Cuando El Secretario General De Instituciones Penitenciarias Despertó, La Hepatitis C Todavía Estaba Allí

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El tantas veces citado cuento El dinosaurio de Augusto Monterroso –”Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”– nos sirve hoy para recordar que la hepatitis C sigue siendo un grave problema en las cárceles españolas y que es urgente que todas las personas que sufren esta dolencia puedan acceder a los medicamentos de acción directa que los pueden curar y a los que ahora mismo, en muchos casos, no están teniendo acceso.

El pasado 6 de octubre, la APDHA denunciaba que la partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado para la sanidad penitenciaria solo permitiría que un 5% de las personas afectadas por la hepatitis C accedieran a los nuevos tratamientos. No sólo lo denunciamos aquí. El 2 de junio de 2015 hicimos una ampliación a la queja sobre salud penitenciaria que teníamos ya abierta, desde diciembre de 2014, en el Defensor del Pueblo Español, denunciando las dificultades que tenían las personas presas para acceder a los nuevos medicamentos de acción directa para la Hepatitis C.

En el Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud se considera como prioritario promover el diagnóstico precoz en poblaciones prioritarias, entre las que recoge las personas internas en cárceles y, sin embargo, nos encontramos con que estas personas han de acudir al Juzgado para acceder a ese tratamiento. La última sentencia de la que tenemos noticia es de la Audiencia Provincial de Ourense en Abril de  2016. No es nada nuevo. Hay sentencias parecidas con fallos similares desde 2013. Y no piensen que con esa sentencia el camino se acaba.  No basta con ese fallo a favor. Es necesario que la sentencia sea firme. José Manuel Arroyo Cobo –subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria– ha afirmado que Instituciones Penitenciarias no pagará hasta que las sentencias sean firmes.

Instituciones Penitenciarias lleva años intentando evitar tener que hacerse cargo de los tratamientos contra la Hepatitis C de las personas presas, pretendiendo hacer responsable a las Comunidades Autónomas, utilizando argumentos falsos. Hay varias sentencias judiciales que explican claramente que estos medicamentos pueden ser administrados de manera ambulatoria en el propio centro penitenciario y su pago corresponde por tanto al Ministerio del Interior y no a las Comunidades Autónomas. En el informe que la APDHA presentó junto al Defensor del Pueblo Andaluz en marzo de 2014 –Restricciones en el acceso a los tratamientos de la Hepatitis C– ya se demostró que esto era falso, varias sentencias judiciales así lo han dicho también y, sin embargo, desde Instituciones Penitenciarias ese argumento se sigue utilizando.

Conflicto de competencias

Consideramos que el hecho de que los Tribunales Superiores de Justicia estén fallando en contra del Ministerio del Interior en su intento de que sean las Comunidades Autónomas las que se hagan cargo de los gastos, es una prueba del conflicto de competencias abierto entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, que nadie parece tener interés en solventar y cuyos daños colaterales son las personas presas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ejemplo, ratificó el 4 de febrero del 2015 que es Instituciones Penitenciarias quien debe hacerse cargo de los tratamientos. Dar las competencias a las comunidades autónomas solventaría este problema y evitaría que las personas presas tengan que sortear todas estas dificultades para poder acceder a los medicamentos que precisan.

Cuando José Manuel Arroyo Cobo despierte, la tasa del 20% de población presa que sufre hepatitis C seguirá ahí; los médicos de instituciones penitenciarias que llevan mucho tiempo, desde distintos canales, denunciando que se están limitando las posibilidades de prescripción de medicamentos en el ámbito carcelario seguirán ahí; las distintas plataformas que luchan por el acceso de todas las personas a los nuevos medicamentos de acción directa seguirán ahí y  las organizaciones de defensa de derechos humanos que llevan años denunciando esta situación, también seguiremos ahí.

La ayuda de la oficina del Defensor del Pueblo –denunciando esta situación en su Informe Anual, por ejemplo– sería fundamental para que el Secretario General de Instituciones Penitenciarias despertara lo antes posible y los medicamentos lleguen a las personas presas que llevan tanto tiempo esperándolos. Porque de no ser así, tal vez cuando despierte, si han fallecido personas en prisión por esta dejación –como parece que así ha sucedido– la responsabilidad sería suya. Que no lo olvide el Sr. Arroyo que la Fiscalía está imputando a cargos de la Consejería de Salud de Galicia, por no haber garantizado la salud y la vida.

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