Salhaketa-Araba convoca una concentración en Gasteiz, el martes próximo, 12 de enero, con intención de «visibilizar» lo que está pasando en la cárcel de Zaballa, donde han muerto seis personas presas durante 2020, la última el 25 de diciembre, aunque la dirección de la cárcel lo ha estado ocultando, al parecer, durante diez días hasta el 5 de enero, cuando lo ha hecho público, sin aportar otro dato sobre cómo ocurrió que el de que se trataba de de un hombre de 50 años. En vísperas de la trasferencia de las competencias sobre las prisiones al gobierno vasco, anunciada para marzo por los falsimedios hegemónicos, la ONG denuncia en un comunicado este oscurantismo y el hecho de que «este es el último preso de la macabra lista de muertos por falta de atención médica, negligencias, hiper medicalización y demás atrocidades dentro de la macro-cárcel de Zaballa», reclamando la «aclaración sobre las circunstancias por parte de la propia cárcel e Instituciones Penitenciarias» y señalando que hay que tener en cuenta «que la pandemia ha dificultado mucho la comunicación dentro-fuera y es más difícil hacer públicos los abusos», que es evidente «que la crisis sanitaria ha empeorado bastante la vida de las personas presas y sus derechos mínimos se han visto suspendidos sin ningún tipo de información, ni mucho menos criterios compartidos con los propios presos» y que los presos llevan ya muchos meses «totalmente aislados de lo que pasa fuera» sin apenas contacto con sus familiares y su entorno de apoyo. También se refiere el comunicado a la «terrible situación en la que se encuentran las familias que son las que están organizándose ante esta cruel incomunicación y pidiendo sus derechos básicos para tener un mínimo de contacto con lxs de dentro ya que las muertes solo afirman, una vez más, las consecuencias de esta total desconexión».
A través de las habitualmente distorsionadas noticias de la prensa servil, casi siempre basadas en fuentes del corporativismo carcelero, hemos sabido últimamente de la muerte de un hombre de 72 años en la cárcel de Soto del Real, el 19 de diciembre, de otro de 51 supuestamente suicidado en la cárcel de Alhaurín de la Torre el 30 de diciembre, de uno más que «apareció» ahorcado, en la cárcel de Ibiza, el 31, de dos que murieron por supuesta sobredosis en la cárcel de Campos del Río, el 3 de enero, de otra persona presa muerta en un hospital de Tarragona, trasladada desde la cárcel de Mas d’Enric, supuestamente enferma de COVID 19, y de otra más, José Domínguez Pacheco, de 45 años, fallecido en la cárcel de Villabona (Asturias), la madrugada del 7 de enero, por causas aún sin determinar. Tampoco cesan la negativa de las administraciones carcelera y judicial a excarcelar a los grupos de riesgo, ancianos y enfermos graves, el abandono médico-sanitario, el suministro incontrolado de barbitúricos a los presos, el encarcelamiento de enfermos mentales, los malos tratos y torturas, legalizadas e ilegales, el régimen especial de castigo y todas esas cosas que matan a la gente presa con mayor o menor rapidez. La cárcel sigue matando en todas partes, entre el cínico oscurantismo de los responsables y su hipócrita indiferencia, compartida por la mayor parte de la sociedad, porque esa es la verdadera función de la máquina punitiva: condicionar abrumadoramente, debilitar, machacar, destruir más o menos lentamente a un sector de la población, haciéndole servir como chivo expiatorio de la servidumbre voluntario del resto.
