de las que han remitido copia a los tres grupos políticos del Parlamento y a la Subdelegación del Gobierno, la organización de defensa de los derechos de los presos exige que el defensor active el Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura y actúe «con la máxima celeridad y transparencia». Además, reclaman que las autoridades con competencia disciplinaria sobre los juzgados de Betanzos «incoen diligencias informativas acerca de las investigaciones por denuncias de presos».
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