Sabemos que la situación médico-sanitaria en las cárceles españolas, no ha hecho más que empeorar desde tiempo inmemorial y, especialmente, desde 2003, cuando fue promulgada la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En la reforma del Reglamento Penitenciario de 1996, se estableció un «modelo sanitario mixto», en el que la atención primaria corría a cargo de la administración penitenciaria “con medios propios o concertados”, pero quedaba casi siempre encomendada al cuerpo de médicos carceleros. Con eso, la “relación penitenciaria de sujección especial” iba a continuar interfiriendo en la relación terapeútica, pues la mayoría de esos «médicos», además de mostrarse autoritarios, desconfiados y negligentes, defienden con repugnante corporativismo los intereses de la institución carcelera. Haciendo, por ejemplo, la vista gorda ante las torturas y malos tratos y falseando los partes de lesiones correspondientes.
De la atención especializada debía encargarse el Servicio Nacional de Salud, “formalizándose entre ambas administraciones convenios de colaboración”. Dicha «ley de cohesión y calidad» de 2003 fijaba un plazo de 18 meses para la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema nacional a través de su transferencia a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, desde entonces, sólo Cataluña y el País Vasco han asumido esas competencias. El abandono por parte de las diferentes administraciones y la descoordinación entre ellas han tenido como consecuencia que, contra lo que dice la ley, la atención médico-sanitaria y las “prestaciones farmaceúticas y complementarias” que recibe la gente presa sean mucho peores que las de la población en general, alcanzando la sanidad carcelaria en muchos aspectos, los rasgos de una verdadera catástrofe.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) lleva muchos años denunciando la situación catastrófica de la sanidad penitenciaria y la brutal e ilegal diferencia entre la atención médico-sanitaria que puede recibir una persona presa y la que está la alcance de la población en general, con todas las insuficiencias que pueda haber en ella. En octubre de 2016, publicaron, por ejemplo, el informe «Sanidad en prisión. La salud robada entre cuatro muros», muy útil todavía hoy para empezar a hacerse cargo de cómo están las cosas. Y hace poco nos ha llegado un mensaje suyo en el que llaman a adherirse a la campaña #SanidadEnPrisión, en la que se pide que se realice ya la transferencia de la sanidad penitenciara a todas las comunidades autónomas, tal y como se establecía en la Disposición Adicional sexta de la citada Ley 16/03, de 28 de mayo, hace más de quince años.
Cuentan que, entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre de 2016, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) visitó diferentes centros penitenciarios del Estado español, publicando un año después un informe donde se describe la situación de la sanidad penitenciaria española. Y también, en mayo pasado, varias plataformas y asociaciones solicitaron una vez más la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a los Sistemas de Salud de las Comunidades Autónomas. Piensan que, por el reciente cambio de gobierno, puede ser un buen momento para reavivar esa campaña y continuar exigiendo la transferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas.
Envían un resumen del informe europeo y el decálogo de mínimos sobre la situación de la sanidad penitenciaria que podéis ver arriba. Se muestran conscientes de que esos textos no reflejan exactamente la realidad de lo que está sucediendo en las cárceles del Estado. “Nuestro propósito –dicen– es que ambos documentos sean criticados, debatidos y, en última instancia, enriquecidos con las aportaciones que hagáis desde cada colectivo.”
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