Categoría: Cárceles racistas

Cárceles racistas

Todas las personas que son juzgadas y luego condenadas en un proceso penal son chivos expiatorios. Chivos expiatorios de un sistema incapaz de mirarse a sí mismo para realmente solucionar los problemas sociales y económicos que dan lugar a la delincuencia. A toda: desde los delitos contra la propiedad, delitos contra las mujeres, el tráfico de drogas, el medio-ambiente y también los llamados delitos económicos o de cuello blanco a los que nos queremos referir ahora.

De este modo el sistema de justicia penal utiliza el castigo a las personas como forma de hacer público aquello que está bien y aquello que no lo está −presentándose como una ciencia y con normas las cuales pretende que sean tenidas como naturales o dogmas de fé− queriendo ser a la vez ejemplarizante, elemento de cohesión social entre los no-delincuentes y un método de reinserción. Es así como las personas al ser condenadas se convierten en chivos expiatorios de un sistema de vida de toda la humanidad.

Debe ir por delante, aunque tal vez sobre decirlo –porque es del todo conocido–, que históricamente los delitos recogidos en el Código penal han sido delitos que en buena medida tenían en el ojo de mira personas con un claro perfil de pobreza: delitos contra la propiedad y tráfico de drogas fundamentalmente, y todavía a día de hoy son los delitos por los que más personas están en prisión.

Cárceles racistas Política criminal

El pasado domingo 28 de diciembre las personas encerradas en el CIE de Aluche (Madrid) comenzaron una huelga de hambre que se terminó el lunes por la mañana tras la intervención del director del CIE.

Las personas internadas reclaman que se aceleren los procesos a través de los que pueden acceder a la asistencia jurídica, habitualmente dificultada, cuando no impedida, y exigen su liberación. Consideran que el internamiento es un castigo desproporcionado, duro y excesivamente largo. Protestan contra la indiferencia de los agentes de policía ante las peleas, contra los malos tratos físicos y psicológicos a los que se ven sometidos y por la falta de respuesta por parte de la dirección del Centro a sus solicitudes sobre necesidades básicas y derechos fundamentales.

Estas últimas semanas se ha vivido en el CIE una creciente tensión debido al hacinamiento, falta de acceso a la información y a la asistencia jurídica efectiva. Además el sábado 27 de Diciembre a las 18 horas se celebró una marcha al CIE de Aluche, en la que se exigía el cierre de estos centros que avergüenzan a un Estado que se hace llamar de Derecho. El apoyo que percibieron las personas internas desde el exterior del CIE les animó a poner en marcha formas de resistencia más organizadas y así algunos de ellos decidieron empezar la huelga de hambre. Durante el fin de semana el CIE ha contado con la intervención de policía antidisturbios para reprimir estas acciones y, según los testimonios recabados, se habrían producido malos tratos físicos hacia los internos.

Como ya venimos denunciando desde hace años, los CIE son lugares fuera de toda legitimidad donde se priva de libertad a las personas por una falta administrativa y donde, entre otros aspectos, no existe acceso a una defensa legal efectiva. A esto además hay que sumarle la falta de acceso a información y las dificultades de comunicación con el exterior que encuentran los internos. Esto genera una fuerte incomprensión de la situación jurídica de las personas encerradas además de angustia, frustración e indefensión. La deficiente y lamentable atención médica, la percepción de la injusticia que supone la privación de libertad por no disponer de documentación en regla y el aislamiento de sus seres queridos vuelve la situación de estas personas insostenible en estas fechas.

Como consecuencia de la huelga el director del CIE se comunicó con los internos prometiéndoles agilizar los procesos con el objetivo de que se pusiese fin a la huelga de hambre. Es responsabilidad del Centro garantizar los derechos de las personas internadas por lo que esta respuesta no debería ser un gesto excepcional que solo llegue tras situaciones extremas como esta. Las demandas de las personas internas llegan al director a través de un buzón de solicitudes, este proceso resulta lento, arbitrario e inefectivo y no hace más que aumentar la incertidumbre.

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Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa.

Cada año, el Estado español fleta más de cien vuelos de deportación para la expulsión de miles de personas migrantes. Las compañías aéreas Air Europa y Swift Air han firmado con el Ministerio del Interior un contrato de 24 millones de euros para la realización de los vuelos de deportación entre los años 2013 y 2015. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y otros colectivos contra las fronteras hacemos un llamamiento al boicot a estas dos compañías aéreas y a todo el grupo empresarial Globalia, al que pertenece Air Europa.

Nos negamos a naturalizar los vuelos de deportación, nos negamos a que formen parte de nuestra normalidad. La lucha por evitar que dispositivos represivos tan atroces se conviertan en normales va mucho más allá de la política de extranjería. Frente a un universo de relaciones económicas, sociales y políticas que permite encontrarle un lugar –aunque oscuro y tenebroso– a los Centros de Internamiento y a los vuelos de deportación; frente a una realidad sociopolítica en la que se han hecho posibles, a la luz del día, las redadas racistas y las alambradas, debemos construir las condiciones para que cada uno de estos actos –y con cada uno de ellos el conjunto de la política migratoria– sean, directamente, inimaginables.

 

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La tensión en Melilla era palpable aquella mañana, muchos habían pasado horas en la valla desde temprano. Los guardias civiles, los periodistas, los fotógrafos… y por supuesto los muchos cameruneses que decidieron que aquel 15 de octubre iba a ser su día y se negaban a bajar, encaramados a la valla. Unos pocos habían cruzado los primeros y ya estaban en el CETI. Al menos cuatro permanecían escondidos y no aparecieron hasta la noche, probablemente aterrados ante la posibilidad de que después de sortear todo ese horror la policía los encontrara y los expulsara de nuevo.

El ministro del Interior comunicaba esa misma mañana que se había producido un salto en la valla de Melilla y que había sido “especialmente violento”. Acusaban a los migrantes de asaltar la valla atacando a los militares auxiliares marroquíes que la custodiaban, tirando piedras a los Guardias Civiles, portando armas blancas e incluso atacando con ropas ardiendo impregnadas de gasolina.

Por supuesto, no han aportado pruebas de eso más que unos garfios que los migrantes han usado para poder escalar la “malla antitrepa”, lo que ya ha sido suficiente para dejar comentarios en la red que acusaban a las mafias de estar detrás de ellos y de proporcionarles armas. “Armas” construidas con un gancho de hierro oxidado y un palo. Pero ya sabemos que el Ministerio o la policía no tienen que aportar más pruebas. Lo que dicen va a misa y punto.

Por si fuera poco, la prensa local como El Faro de Melilla (que vive de las subvenciones de la Ciudad Autónoma, controlada por el PP) amanecía al día siguiente con una portada en la que acusaba a los migrantes de extrema violencia, de portar el ébola y de tratar de propagarlo a los agentes mediante ‘escupitajos’, sin ninguna prueba. Luego, en el interior el artículo, ya explicaba que lo de los “escupitajos con ébola” eran amenazas de los subsaharianos, y victimizaba a la Guardia Civil en diversos textos, en los que denunciaba su desprotección ante la violencia, repitiendo varias veces que cinco agentes habían sido heridos y declaraciones de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Durante la última década la policía española y los militares marroquíes han actuado con la máxima contundencia contra los subsaharianos que intentaban cruzar la valla.

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Coger el autobús 109 en Plaza Espanya sin saber muy bien dónde uno se tiene que parar. Preguntar al conductor por el CIE y que conteste que no sabe muy bien dónde está. Bajarte en medio de un polígono industrial inhóspito y caminar hasta la reja del CIE sin perderte si tienes suerte. Tocar el timbre, esperar a que te abran. Se mueve la reja, entras y un policía te indica que te has de sentar en un cubículo junto con otras personas para poder visitar. Pides turno y esperas. Y sientes la misma sensación de injusticia que uno tiene al ir a visitar a una prisión. Se generan miradas cómplices. Y, mientras esperas tu turno, comienzas a conversar con familiares y amigos de las personas que están dentro, con ganas de saber cómo se vive dentro del CIE. Te presentas como miembro de una organización de defensa de los derechos humanos y, tras las primeras reticencias, comienzan a explicarte en los momentos en que no hay agentes en la sala. Trayectorias cargadas de racismo e injusticia que desembocaron en el CIE. Y palabras que evocan la desesperación que supone la amenaza de una deportación forzosa. También gestos y discursos que muestran la enorme resistencia puesta en marcha.

Actividad en la calle Cárceles racistas Debate sobre objetivos y medios de lucha

Una  traducción  literal  de  la  expresión  latina  Mos  Maiorum  podría  ser  “las  costumbres  de  nuestros  mayores”.  Si  nos  detenemos  a  pensar  cuáles  son  esas  “costumbres”  que  “nuestros  mayores”  nos  dejaron,  en  este  país  que  ha  vivido  históricamente  tanto  la  realidad  de  los  que  llegaron  a  nuestra  tierra  como  la  de  los  que  se  tuvieron  que  ir,  nos  vienen  a  la  mente  valores  como  acogida,  hospitalidad,  actitud  de  servicio  y disponibilidad  para  el  que  llegaba  hasta  la  puerta  de  nuestra  casa  con  una  necesidad.

Mos   Maiorum,   irónicamente,   es   también   el   nombre   que   el   Consejo  Europeo  ha  decidido  darle  a  su  nuevo  operativo  continental  de  captura  de  personas   migrantes.   El   supuesto   objetivo,   expresado   en   el   documento  oficial  compartido  por  los  medios,  es  “recopilar  información  relevante  con  el  fin  de  investigar  y  desarticular  grupos  de  crimen  organizado”.  A  lo  largo  de  la  semana,  España  ha  confirmado  su  participación  en  el  operativo  sin  dar   más   información   ni   señalar   los   procedimientos   que   seguirá   este  operativo  policial  en  nuestro  país.

Huyendo   de   la   traducción   literal,   Mos   Maiorum   era   entendido   en   la  antigua   Roma   como   el   conjunto   de   leyes   que   una   persona   debía   de  observar  dentro  de  la  sociedad  romana.  Desde  ese  mismo  respeto  a  la  ley,  y   con   la   precaución   y   las   sospechas   que   el   precedente   que   otras  operaciones   similares   como   Perkunas   (2013),   Aphrodite   (2012),   Balder  (2012)  o  Demeter  (2011)  han  dejado,  las  asociaciones  y  colectivos  abajo  firmantes  EXIGIMOS    al  Ministerio  del  Interior:

  • El   absoluto   respeto   a   los   derechos   fundamentales   de   todos   los  ciudadanos,   y   muy   especialmente   de   las   personas   migrantes,   con  independencia   de   su   situación   administrativa,   garantizando   su  seguridad   jurídica   y   personal,   que   no   van   a   ser   sometidos   a  identificaciones   ni   detenciones   arbitrarias   y   que   bajo   ningún concepto  se  van  a  aplicar  criterios  de  perfil  racial  o  étnico.
  • La  mayor  transparencia  en  la  gestión  del  operativo  que  por  su  grave  afectación   de   derechos   fundamentales   tiene   que   ser   objeto   de  control  judicial  y  escrutinio  público  como  garantía  democrática  de  que  las  operaciones  de  seguridad  se  realizan  sin  menoscabo  de  la  libertad  de  los  ciudadanos.

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Dentro de la campaña de las organizaciones Migreurop y Alternativas Europeénnes Open Access Now,  SOS Racismo Cataluña, la fundación Migra Studium y Médicos del Mundo, acompañados del eurodiputado de ICV-EuiA Ernest Urtasun, han hecho una visita –no por sorpresa– al Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Barcelona situado en la Zona franca.

Durante la visita se ha podido constatar, según han explicado a la salida las personas que  han accedido, que una de las principales carencias que sufren las personas presas es la falta de una buena atención sanitaria. Ana Vall-llossera, médico y miembro de la fundación Migra Studium ha asegurado que “por las noches no hay ninguna asistencia sanitaria” lo que, según ha explicado, deja a criterio de la policía la derivación del caso médico a un servicio externo. Josefina Díaz, presidenta de Médicos del Mundo, y una de las personas que ha entrado al CIE, ha calificado el equipamiento médico de “pequeña enfermería” y ha recalcado que no hay ninguna cama si alguien se encuentra convaleciente, como tampoco radiología ni analítica. Vall-llossera ha denunciado que la dotación de recursos médicos es “demasiado limitada” por el número de internos, que pueden oscilar, según las mismas autoridades del CIE, entre 80 y 180. En el momento de la visita, al centro  había 87 internos, todos hombres, de veintisiete nacionalidades.

A pesar de haberlo solicitado, a las periodistas no se les ha permitido el acceso en el centro.

Por su parte Migreurop –una red euroafricana con el objetivo de dar a conocer la situación y las condiciones de encierro de las personas extranjeras en situación irregular– denuncia que entre el 13 y el 26 de octubre, se desarrollará una operación masiva de control de la población para identificar personas migrantes en situación irregular. La operación –que será llevada a cabo en varios estados de la UE– será coordinada por Italia con el apoyo de Frontex y la participación de Europol. El estado español ya ha confirmado su participación.

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Desde la plataforma CIEsNO han denunciado represalias a los inmigrantes recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores, en Valencia. En este sentido, explican que el pasado jueves 18 de septiembre, Mohamed Ali, uno de los internos agredidos hizo una llamada de auxilio desde el centro y tras contactar con una activista de la campaña por el cierre de los CIEs les pidió ayuda.

El inmigrante argelino aseguró que la policía “le ha pegado a doce personas, queremos denunciar”, ya que aseguraba que había gente que “tiene que ir al hospital, están muy mal”, explicó angustiado Ali, quien según la plataforma CIEsNo especificó que varios de ellos tenían puntos de sutura en la cabeza como consecuencia de las agresiones policiales.

El pasado lunes, Ali, junto a otro interno que aseguró ser testigo y que actuó de intérprete, “por fin pudo relatar los hechos en persona ante un activista de la campaña”.

“Nos pegaban a todos”

Según el relato del interno argelino, el pasado miércoles 17 todo empezó cuando se encontraba hablando por teléfono con su familia en el pasillo de Zapadores, “en una confusión de gritos y golpes a Ali le sorprendió un porrazo en la cabeza y otro en la muñeca con la que sostenía el teléfono”. Posteriormente, asegura, se enteró que un grupo de internos había intentado salir por la puerta.

Así, insisten en que tres policías –dos hombres y una mujer– “empezaron a pegar con las porras a casi todos lo que estaban en el pasillo”, unos agresores de los que “ninguno llevaba placa identificativa”.

Más tarde, prosigue Ali, con el refuerzo de los antidisturbios dentro del CIE, “la policía separó a los internos que supuestamente habían buscado su libertad del resto, y el mismo agente que le agredió en dos ocasiones –la segunda vez en su primer intento por llamar para denunciar– se encargó de darle una paliza a cada uno de estos internos dentro de las celdas mientras los antidisturbios vigilaban”.

El interno argelino asegura haber contado hasta once víctimas de las agresiones, “todos con cortes en la cabeza y las marcas de las porras en la espalda”.

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Las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de la lavandería muestran cómo dos policías de paisano maniatan con cinta americana a un colombiano antes de que uno de ellos lo arroje contra la pared. Acto seguido, este policía agarra al inmigrante por el cuello, dificultándole la respiración, mientras su compañero trata de contenerle.

Las imágenes del vídeo corresponden al 2 de mayo de 2011 y habían quedado olvidadas en un cajón del juzgado, debido al archivo de la causa. Durante el proceso, de hecho, no se dio importancia al vídeo como prueba de las denuncias que había realizado el joven y el juez no llamó a declarar a testigos clave como pasajeros y azafatas del primer avión en el que se le trató de expulsar. De hecho, en las primeras vistas se da por supuesta una declaración del piloto que, a posteriori, se descubrió que no se había realizado. Durante el proceso judicial, los agentes negaron todas las agresiones descritas por el colombiano.

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